Ley
Se autorizan obras de provisión de agua potable en determinadas poblaciones
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Autorízase al Poder Ejecutivo para realizar obras de abastecimiento o provisión de agua potable en todas aquellas poblaciones no comprendidas en la ley de 26 de Febrero de 1919, en los casos en que sean solicitadas por la autoridad municipal correspondiente.
Los proyectos de obras serán estudiados tendiendo a establecer el servicio domiciliario con la máxima amplitud posible, pero el costo de las obras proyectadas para cada población no excederá de una cantidad igual a treinta veces el importe de los impuestos a recaudarse en la localidad, de acuerdo con el artículo 16 de esta ley.
Sin embargo, en casos especiales y por motivos fundados, el Poder Ejecutivo podrá autorizar, sin previa sanción legislativa, que el límite anterior sea sobrepasado hasta un 15 % del referido costo.
Asimismo cuando se comprueben, por cualquier circunstancia, aumentos en el producido de los impuestos creados por el artículo 16, el Poder Ejecutivo podrá, autorizar ampliaciones de obras, siempre que el costo total resultante no exceda el límite fijado.
Cuando el agua deba ser obtenida por medio de perforaciones o pozos los gastos de alumbramiento no estarán comprendidos en el límite establecido por el inciso 1.° de este artículo.
Todas las disposiciones de la presente ley se aplicarán, en cuanto sea posible, a las obras ya ejecutadas o en vías de ejecución, con excepción de las comprendidas en la ley de 26 de Febrero de 1919 y la de 29 de Diciembre de 1915.
En todos los casos la oficina encargada de estudiar, proyectar y dirigir la ejecución de las obras y determinar su costo, a los efectos del cumplimiento de esta ley, será la Dirección de Saneamiento.
Cuando el abastecimiento de agua se haga por pozos corresponderá al Instituto de Geología y Perforaciones la determinación de ubicación y perforación de los mismos hasta la entrega a la Dirección de Saneamiento, quedando facultado para decidir la suspensión o abandono de los trabajos, justificando la decisión ante la superioridad.
Los trabajos de perforación se ejecutarán igualmente bajo la dirección del Instituto de Geología y Perforaciones en los casos en que sean contratados por la Dirección de Saneamiento con empresas particulares.
El Instituto de Geología y Perforaciones, con el propósito de ir confeccionando el mapa geológico del país, queda obligado a conservar todas las muestras o testigos que obtenga en las perforaciones que realice.
Quedan igualmente obligados a entregar al Instituto de Geología y Perforaciones las muestras o testigos que obtengan de los sondeos, perforaciones o excavaciones de cierta importancia que realicen, con exclusión de los pozos comunes y zanjas de pequeña profundidad, todas las oficinas públicas y empresas particulares, estableciendo: lugar de procedencia, profundidad y demás detalles que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente ley. Los gastos que se originen para la remisión de materiales serán de cuenta del Instituto de Geología y Perforaciones.
Deberá ser denunciado el hallazgo, en excavaciones, de restos fósiles, a fin de que aquel instituto pueda tomar a su cargo la extracción y conservación de los mismos.
En los casos de alumbramiento de aguas por empresas particulares quedan éstas obligadas a remitir al Instituto de Geología y Perforaciones muestras de agua obtenida y datos sobre el caudal horario comprobado en las pruebas de bombeo que se hayan realizado.
La explotación de los servicios de agua potable será efectuada por el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección de Saneamiento, previa intervención, en lo que corresponda, del Consejo Nacional de Higiene.
El personal encargado de atender el servicio de las obras realizadas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley será designado por el Consejo Nacional de Administración, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo someterá a la aprobación de la Asamblea General, en cada caso, con una anticipación de noventa días, por lo menos, a la facha probable de la terminación de las obras, el presupuesto de sueldos y gastos para la explotación de las mismas.
El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección de Saneamiento, establecerá para cada localidad los radios dentro de los cuales será obligatoria la toma de agua potable para todo predio que contenga edificio o construcción habitable, de cualquier clase que sea.
Siempre que el caudal de agua disponible lo permita, el Poder Ejecutivo podrá declarar obligatoria la toma de agua potable para todos los establecimientos públicos o privados, de enseñanza, de asistencia, cuarteles, etc., por cuyo frente pasen las canalizaciones, aunque estén fuera de los radios expresados.
Fuera de dichos radios podrán concederse conexiones domiciliarias a las propiedades que las soliciten, dentro de la disponibilidad de agua que ofrezcan las instalaciones en servicio.
Todas las fincas o predios, sin excepción alguna, comprendidos dentro de los radios a que se refiere el artículo anterior, y aquellas a las cuales alcance la obligatoriedad de tema de agua de acuerdo con esta ley, la de 29 de Diciembre de 1915 y la de 26 de Febrero de 1919, tuvieran o no contador y estuvieren habitados o deshabitados, abonarán mensualmente, en calidad de cuota mínima de consumo, el importe de tres metros cúbicos de agua a la tarifa que corresponda.
Los propietarios tendrán derecho a consumir mensualmente hasta esa cantidad de agua sin la obligación de abonar ninguna otra retribución por ese concepto.
La contratación de las obras, así como la adquisición de los
materiales, cuando se realice por separado, se harán previa licitación
pública. Si éstos fracasaran, el Poder Ejecutivo podrá contratar
directamente o ejecutarlas por Administración, siempre que el monto del
contrato o el importe de los trabajos, en su caso, no exceda del 15 % del
costo calculado de las obras.
Quedan exceptuados de la disposición que encabeza este artículo las
pequeñas obras o adquisiciones complementarias cuyo importe no exceda de
quinientos pesos.
Queda autorizado el Poder Ejecutivo para licitar las obras, ya sea por
separado o en grupos de poblaciones, según conviniera.
En cada una de las poblaciones a que se refiere esta ley, como la de 26 de Febrero de 1919, la venta de agua se hará por medio de contadores; sin embargo, en los casos en que el Poder Ejecutivo crea que convenga implantar otro sistema, queda facultado para hacerlo, estableciendo la forma y condiciones que juzgare convenientes.
Las tarifas respectivas serán sometidas a la aprobación del Poder Legislativo en la oportunidad de la presentación de los presupuestos para la explotación de los servicios a que se refiere el artículo 8.°.
Tanto en las poblaciones a que se refiere esta ley como la de 26 de Febrero de 1919, y asimismo en Salto, Paysandú y Mercedes, la construcción de las conexiones domiciliarias de agua potable y cloacas, así como la instalación de contadores, serán efectuadas por la Dirección de Saneamiento, por cuenta del propietario de la finca, a cuyo efecto se prepararán las tarifas generales correspondientes, calculadas de manera que, en promedio, cubran los gastos respectivos.
La conservación de estas obras será de cargo de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir los propietarios por mal uso o deterioro de las mismas.
El costo de las obras, el de los estudios y demás gastos autorizados por esta ley, se pagará emitiendo en cantidad suficiente títulos de Deuda Nacional de Saneamiento, segunda serie, en las mismas condiciones que las autorizadas por la ley de 17 de Junio de 1919.
El tipo de cotización de estos títulos no podrá ser inferior en más de dos puntos al promedio obtenido en el mes anterior por la Deuda de Obras Públicas y de Conservación de 1918, de 6 %, teniendo en cuenta el cupón.
Para servir los intereses y amortizaciones de aquellas emisiones se crean hasta la cancelación de las mismas, los siguientes recursos:
A) Las propiedades para las cuales la toma de agua sea obligatoria y
aquellas que sin estar obligadas a ello tengan conexión domiciliaria,
abonarán un impuesto anual de cuatro por mil sobre el aforo líquido
para el pago de la contribución inmobiliaria.
B) Todas las demás propiedades comprendidas en la zona urbana de cada
localidad abonarán un impuesto anual de dos por mil sobre el mismo
aforo.
Quedarán también sometidas al pago de las contribuciones que se
establecen en la presente ley todas las propiedades nacionales y municipales, y aún las que por leyes especiales estuvieran exentas de pago de contribución inmobiliaria, las que se aforarían al solo efecto de aplicárseles los impuestos que se crean por esta ley.
El Poder Ejecutivo podrá tomar da Rentas Generales hasta la cantidad de cincuenta mil pesos anuales para completar el servicio de deuda emitida para la ejecución de las obras.
Quedan exonerados del pago de los impuestos que se establecen en el artículo 16 los propietarios cuyos bienes inmuebles, en conjunto, no excedan en valor de quinientos pesos, cuando se trate de bienes con mejoras, siempre que éstas representen un valor mínimo de trescientos pesos, y de doscientos pesos cuando se trate de baldíos.
El Poder Ejecutivo cobrará conjuntamente con el impuesto de contribución inmobiliaria los impuestos que se crean por esta ley una vez concluida la obra.
Los importes de los impuestos creados por esta ley, así como el de los consumos, gravan a la propiedad de un derecho real, cualquiera que sea el propietario o el consumidor.
Los gastos de explotación de los servicios que se organicen con motivo del funcionamiento de las instalaciones ejecutadas de acuerdo con la presente ley y la de 26 de Febrero de 1919 serán cubiertos con los proventos respectivos, y, en su defecto, con Rentas Generales.
Se declaran de utilidad pública todas las propiedades que sea necesario ocupar para el establecimiento de este servicio, quedando, por lo tanto, sujetas a expropiación y gravadas con servidumbre de estudio, de paso y extracción y depósito de materiales, todas las propiedades del país, con
las restricciones establecidas en las leyes vigentes.
Esta disposición regirá también en todos los casos necesarios para las obras que se construyen o se construyan aplicando la ley de 26 de Febrero de 1919.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo a 15 de Diciembre de 1927.
A. GARCIA MORALES, Presidente. —
Arturo Miranda, Secretario.
Ministerio de Obras Públicas.
Montevideo, Diciembre 20 de 1927.
Cúmplase, acúsese recibo, publíquese, comuníquese, insértese en el R. N. y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.
Por el Consejo: CAVIGLIA. — V. BENAVIDES. — Manuel V. Rodríguez, Secretario.