Decreto 45/993
Dispónese que las haciendas bovinas con destino a establecimientos agropecuarios, ubicados en zonas saneadas deberán ser inspeccionadas por el Servicio Veterinario Oficial.
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Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Montevideo, 25 de enero de 1993
Visto: el estado de la campaña de lucha contra la garrapata.
Resultando: I) desde el año 1956 las fiscalizaciones de tránsito hacia
zonas saneadas o en saneamiento, se ha hecho en función Puestos
Sanitarios de Paso;
II) esos controles no han permitido obtener los resultados para los
que han sido establecidos.
Considerando: I) imprescindible establecer mecanismos de inspección
que efectivamente protejan las áreas declaradas libres o en lucha activa,
minimizando a su vez, los riesgos provocados por el tránsito;
II) que tanto la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal, así como
las Comisiones Departamentales de Salud Animal del área endémica, y el
sector productivo consultado oportunamente, apoyan las nuevas acciones
proyectadas.
Atento: a lo preceptuado en la ley Nº 3.606, de 13 de abril de 1910,
ley Nº 12.293, de 3 de julio de 1956, modificativas y concordantes y los
decretos de 2 de julio de 1956 y Nº 286/979, de 23 de mayo de 1979,
El Presidente de la República
DECRETA:
Las haciendas bovinas con destino a establecimientos agropecuarios ubicados en zona saneada o en saneamiento, deberán ser inspeccionadas y tratadas por el método que determine el Servicio Veterinario Oficial correspondiente en origen, quedando exceptuadas del baño precaucional previsto en el Art. 11 de la ley Nº 12.293, de 3 de julio de 1956.
El Servicio Veterinario Oficial efectuará la inspección o aceptará la actuación de médico veterinario privado, propuesto por el propietario o
responsable de las haciendas, con la sola condición de estar inscripto en el Registro de la Dirección de Sanidad Animal. Dicho médico veterinario emitirá una certificación del procedimiento realizado.
La solicitud, en todos los casos, se cursará por el propietario, tenedor o encargado de los animales, con un plazo no menor a 24 horas y dentro de las 72 horas previstas para su movilización.