Decláranse de interés público las acciones tendientes a proteger,
promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política
orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del
cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención,
sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo
así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los
usuarios problemáticos de drogas.