Visto: el anteproyecto de decreto elevado por la Dirección Forestal,
Parques y Fauna y la Dirección de Contralor Lega, para regular, durante el
año en curso, al caza de las especies zoológicas indígenas.
Resultando: I) El referido proyecto ha sido estructurado por las dos
dependencias citadas del Ministerio de Agricultura y Pesca y se basa en el
principio general de la prohibición de la caza de las especies zoológicas,
por entenderse que la caza abusiva causa sensible deterioro a la fauna,
con riesgo para el equilibrio biológico necesario para la estabilidad
ecológica del país en el reino animal y sus relaciones con el mundo
vegetal;
II) Como excepción a dicho principio se autoriza la libre caza de
determinadas especies que se mencionan y se prevé la posibilidad de
autorizar la caza de otras especies, cuando por alguna alteración del
equilibrio biológico, en un lugar determinado se produce un aumento
considerable del número de individuos de dicha especie, en perjuicio de
cultivos, haciendas o mejoras existentes;
III) Con respecto a la perdiz chica y la grande o martineta, se cambia el
criterio mantenido en años anteriores. Se permite la caza de la primera en
todo el territorio, salvo en los departamentos de Montevideo y Canelones.
En cuanto a la segunda, se autoriza su caza en la zona del litoral del
país, pero limitándola a 2 (dos) piezas por cazador, en todo el período
autorizado. El cambio que esto implica con relación a la regulación que se
hiciere anteriormente se fundamenta en que las condiciones favorables del
medio han permitido en los últimos años un aumento considerable del número
de individuos de tales especies;
IV) La caza de patos silvestres solamente se permite en las zonas
arroceras, a causa del daño que ocasiona dicha especie en los cultivos
mencionados. En lo que se refiere a los ñandúes, ante la reducción
acentuada de su población, se estima necesario prohibir su desplume.
Considerando: conveniente adoptar las medidas aconsejadas, por cuanto
ellas están orientadas a la conservación de la fauna, al mejoramiento de
sus condiciones y a la promoción de su desarrollo, tanto del punto de
vista biológico como económico.
Atento: a lo dispuesto por la ley 9.481, de 4 de julio de 1935 y el
Capítulo IX de la Sección I del Código Rural; el artículo 142º de la ley
13.640, de 26 de diciembre de 1967; artículo 92º de la ley 13.737, de 9 de
enero de 1969; artículo 145º de la ley 13.835, de 7 de enero de 1970; a
las normas previstas por el decreto de 28 de febrero de 1947 reglamentario
de la ley 9.481; decreto 431/970 de 10 de setiembre de 1970,
El Presidente de la República
DECRETA:
Mantiénese en vigor, hasta nueva resolución, la prohibición de la caza y
de la comercialización de todas las especies zoológicas indígenas
existentes en todo el territorio nacional y la destrucción de sus crías,
nidos o refugios, con las excepciones que se indican en cada caso en el
presente decreto.
Permítese la caza libre de las especies zoológicas que a continuación se
mencionan:
a) Aves: cotorras, palomas, torcazas, torcacitas, mistos y gorriones;
b) Mamíferos: liebres, apereás;
c) Reptiles: cruceras, coral, cascabel y yarará.
Prohíbese la caza en parques, plazas, caminos públicos, ejidos de las
ciudades, pueblos y núcleos poblados; solamente podrá ejecutarse en
propiedad privada, previa autorización del dueño del campo, del
arrendatario u ocupante legal del mismo.
Autorízase, desde el 15 de mayo al 15 de agosto del año en curso
inclusive, la caza deportiva de la perdiz chica, en todo el país, con
excepción de los departamentos de Montevideo y Canelones.
Autorízase, desde el 15 de mayo al 15 de agosto del año en curso,
inclusive, la caza deportiva de la perdiz grande o martineta, en los
departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano.
Prohíbese la comercialización, industrialización y exportación -en
cualquiera de sus formas- de la perdiz chica y de la grande o martineta.
Igualmente, prohíbese el transporte de las mismas, excepto en los casos en
que aquéllas sean conducidas por el mismo cazador, provisto de la
autorización a que se refiere el artículo 8º.
La caza y el transporte de la perdiz chica queda limitada a un máximo de
20 (veinte) piezas por cazador y por día. La de perdiz grande o martineta,
a un máximo de 2 (dos) piezas por cazador, en todo el período autorizado.
Los permisos de caza deberán gestionarse en las respectivas Intendencias
Municipales. Dichos permisos se ajustarán a las siguientes condiciones:
a) Serán otorgados previa exhibición de documento que acredite la
identidad del solicitante;
b) Serán personales e intransferibles;
c) Tendrán validez solamente por el término de 30 (treinta) días; y
d) Constará la individualización de marca y número de las armas a
utilizarse.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Intendencia Municipal
de Montevideo podrá expedir autorizaciones de caza, para cualquiera de los
demás departamentos de la República, girando a las respectivas
Intendencias, en su momento, lo recaudado por tal concepto. (*)
Prohíbese la caza de patos silvestres en todo el territorio de la
República, con excepción de los existentes en las zonas arroceras de los
departamentos de Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo y Tacuarembó.
Los interesados en esta especie deberán munirse de los permisos de caza
correspondientes, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
8º, ante las autoridades en él establecidas.
No obstante lo dispuesto por el presente decreto, la Dirección Forestal,
Parques y Fauna y la Dirección de Contralor Legal del Ministerio de
Agricultura y Pesca podrán autorizar a los propietarios o explotantes de
un predio la caza de especies determinadas, en aquellos casos en que, a
causa de alguna alteración en el equilibrio biológico del lugar, se
compruebe un aumento considerable del número de individuos de dichas
especies, en perjuicio de cultivos, haciendas o mejoras existentes en el
establecimiento respectivo.
Los interesados deberán presentarse ante la mencionada Dirección, a los
efectos de la solicitud del permiso correspondiente, proporcionando toda
la información necesaria de acuerdo al párrafo anterior. En los casos en
que resulte justificada dicha solicitud, el permiso respectivo se otorgará
por un plazo máximo de 1 (un) año, especificándose las condiciones y
limitaciones que en cada caso se determinen.
Los infractores a las normas establecidas en el presente decreto serán
sancionados con multas de $ 18.000 (dieciocho mil pesos) a $ 90.000
(noventa mil pesos) y con el decomiso de aves, mamíferos, cueros y plumas
hallados en infracción, de las armas e implementos de caza utilizados,
como asimismo el comiso de vehículos, utensilios, animales o instrumentos
empleados para la conducción o transporte de aquéllos; todo ello, sin
perjuicio de las demás responsabilidades previstas para las infracciones
aduaneras, en lo que a contrabando se refiere.
Cométese a las autoridades policiales y a la de enlace y coordinación
entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Agricultura y
Pesca y a los funcionarios inspectivos de la Dirección Forestal, Parques y
Fauna y Dirección de Contralor Legal, la vigilancia, incluso en hoteles,
restaurantes, etc., del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente decreto.
A los fines del presente decreto, las denuncias deberán ser formuladas
ante las siguientes autoridades, indistintamente:
a) La Dirección de Contralor Legal;
b) La Dirección Forestal, Parques y Fauna; o
c) Las autoridades policiales.
Cuando intervengan las autoridades indicadas bajo los incisos b) y c), se
dará curso oportunamente de las actuaciones cumplidas a la Dirección de
Contralor Legal, a los efectos de la prosecución del trámite
correspondiente.
La caza fresca y la preparada con fines comerciales, legalmente
decomisadas, se entregará de inmediato, para consumo de los hospitales
públicos o comedores escolares dependientes del Consejo Nacional de
Enseñanza Primaria y Normal.