MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y PREVISION SOCIAL
Ley
Se acuerda plazo para la afiliación, se facilitan los trámites y pago
de aportes patronales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los
Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez.
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Acuérdase una franquicia de ciento ochenta días a partir del día 1º
del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley, para la
afiliación de las personas comprendidas en la ley Nº 11.617, de 20 de
octubre de 1950.
Vencido el plazo establecido en este artículo, se aplicarán las
disposiciones contenidas en los artículos 17 y 24 de la ley citada,
sobre recargos y multas.
Los ya afiliados y los que se afilien dentro del plazo establecido
en el artículo anterior, podrán pagar los aportes patronales y obreros
que adeuden hasta el 30 de abril de 1954, en la siguiente forma:
A) Los patronos podrán pagar los aportes que les corresponda como
tales y como afiliados, por su propia afiliación, en forma de
reintegros, sin recargos, al percibir su jubilación; y en caso de
fallecimiento o de ausencia judicialmente declarada, los titulares
de la pensión respectiva, en oportunidad de percibirla; y
B) Los obreros podrán abonar su montepío del mismo modo previsto en
el apartado anterior.
El pago de las contribuciones que adeuden los patronos, equivalentes
al montepío de los obreros, que se hubieran devengado a partir del 1º
de noviembre de 1950, podrá ser exigido judicialmente por la Caja, en
cualquier momento, previa intimación administrativa. Si el deudor
radicara en el interior de la República, la Caja podrá -a su elección-
actuar por intermedio de sus apoderados, o elevar los antecedentes a
los Fiscales Letrados Departamentales para proseguir los procedimientos
del caso en su representación.
Si el deudor fuera afiliado al Fondo de Trabajadores Rurales, la Caja
tendrá la facultad de aplicar lo dispuesto precedentemente o disponer la
retención de lo adeudado por el concepto expresado de la jubilación o
pensión que pudiera corresponder al deudor, mediante el régimen de
deducciones que el Directorio establezca.
Los créditos de la Caja quedan equiparados a los efectos de la
gradación de créditos, a la calificación prevista por el inciso 4º del
artículo 2.369 del Código Civil, aplicándose en lo pertinente lo
dispuesto por el artículo 55 de la ley Nº 11.617.
El juicio se seguirá en papel común y no devengará para el Instituto,
gasto y/o tributos.
Los Fiscales Letrados Departamentales percibirán el 5% del monto
reclamado, y efectivamente cobrado con su intervención.
A los efectos de facilitar los trámites de jubilaciones y pensiones,
autorízase a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores
Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, para que por su sección
Gestión de Oficio, se tramiten las solicitudes de obtención de partidas
de estado civil, legalizaciones, traducciones, etcétera, anticipando los
gastos que correspondieren, los que serán retenidos de la primera
liquidación de haberes.
También autorízase a la Caja para proceder en igual forma respecto a
los honorarios de médicos especialistas y a los gastos de
electrocardiogramas, de análisis radiológicos, clínicos y de
laboratorios.
Sustitúyense los artículos 3º apartado G), penúltimo párrafo; 5º,
apartado B); 14 párrafo 1º; 20 párrafo final; 34; 51; 54; 58 párrafo 3º;
60 y 61 párrafo 1º, artículo 29, inciso C, de la ley Nº 11.617, de 20
de octubre de 1950, por los siguientes:
"ARTICULO 3º.- Apartado G) párrafo penúltimo.
El Poder Ejecutivo podrá disponer hasta del 1% (uno por ciento)
del producido de este impuesto, para gastos de recaudación
(impresión de formularios, gastos de oficina, etcétera). Esta
disposición deroga el artículo 79 de la ley Nº 7.819, de 7 de
febrero de 1925.
ARTICULO 5º.- Apartado B).
Hasta el 40% (cuarenta por ciento) restante, en la construcción
de edificios para las oficinas y servicios de la Caja. Dentro
de este porcentaje, el Directorio podrá hacer inversiones en la
construcción de viviendas para arrendar a los afiliados en
pasividad y/o funcionarios del Instituto, en cuyo caso la renta
no podrá sobrepasar el 6% (seis por ciento) del valor de las
mismas.
ARTICULO 14.- Párrafo 1º.
Los afiliados tienen derecho a aumentar su sueldo ficto, en una
categoría del inicial que les corresponda a la categoría en que
se encuentren, cumpliendo cada período tres años de afiliación y
contribución efectivas sobre un mismo sueldo; pero no podrán
optar a un aumento mayor de una categoría, por la circunstancia
de haber permanecido dos o más trienios aportando con relación a
un mismo sueldo ficto, salvo que previamente reintegren al
contado el importe de las diferencias e intereses de éstas.
ARTICULO 20.- Párrafo final.
Los afiliados extranjeros deberán, además, justificar la fecha
de su ingreso al país o probar fehacientemente residencia con
anterioridad a la fecha inicial de los servicios documentados.
ARTICULO 34.- Los derechos al goce de la jubilación o pensión
se suspenden por delitos castigados con pena de penitenciaría o
destierro, desde la fecha del procesamiento hasta que medie
sentencia ejecutoriada, no pudiendo el encausado percibir sus
haberes hasta ese entonces. No obstante, si la sentencia es
condenatoria, se extinguirá el derecho del beneficiario a la
jubilación o pensión durante el lapso que corre entre la fecha
del procesamiento y la extinción total de la pena. Si mediara
sentencia absolutoria o sobreseimiento por falta de acusación
fiscal o amnistía, el titular de los derechos suspendidos
recuperará el goce de los mismos en su totalidad.
Cuando el procesado o condenado goce de los beneficios de
libertad anticipada, suspensión condicional de la pena o
sobreseimiento gracioso, recuperará el beneficio suspendido a
partir de la fecha de la sentencia respectiva.
A los efectos de lo dispuesto en los incisos 1º y 3º de
este artículo, la autoridad judicial correspondiente cursará
a la Caja las comunicaciones pertinentes.
Lo preceptuado en esta disposición es sin perjuicio de la
aplicación, en su caso, de lo señalado por los apartados B) y
D) del artículo 37.
ARTICULO 51.- El jubilado o pensionista está obligado a
formular dentro del plazo que fije el Directorio, la declaración
jurada de sus rentas. En caso de no hacerlo será compelido bajo
apercibimiento, y si a pesar de ello, tampoco la formulara, se
le suspenderá el pago de la pasividad mientras no la presente.
ARTICULO 54.- Los créditos contra la Caja, procedentes de
jubilaciones, pensiones o cualquier otro beneficio caducarán al
año de la fecha en la cual fueron exigibles, siempre que el
interesado hubiera sido notificado en forma (artículo 32, 33,
42 y 45).
ARTICULO 58.- Párrafo 3º.
Transcurrida la mitad de esos plazos de sustanciación
subsiguientes a la prueba bastante de causal y servicios, se
abonará cada mes a los afiliados, anticipos equivalentes al 70%
(setenta por ciento) de sus asignaciones eventuales de pasividad.
ARTICULO 60.- Extiéndese a esta Caja la aplicación de lo
dispuesto en los artículos 94, 95 y 119 a 130, de la ley Nº
9.940, del 2 de julio de 1940.
ARTICULO 61.- Párrafo 1º.
Las Cajas de Jubilaciones y/o Pensiones están obligadas a
recabar de la de Trabajadores Rurales y Domésticos y de
Pensiones a la Vejez, antes de proceder al pago de toda primera
liquidación de haberes de pasividad, un certificado que
establezca si el titular es o no pensionista a la vejez, cuyo
documento deberá ser expedido dentro del término de tres días
del recibo de la solicitud correspondiente.
ARTICULO 29. Inciso C.
Por imposibilidad física para continuar en el desempeño de
sus tareas.
Esa imposibilidad será apreciada por el Directorio, previo el
dictamen de dos médicos que serán designados, uno por la Caja y
otro por el interesado y en caso de discrepancias de un tercero
elegido por el Decano de la Facultad de Medicina. Los
honorarios que devengue el dictamen de este facultativo serán
pagados por ambas partes y la Caja adelantará su importe.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8
de octubre de 1954.
CARLOS B. MORENO, Presidente.- Mario Dufort y Alvarez, Secretario.
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.
Montevideo, 19 de octubre de 1954.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.
Por el Consejo: MARTINEZ TRUEBA.- JUSTINO ZAVALA MUNIZ.- Eduardo Jiménez de Aréchaga, Secretario.