Suspéndese, por noventa días, a partir de la fecha de promulgación de
la presente ley, la ejecución de las providencias que hayan dispuesto o
dispongan el remate de bienes embargados judicialmente, así como las
subastas en ejecuciones hipotecarias, prendarias o créditos
quirografarios. Dicha suspensión tendrá lugar en los casos de ejecuciones
tendientes al cobro de deudas contraídas con el sistema bancario en moneda
nacional o extranjera, por parte de empresas, agropecuarias, industriales
o comerciales, sus codeudores, fiadores y avalistas, con anterioridad al
30 de junio de 1983 y que no fueron canceladas con posterioridad a esa
fecha.
No se consideran cancelaciones todas aquellas novaciones, renovaciones
parciales o totales o refinanciaciones con capitalización o no de
intereses, cualesquiera fueren las normas de su instrumentación. (*)