Visto: la necesidad de proceder a la modificación del decreto del Poder
Ejecutivo 365/965, sobre venta de papel en desuso por parte de las
oficinas dependientes del Poder Ejecutivo, en cuanto al adquirente a
proceder a la molienda del material en todo los casos.
Resultando: I) El decreto mencionado obliga al adquirente a proceder a
la molienda inmediata del material;
II) Dicha obligación genera gastos importantes, lo cual va en detrimento
de la recaudación obtenida;
III) No existente en el país empresas suficientes, ni disponibilidad de
piletas adecuadas para efectuar la molienda del papel en desuso de las
oficinas ubicadas en diversos departamentos del territorio nacional.
Considerando: I) Que habida cuenta de la experiencia en la materia, se
considera que la obligación indicada puede obviarse en la casi generalidad
de los casos, sin menoscabo de la seguridad de la operación;
II) Que el proyecto elaborado por la Inspección General de Hacienda,
contempla los diversos aspectos tendientes a lograr el objetivo propuesto;
III) Que parece asimismo oportuno proceder a la modificación de la
redacción del artículo segundo, en cuanto establece una cantidad rígida
para recabar la cotización de precios cuando fuere menester, sustituyendo
el concepto por la remisión a las disposiciones genéricas en materia de
contrataciones del Estado;
IV) Que por razones de orden técnico-jurídico parece aconsejable reiterar
el texto del decreto indicado, con las modificaciones a introducir por el
presente, derogando aquél expresamente.
Atento: a lo informando por la Inspección General de Hacienda y la
Asesoría Letrada del Ministerio de Economía y Finanzas,
El Presidente de la República
DECRETA:
Autorízase con carácter permanente a las oficinas dependientes del
Poder Ejecutivo, para proceder a la venta de la documentación sin valor,
excedentes fuera de circulación, sobrantes y demás elementos constitutivos
de las impresiones de valores; como así también otros tipos de papel en
desuso, cuya cantidad o volumen, hagan viable su comercialización.
El importe proveniente de la transacción deberá abonarse contra entrega
de la mercadería y la oficina vendedora, previa deducción de los gastos
que hubiere, lo verterá en la cuenta especial del Tesoro Nacional,
denominada "Artículo 7º de la ley 11.925 de 27 de marzo de 1953", dentro
del plazo establecido por los artículos 8º y 11º de esa misma ley.
Para el procedimiento a cumplirse se dará intervención en cada caso a
la Inspección General de Hacienda, cuyo delegado supervisará la entrega
del material, transporte, pasaje y molienda, cuando correspondiere.
Podrá prescindirse del requisito de la molienda cuando se trate de
papel que no configure o no haya configurado valores, de cualquier
naturaleza.
La apreciación de la circunstancia indicada corresponderá al Jerarca de
la respectiva unidad ejecutora y deberá ser consentida por un delegado de
la Contaduría General de la Nación y otro de la Inspección General de
Hacienda, de todo lo cual se labrará acta circunstanciada, que será
agregada como parte constitutiva del expediente.
Cuando el papel en desuso represente o haya representado valores, podrá
prescindirse de la molienda siempre que haya sido inutilizado, en
presencia de los funcionarios mencionados en el inciso precedente,
mediante guillotina, sello o establezca con caracteres de fácil
visibilidad y de manera indeleble la frase siguiente: "Sin valor
comercial" o procedimiento mecánico adecuado.
La inutilización deberá ser, en todos los casos, previa a la venta.
La Inspección General de Hacienda dará cuenta a la Contaduría General
de la Nación, en forma inmediata, de la operación realizada y su monto, a
los efectos del contralor que le asignan a esa Contaduría General, el
artículo 1º de la ley 11.925 de 27 de marzo de 1953 y el decreto de 12 de
diciembre de 1963 en su artículo 13º, inciso E).
Para las situaciones que, por su carácter, se considere que la
destrucción debe ser inmediata y en forma diaria (sobrantes de sellos,
timbres, estampillas, etc.), ésta se hará por incineración o por
procedimiento mecánico, con la presencia de delegados de la Contaduría
General de la Nación y de la Inspección General de Hacienda y un
representante de la oficina correspondiente.
MENDEZ - VALENTIN ARISMENDI - HUGO LINARES BRUM - ALEJANDRO ROVIRA - WALTER RAVENNA - DANIEL DARRACQ - EDUARDO SAMPSON - LUIS H. MEYER - JOSE
E. ETCHEVERRY STIRLING - ANTONIO CAÑELLAS - ESTANISLAO VALDES OTERO -
FERNANDO BAYARDO BENGOA