Todo funcionario cuya destitución se haya declarado violatoria de las
reglas de derecho, conforme al régimen de la ley N° 10.650, de 14 de setiembre de 1945, puede reclamar, a los efectos de su pasividad, el reconocimiento total o parcial del tiempo transcurrido desde su cesantía hasta la fecha de promulgación de la citada ley o hasta su reingreso a una actividad comprendida en leyes jubilatorias si el reingreso hubiera ocurrido antes de aquella fecha.
Igual beneficio puede reclamar cualquiera de los funcionarios referidos
en el artículo 15 de la ley N° 10.650, respecto del tiempo comprendido entre su cesantía y la terminación legal del período para que fue electo o
designado.
El pedido de reconocimiento sólo podrá entablarse dentro de los noventa
días de la declaración del Tribunal Extraordinario, plazo que se contará desde el día de la promulgación de la presente ley cuando la declaración ya se haya producido y en el caso del inciso precedente. (*)
Para fijar las aportaciones y las asignaciones jubilatorias que
correspondan, se computará el mismo sueldo que percibía el funcionario al ser destituído, con los aumentos presupuestales que la dotación del cargo haya tenido durante el tiempo que comprenda el reconocimiento.
El Poder Ejecutivo reintegrará a la Caja de Jubilaciones correspondiente, al contado, el importe de las aportaciones legales (montepío personal, contribución patronal e intereses de ambos) derivadas de cada reconocimiento, tomando las sumas necesarias de la partida que establece el artículo 9° de la ley N° 10.650.
Las reformas de cédulas que los actuales jubilados y pensionistas
obtengan al amparo de esta ley, no generarán haberes con anterioridad a la fecha del decreto de promulgación de la misma.