La presente ley ampara a los funcionarios públicos y a sus causahabientes atribuyéndoles los diversos beneficios que en ella se indican.
Se acuerda ese amparo a los empleados no comprendidos en las leyes de
jubilaciones, retiros y pensiones que organizan Cajas especiales o que
establezcan que su pago se hará con cargo a Rentas Generales. (*)