No podrá ser mayor de seis horas la jornada de trabajo de los empleados y obreros de actividades que, por las condiciones en que se efectúa el trabajo o por los materiales que se manipulan, sean consideradas perjudiciales para la salud.
El Poder Ejecutivo realizará una investigación dentro del plazo de
noventa días de promulgada esta ley, sobre las enfermedades profesionales
contraídas en la realización de trabajos insalubres, como causa o en
ocasión de los mismos, enviando estos antecedentes al organismo que se crea por el artículo siguiente.
Créase una Comisión integrada por un delegado del Ministerio de
Industrias y Trabajo; uno del Ministerio de Salud Pública; uno de la
Facultad de Medicina; uno de la Facultad de Ingeniería y uno del Banco de
Seguros del Estado, con el cometido de determinar aquellas actividades en
las que corresponda la aplicación de la presente ley.
Dicha Comisión se denominará "Comisión Honoraria de Trabajos insalubres", siendo de cargo del Ministerio de Salud Pública proporcionarle local, funcionarios y los útiles de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Podrá requerir la colaboración que necesite de las distintas
reparticiones administrativas, solicitar informes, pedir el allanamiento de locales de trabajo, someter a inspección los procesos industriales que
estime oportunos y sugerir al Poder Ejecutivo las medidas de higiene y protección obrera tendientes a corregir o atemperar la insalubridad del
trabajo.
La Comisión Honoraria determinará, a petición de parte o de oficio, por mayoría absoluta de votos, en resolución fundada, las actividades que repute insalubres.
Contra las resoluciones de la Comisión podrán interponerse, con los
fundamentos correspondientes, los recursos de reposición y apelación en subsidio dentro del término de diez días perentorios de publicadas en el "Diario Oficial".
Podrán ser recurrentes los patronos, los sindicatos con personería
jurídica que representen a los obreros interesados en la resolución o el 5% de los empleados y obreros de la actividad considerada.
La apelación será resuelta por el Ministerio de Industrias y Trabajo
dentro del plazo de treinta días de llegada a su conocimiento, previo dictamen de la Facultad de Medicina que deberá expedirse en un término
no mayor de diez días perentorio contados desde la recepción del expediente.
Si el Ministerio de Industrias y Trabajo no dictaminara dentro del plazo establecido, quedará firme la resolución recurrida.
El Carnet de Salud instituído por la ley número 9.697 de 16 de
setiembre de 1937, es obligatorio para todos los empleados y obreros de
actividades insalubres.
Dichos empleados y obreros deberán ser sometidos a una revisación médica semestral, anotándose las noticias que correspondan en su Carnet
de Salud.
La revisación se efectuará en los propios establecimientos o en
consultorios particulares, por médicos elegidos de común acuerdo entre la
empresa y los asalariados, lo que se comunicará de inmediato al Ministerio de Salud Pública.
De no mediar acuerdo éste los designará entre los médicos de sus
reparticiones hospitalarias.
Los gastos devengados por estas revisaciones serán de cargo de los
patronos.
La validez del Carnet de Salud se mantendrá mientras se efectúen los
exámenes médicos en la forma prevista por el artículo anterior.
El Instituto Nacional del Trabajo verificará el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5.o, penándose a la empresa con una multa de $ 20.00 por cada obrero que no tuviera su Carnet en condición legal.
En caso de reincidencia se duplicará la multa.
Los horarios especiales de trabajo para las actividades que sean
consideradas insalubres por aplicación de esta ley devengarán el mismo
salario que el que se haya determinado para la jornada completa en esas mismas actividades, por los laudos o convenios vigentes.
Esa equivalencia de salario entre los horarios especiales y la jornada
legal máxima de trabajo, será mantenida mientras subsista la calificación de insalubre para la actividad de que se trata. Esta equivalencia rige también para los obreros destajistas.
El mínimo de la jornada diaria de trabajo de los obreros y empleados
comprendidos en esta ley, no podrá ser inferior a tres horas y su
remuneración deberá alcanzar el 65% de la reconocida para la jornada total.
A) En caso de enfermedades contraídas como consecuencia o en ocasión del trabajo (sífilis de los sopladores de vidrio, tuberculosis de quienes inhalan polvos de la masa o trabajan en cámaras frigoríficas, etc.) el Banco de Seguros del Estado las considerará enfermedades profesionales, debiéndose abonar el equivalente al jornal íntegro por todo el tiempo que dure la enfermedad. El Carnet del obrero tendrá valor de prueba principal a esos efectos.
B) La renta en caso de incapacidad permanente será igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario.
Si la incapacidad fuere total, la renta alcanzará el equivalente del
salario o sueldo que ganare.
El concepto de incapacidad total y permanente se establecerá en función directa del oficio o labor desempeñada por el beneficiario, sin tenerse en cuenta sus posibilidades de readaptación para ejercer otros trabajos, mientras el Estado no funde escuelas de reeducación profesional y reglamente los derechos y obligaciones de los egresados.
En caso de muerte del obrero o empleado, la renta de sus causahabientes se regulará por las siguientes normas:
1º) Una renta vitalicia igual al 50% del salario o remuneración anual para
el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado del cuerpo a
condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la
fecha en que ocurrió el accidente o que el realizado posteriormente
responda a la regularización de un concubinato de duración de más de
un año.
Cuando la renta corresponda al marido, éste sólo tendrá derecho a
ella si justifica que es incapaz para el trabajo.
2º) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que
siguen para los mayores de 16 años incapaces que vivían a expensas del
obrero o empleado, sea cual fuere el lazo jurídico que a éste los
uniere, siempre que se justifique debidamente ese hecho.
No será necesaria esa justificación cuando los menores o incapaces
sean hijos legítimos o naturales del obrero fallecido.
Se presume que los menores o incapaces se hallan en el caso del
primer párrafo de este inciso, cuando son descendientes o colaterales,
hasta el tercer grado, del obrero muerto, y vivían en la misma morada
de éste.
3º) A)La renta, si los menores o incapaces tienen padre o madre
sobreviviente, será del veinte por ciento del salario anual, si no
hay más que uno; del treinta y cinco por ciento, si hay dos; del
cuarenta y cinco por ciento si hay tres; y del cincuenta y cinco
por ciento si hay cuatro o más.
B)La renta, si los menores o incapaces no tienen padre ni madre
sobreviviente, podrá elevarse al cincuenta por ciento (50%) del
salario anual para cada uno de ellos, hasta el límite del sueldo o
jornal que ganaba el siniestrado.
En todo lo que no se oponga a la presente ley, será aplicable
lo dispuesto por la ley N.o 10.004, de 28 de febrero de 1941.
Los obreros que hubieren abandonado el trabajo por enfermedad contraída como consecuencia o en ocasión del mismo, deberán ser readmitidos una vez comprobada su recuperación, gozando de la misma situación que les habría correspondido si no se hubiera producido la suspensión del contrato de trabajo y siempre que su ausencia no hubiere excedido de 18 meses.
No podrá hacerse efectivo el despido del obrero readmitido, hasta que
hayan transcurrido, por lo menos, 180 días a contar de su reingreso, salvo que se justificase por el empleador causa grave superviviente.
El empleador que violare lo dispuesto en este artículo, deberá abonar al asalariado una indemnización equivalente a tres meses de sueldo por cada año o fracción que hubiere trabajado a su servicio más las costas y costos del juicio si lo hubiere.
Las empresas no estarán obligadas a pagar indemnización al trabajador que hubiere ingresado en sustitución de un obrero enfermo y que fuera despedido por el reingreso de aquél al haberse recuperado.
En la toma del personal a que se refiere este artículo, el patrono le
notificará las condiciones de admisión. En los casos de este artículo se comunicará la admisión temporaria del obrero al Instituto del Trabajo, y, en su caso, el despido por reintegro del trabajador recuperado.
Se establece en treinta horas la duración máxima de la semana de
trabajo para los obreros de las actividades insalubres que circunstancial
o permanentemente realicen trabajos nocturnos, sin perjuicio de las
disposiciones vigentes sobre horarios de trabajo continuo. El salario semanal percibido por treinta horas de trabajo nocturno, será equivalente al que percibe el obrero por 48 horas semanales de trabajo diurno. Cumplidas las 30 horas de trabajo nocturno, los obreros tendrán derecho a un descanso mínimo de 48 horas continuas.
Se entiende por trabajo nocturno el que se realice dentro de las 22 horas y las seis horas del día siguiente.
En las actividades insalubres es absolutamente prohibido el trabajo nocturno de los menores de 21 años. Los que en la fecha de la promulgación de la ley, estuviesen, circunstancial o permanentemente ocupados en trabajos nocturnos, deberán ser trasladados a labores diurnas dentro de su categoría.
Los empleadores que demostrasen ante el Instituto Nacional del Trabajo la imposibilidad de proceder de inmediato a los traslados mencionados en el artículo anterior, dispondrán de un plazo de tres meses para llevarlo a la práctica.
Toda mujer en estado de gravidez tendrá derecho a ausentarse del
trabajo por el tiempo indispensable según prescripción médica. Si la
ausencia del trabajo durare menos de cuatro meses, tendrá derecho al salario íntegro de la ausencia. Si excediere de ese plazo, ganará medio salario hasta el término de seis meses. El empleo deberá ser conservado si retornare en condiciones normales.
En el caso previsto en el artículo anterior, la obrera no podrá ser despedida. Si lo fuere, el patrón deberá satisfacer un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda.
Los patronos que no acataran las resoluciones de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, fijando jornadas de trabajo mayores de las que se establecieren, serán castigados con multas que oscilarán entre $ 300.00 y $ 1.000.00 la primera vez, las que se duplicarán en caso de reincidencia, pudiéndose llegar a la clausura del establecimiento en ulteriores contravenciones.