El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento preceptivo del Instituto
Nacional de Vitivinicultura y de la Junta Nacional de la Granja, regulará
todo lo atinente a las formas y condiciones de producción, elaboración,
rendimientos, envasado, etiquetado, circulación, destilación,
comercialización, importación y exportación de la sidra. (*)