Suspéndense hasta el 30 de abril de 1968 los plazos de desalojos y los
lanzamientos de inmuebles rurales para explotación agraria, se haya
optado o no, por la prórroga establecida en el artículo 12 de la ley No. 12.100, de 27 de abril de 1954.
Los beneficios de suspensión de los plazos de desalojos y lanzamientos
también alcanzarán a los productores que se hayan acogido a las disposiciones de la ley No. 12.394, de 2 de julio de 1957, y el artículo 1ro. de la ley No. 13.538, de 15 de octubre de 1966.
A los efectos de esta suspensión regirán las excepciones establecidas en
el artículo 13 de la ley No. 12.100, de 27 de abril de 1954 y en el artículo 5o. de la ley No. 13.365, de 16 de setiembre de 1965.
Para la aplicación de las excepciones establecidas en los incisos B) y D)
del artículo 13 de la ley No. 12.100 citada, se tendrán por vigentes los
aforos que regían al tiempo de su sanción.
Cuando el arrendador invoque la excepción contenida en el apartado B) del
artículo 13 de la ley No. 12.100, de 27 de abril de 1954, deberá explotar
directamente el inmueble, por un plazo no menor de cinco años,
duplicándose en los casos de infracción las multas establecidas en el artículo 14 de la mencionada ley No. 12.100.
Las mejoras de cultivo, y, en especial, la instalación de praderas
artificiales permanentes y el mejoramiento de campos naturales serán indemnizables, en todo caso, por su valor actual, al momento de la
entrega del predio arrendado y el arrendatario podrá solicitar que los mismos le sean pagados con anterioridad a la recepción del inmueble, derecho que ejercerá en este caso como excepción en el juicio del desalojo. Si el Juez acogiere dicha excepción, deberá fijar en la sentencia el monto indemnizable, para lo que estará a la prueba que se producirán en oportunidad de sustanciarse la excepción. Cuando el
arrendatario no lo planteare en la oportunidad antes prevista, o cuando
el arrendamiento cese sin mediar acción judicial, el arrendatario podrá ejercer este derecho mediante el procedimiento previsto en los artículos
36 al 42 de la ley No. 12.100, de 27 de abril de 1954.
A los efectos de la fijación del monto de las indemnizaciones, si los
Jueces reputaren necesario requerir dictamen pericial, éste será
producido por dependencias o funcionarios técnicos del Estado. (*)
Este artículo es de orden público.
También se suspende por el plazo fijado en el artículo 1ro. la
efectividad de los desalojos en los casos en que el arrendador se haya
amparado en el apartado B) del artículo 13 de la ley No. 12.100, de 27 de
abril de 1954, siempre que se refiera a predios que constituyan una
unidad física, aunque comprendan varios padrones que esté ocupados en
régimen de arrendamiento o aparcería por no menos de tres productores
registrados como tales con situaciones contractuales independientes.
Acuérdase un plazo de noventa días a partir del día siguiente de la promulgación de la presente ley, a los efectos de lo establecido en el
Capítulo I de la ley No. 12.100, de 27 de abril de 1954, en lo referente a la inscripción de contratos o denuncia de situaciones contractuales no documentadas, anteriores o posteriores a dicha ley. Para el cumplimiento de esta disposición se suspende por el mismo plazo la aplicación del artículo 41 de la ley No. 12.464, de 5 de diciembre de 1957, y toda otra norma legal de su misma naturaleza.
La sola presentación de ocupantes de predios acreditando que pagan por el
uso o el goce del inmueble rural y que le ocupan desde un plazo no menor de cinco años, dará derecho al pleno beneficio de esta ley.
La prueba de su carácter de arrendatarios, subarrendatarios, aparceros,
subaparceros o de cualquier otro título oneroso de ocupación, podrá
hacerse por declaración de por lo menos dos testigos, certificada ante escribano público o ante el Juez de Paz de ubicación del inmueble.
La denuncia de las situaciones contractuales no documentadas podrán ser
formuladas por los arrendadores y arrendatarios, actuando conjunta o
separadamente.
La sola presentación de dichos documentos o pruebas interrumpirá
automáticamente el trámite judicial.