Visto: el artículo 4º del decreto ley 15.322 de 17 de setiembre de 1982,
que regula las empresas de intermediación financiera externa y el decreto
reglamentario de 16 de agosto de 1989, en lo que hace referencia a la
titularidad jurídica de dichas entidades.
Resultando: que la citada disposición reglamentaria preceptúa, tratándose
de sociedades constituidas en el país, que los accionistas de las que se
incluyen en aquella clase de instituciones financieras, deberán ser a su
vez bancos.
Considerando: que por distintas circunstancias que atañen a aspectos
institucionales de país potencialmente suministradores del capital a
invertirse en tales empresas, es conveniente flexibilizar los requisitos
referentes a aquella titularidad, de modo de permitir el acceso a ellas a
personas físicas propietarias de bancos. Lo que es susceptible de
cumplirse, sin desmedro de la intención original del poder reglamentador
al exigir que los tenedores de acciones nominativas fueran bancos; siempre
que, por su solvencia, prestigio y experiencia en el ámbito financiero
internacional aquéllas fueran capaces de aportar la clase de contribución
que la norma original proyectaba para promover la eficacia del sistema.
Atento: a lo informado por el Banco Central del Uruguay,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
(*)
(*)Notas:
Este artículo dio nueva redacción a: Decreto Nº 381/989 de 16/08/1989
artículos 4 y 5.