Ley 17.758
Extiéndese la prestación de la asignación familiar a todos los hogares
con ingresos de cualquier naturaleza, inferiores a 3 (tres) salarios
mínimos nacionales, que no estuvieren comprendidos dentro de los alcances
del Decreto-Ley 15.084 y de la Ley 17.139.
(887*R)
PODER LEGISLATIVO
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN
(Ambito objetivo y subjetivo).- Extiéndese la prestación de la
asignación familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier
naturaleza, inferiores a 3 (tres) salarios mínimos nacionales, que no
estuvieran comprendidos dentro de los alcances del Decreto-Ley Nº 15.084,
de 28 de noviembre de 1980 y de la Ley Nº 17.139, de 16 de julio de
1999.
(Monto de la prestación).- La prestación otorgada a través de esta norma
legal es estrictamente económica. En tal sentido el monto de la
prestación queda establecido en el equivalente al 16% (dieciséis por
ciento) del salario mínimo nacional, por cada hijo o menor a cargo del
administrador de la prestación objeto de esta ley.
Para los beneficiarios incapaces, el monto de la prestación será el doble
del monto establecido en el inciso anterior.
(Administrador de la prestación).- Son administradores del beneficio
instituido por la presente norma, la persona con capacidad legal a cuyo
cargo estén los menores beneficiados.
Para acreditar la situación descripta en el apartado anterior, se
requerirá la presentación del certificado judicial que avale quien ejerce
la tenencia material del menor.
(Término de la prestación).- El período de prestación de la asignación
familiar se extenderá en la forma que se establece a continuación:
1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por
parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del
menor beneficiario.
2) Se prorrogará hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando
se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación
primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente
justificado.
3) Finalmente, se extenderá la prestación hasta los 18 (dieciocho) años
de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel
superior a los de educación primaria en instituciones docentes
estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.
4) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica
tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, se
le pagará por períodos de tres años con revisión médica al finalizar
cada período, con el objeto de determinar si mantiene el grado de
incapacidad y por lo tanto la continuación del pago doble de la
prestación.
(Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de
la prestación).- Se deberá acreditar ante el Banco de Previsión Social
los siguientes extremos:
A) Los ingresos del núcleo familiar mediante declaración jurada suscripta
por el administrador, adjunta a la solicitud del beneficio.
B) La inscripción y concurrencia asidua a los institutos docentes
estatales o privados autorizados por el órgano competente y la
periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del
sistema público o privado por las instituciones de asistencia médica
colectiva en la forma que establezca la reglamentación que a tales
efectos dicte el Banco de Previsión Social.
C) Tratándose de incapaces, desde el punto de vista físico o psíquico,
que le impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada,
dicho dictamen provendrá de los servicios médicos del Banco de
Previsión Social. Se establece asimismo que se realizarán revisiones
periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los
efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que
permita el mantenimiento del pago de la prestación. Para las
situaciones de incapacidad psíquica que dictaminen los servicios
médicos del Banco de Previsión Social en el marco de esta ley, se
pondrá en conocimiento a la autoridad sanitaria oficial a los efectos
de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley
Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968.
(Facultades del Banco de Previsión Social).- El Banco de Previsión
Social queda facultado para realizar las comprobaciones e inspecciones
que estime convenientes a fin de determinar la veracidad de la
declaración de ingresos presentados así como la asistencia de los menores
a los centros de educación y la debida asistencia médica.
En tal sentido se establecerá además una comunicación fluida entre la
Administración de Enseñanza Pública o las instituciones docentes privadas
y el Banco de Previsión Social a los efectos de corroborar los extremos
atinentes a la información que presenten oportunamente los
administradores sobre la asistencia de los beneficiarios.
El Instituto Nacional del Menor comunicará al Banco de Previsión Social
las circunstancias que, como consecuencia del seguimiento de los
beneficiarios, supongan la suspensión, interrupción o cancelación de las
prestaciones otorgadas.
El Banco de Previsión Social, en caso de comprobar la falsedad total o
parcial de la información que se le suministre para el otorgamiento o
mantenimiento de la prestación, procederá a la suspensión del beneficio y
aplicará las sanciones que por vía administrativa correspondan.
(Incompatibilidad).- Declárase incompatible la percepción de la
prestación que se establece en la presente ley con la prevista por el
Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, por la Ley Nº 17.139,
de 16 de julio de 1999 y la regulada por la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo
de 2002.
El Poder Ejecutivo establecerá la fecha a partir de la cual entrarán en
vigencia las prestaciones previstas en esta ley, atendiendo a las
disponibilidades de Tesorería y los ingresos que obtenga de las cuotas
partes que le pertenecen en los Fondos de Recuperación Bancarios.
Autorízase al Poder Ejecutivo a que, en atención a las referidas
disponibilidades de Tesorería, incremente el monto de la asignación
familiar de los hogares con ingresos de hasta 6 (seis) salarios mínimos
nacionales hasta un 32% (treinta y dos por ciento) de 1 (un) salario
mínimo nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar mediante criterios técnicos, las
relaciones de compensación entre créditos y deudas existente contra cada
Fondo de Recuperación de Activos Bancarios.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 30 de
diciembre de 2003. JORGE CHAPPER, Presidente; HORACIO D. CATALURDA,
Secretario.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Montevideo, 4 de mayo de 2004
Habiendo expirado el plazo previsto en la Constitución de la República y
de conformidad con lo establecido por su artículo 144 cúmplase, acúsese
recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de
Leyes y Decretos.