Ley
Se crea el Tribunal ante el que deben reclamar los funcionarios destituidos desde 1931, dándose normas y creándose unos recursos.
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Los funcionarios de la Administración Pública, Nacional, Municipal
o Entes Autónomos, que en el período comprendido desde el 1º de Marzo de
1931 a la fecha de la promulgación de esta ley hubieran sido destituidos con violación de las reglas de derecho, podrán reclamar ante el Tribunal extraordinario que se crea por esta ley.
Créase un Tribunal extraordinario con el cometido de entender en las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior.
El Tribunal se compondrá de cinco miembros designados: uno por la Cámara de Senadores, otro por la Cámara de Diputados y tres por el Poder Ejecutivo.
Los cargos serán honorarios y para ser miembros del Tribunal será
necesario reunir las condiciones previstas por el artículo 215 de la
Constitución.
El Tribunal fijará el procedimiento a seguirse en los asuntos sometidos
a su decisión, actuará en papel común, las actuaciones no devengarán costas y funcionará en el Palacio Legislativo. Los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Representantes le proveerán de personal y útiles.
El Tribunal se constituirá dentro de los diez días de su designación.
Los interesados, dentro de los sesenta días de la integración del
Tribunal, deberán presentarse por escrito formulando su reclamación y articulando los hechos en que la fundan.
El Tribunal, dentro de los ciento veinte días de entablado el reclamo,
declarará si el reclamante se encuentra en el caso previsto en el artículo
1º de esta ley. La declaración se adoptará por tres votos conformes y causará estado.
Declarada la justificación del reclamo, se le comunicará a la
administración a que perteneció el ex funcionario. Si ésta dentro de los
noventa días, no ofreciera a aquél, por intermedio del Tribunal, un cargo no inferior al perdido, el ex funcionario tendrá derecho a que se le indemnice en dinero, con el pago de una suma igual al 40% de los sueldos que hubiera devengado desde la fecha en que perdió el empleo, hasta la promulgación de esta ley.
En los casos de funcionarios judiciales cuya remuneración de servicio la constituían las costas, la indemnización se fijará en el 40% del sueldo
ficto fijado a los efectos jubilatorios.
Los causahabientes (ley número 9.940, artículo 55) de ex funcionarios comprendidos en el artículo 1º de esta ley, tendrán los mismos derechos que el causante a los efectos de la indemnización.
Los ex funcionarios que hayan iniciado o inicien acciones judiciales contra el Estado, por las causales y período previsto por el artículo 1º de esta ley, podrán acogerse a sus beneficios, sin perjuicio de continuar la acción judicial. Si obtuvieran fallo favorable en la acción judicial, al liquidárseles la indemnización se les imputará lo que hubieran recibido
de acuerdo con esta ley.
El Poder Ejecutivo atenderá el pago de las indemnizaciones fijadas con
arreglo a esta ley con una partida que el Banco de la República le pondrá
a su disposición, al tipo de interés que fijarán de común acuerdo.
Créase un impuesto de 1/4% que abonará toda sucesión sobre el importe líquido de los bienes inventariados, siempre que el importe de éstos
exceda de mil pesos.
Cuando suceda al causante un solo heredero el impuesto se elevará al 1%.
Las sociedades anónimas pagarán el impuesto del 1/4% sobre el capital
autorizado al concedérsele matrícula de comerciante.
El impuesto a que se refiere el artículo anterior se incluirá en la respectiva planilla de costas y la Oficina Actuaria lo documentará por
estampillas que le proveerá el Poder Ejecutivo.
El producto de estos impuestos se destinará a atender la deuda a que se
refiere el artículo 9º de esta ley.
Una vez que el Estado haya abonado dicha deuda al Banco de la República, el rendimiento de este impuesto se destinará al Tesoro de Instrucción Primaria.
Los expedientes resueltos por la Comisión de Encuesta, designada por el
Poder Ejecutivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del
decreto-ley número 10.388, de 13 de Febrero de 1943, en los cuales se
hubiera declarado la ilegalidad de la destitución, podrán ser considerados
prontos para sentencia por el Tribunal a que se refiere esta ley.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de
Setiembre de 1945.
LUIS BATLLE BERRES, Presidente.- Arturo Miranda, Secretario.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Hacienda.
Montevideo, Setiembre 14 de 1945.- Número 640/944.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese.
AMEZAGA.- JUAN J. CARBAJAL VICTORICA.- HECTOR ALVAREZ CINA.