(Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto
fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a
través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la
eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de
empresas y productos a los mercados.
(Principio general).- Todos los mercados estarán regidos por los
principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones
establecidas por ley, por razones de interés general.
Se prohibe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas,
conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por
efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir
la competencia actual o futura en el mercado relevante.
A efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas
en el párrafo que antecede, el órgano de aplicación podrá tomar en cuenta
si esas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de
eficiencia económica de los sujetos, unidades económicas y empresas
involucradas, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas
alternativas, y el beneficio que se traslada a los consumidores. La
conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor
eficiencia del agente económico en relación con sus competidores, no
constituye una conducta de restricción de la competencia.
El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o
reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de
posición dominante.
(Ambito subjetivo).- Todas las personas físicas y jurídicas, públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas
con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo, están obligadas a
regirse por los principios de la libre competencia.
Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen
actividades económicas en el extranjero, en tanto éstas desplieguen total
o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.
(Prácticas prohibidas).- Las prácticas que se indican a continuación, se declaran expresamente prohibidas, en tanto configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2° de la presente ley.
La enumeración que se realiza es a título enunciativo.
A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de
compra o venta u otras condiciones de transacción.
B) Limitar o restringir la producción, la distribución y el
desarrollo tecnológico de bienes, servicios o factores
productivos, en perjuicio de competidores o de
consumidores.
C) Aplicar a terceros condiciones desiguales en el caso de
prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja
importante frente a la competencia.
D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de
obligaciones complementarias o suplementarias que, por su
propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan
relación con el objeto de esos contratos.
E) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que
sean esenciales para la producción, distribución o
comercialización de bienes, servicios o factores
productivos.
F) Obstaculizar el acceso al mercado de potenciales entrantes
al mismo.
G) Establecer zonas o actividades donde alguno o algunos de los
agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose
los restantes de operar en la misma.
H) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la
prestación de servicios.
I) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a
través de asociaciones o gremiales de agentes económicos. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 1.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 4.
(Prácticas expresamente prohibidas).- Las prácticas, conductas o recomendaciones concertadas entre competidores que se enumeran a continuación, se declaran expresamente prohibidas:
1) Establecer, de forma directa o indirecta, precios u otras
condiciones comerciales o de servicio.
2) Establecer la obligación de producir, procesar, distribuir o
comercializar solo una cantidad restringida o limitada de
bienes o la prestación de un número, volumen o frecuencia
restringido o limitado de servicios.
3) Dividir, distribuir, repartir, asignar o imponer porciones,
zonas o segmentos de mercado de bienes o servicios, clientes
o fuentes de aprovisionamiento.
4) Establecer, concertar o coordinar las ofertas o la
abstención en licitaciones, concursos o subastas.
5) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a
través de asociaciones o gremiales de agentes económicos. (*)
(*)Notas:
Agregado/s por: Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 2.
(Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta las
condiciones de competencia, deberá determinarse cuál es el mercado
relevante en el que la misma se desarrolla. Esto implica analizar, entre
otros factores, la existencia de productos o servicios sustitutos, así
como el ámbito geográfico comprendido por el mercado, definiendo el
espacio de competencia efectiva que corresponda. El órgano de aplicación
establecerá los criterios generales para la determinación del mercado
relevante.
(Abuso de posición dominante).- A efectos de lo previsto en el artículo
2º de la presente ley se entiende que uno o varios agentes gozan de una
posición dominante en el mercado cuando pueden afectar sustancialmente
las variables relevantes de éste, con prescindencia de las conductas de
sus competidores, compradores, o proveedores.
Se considera que existe abuso de posición dominante cuando el o los
agentes que se encuentran en tal situación actúan de manera indebida, con
el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no
hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio.
(Solicitud de autorización de concentraciones).- Todo acto de
concentración económica quedará condicionado a la autorización del órgano
de aplicación cuando, en cualquiera de los últimos tres ejercicios
contables, se configuren acumulativamente los siguientes extremos:
1) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo
del conjunto de los participantes en la operación, sea igual o
superior a 500.000.000 UI (quinientos millones de unidades
indexadas).
2) Que la facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo
de dos o más participantes en la operación, considerados
individualmente, sea igual o superior a 30.000.000 UI (treinta
millones de unidades indexadas).
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, cuando la
facturación anual libre de impuestos en el territorio uruguayo del
conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los
últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a 500.000.000 UI
(quinientos millones de unidades indexadas) pero no se alcancen los
umbrales individuales previstos en el numeral 2) en dicho ejercicio,
los participantes del acto de concentración económica deberán informarlo
al órgano de aplicación, quien podrá determinar, por resolución fundada
dentro de los quince días hábiles siguientes a recibir la información, que
el mismo quede sujeto a la solicitud de autorización prevista en la
presente disposición.
Las solicitudes de autorización de concentraciones económicas deberán
presentarse en forma previa al perfeccionamiento del acto o de la toma de
control, lo que acaeciere primero.
A los efectos de la presente ley, se considerará concentración
económica todo hecho, acto o convención que genere una transferencia o un
cambio en el control de la totalidad o parte de uno o más participantes o
unidades económicas, así como la creación o adquisición del control
conjunto sobre una o varias entidades. A título enunciativo, comprende los
llevados a cabo a través de: fusión de sociedades, adquisición de
participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales,
industriales o civiles, adquisición total o parcial de activos
empresariales. El término control se entenderá como la posibilidad de
influir continua y decisivamente, de manera directa o indirecta, sobre la
estrategia y el comportamiento competitivo de una o varias entidades.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición a propuesta del
órgano de aplicación, debiendo determinar los criterios para la
cuantificación de los umbrales indicados en el inciso primero, así como
los requisitos y condiciones que deberán cumplirse para informar o
solicitar la autorización de concentración ante el órgano de aplicación. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 192.
Ver vigencia: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2.
Redacción dada anteriormente por: Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 3.
Ver en esta norma, artículos:8 y 27.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 3,
Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 7.
La obligación de solicitud de autorización de concentración a que hace referencia el artículo anterior no corresponde cuando la operación consista en:
A) La adquisición de empresas en las cuales el comprador ya
tenía al menos un 50% (cincuenta por ciento) de las acciones
de la misma.
B) Las adquisiciones de bonos, debentures, obligaciones,
cualquier otro título de deuda de la empresa, o acciones sin
derecho a voto.
C) La adquisición de una única empresa por parte de una única
empresa extranjera que no posea previamente activos o
acciones de otras empresas en el país.
D) La adquisición de empresas declaradas en concurso, siempre
que en el proceso licitatorio se haya presentado un único
oferente. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 5.
Ver en esta norma, artículo:27.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 8.
(Autorización de concentraciones).- En todos los casos sometidos a la solicitud de autorización, se prohíben las concentraciones económicas que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante.
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, por resolución fundada, deberá decidir en un plazo máximo de sesenta días corridos de presentadas la notificación y la documentación requerida de modo completo y correcto:
A) Autorizar la operación.
B) Subordinar el acto de concentración al cumplimiento de las
condiciones que el órgano de aplicación establezca.
C) Denegar la autorización.
El órgano de aplicación reglamentará los criterios de valoración de las concentraciones, así como las sanciones correspondientes en concordancia con lo dispuesto por los artículos 17 y 19 de la presente ley.
El análisis de estos casos deberá incorporar, entre otros factores,
la consideración del mercado relevante, la competencia externa y las
ganancias de eficiencia. Si el órgano de aplicación no se expidiera en
un plazo de sesenta días corridos desde la notificación
correspondiente, se dará por autorizado tácitamente el acto. Dicho
plazo podrá prorrogarse por otros sesenta días corridos, en los
siguientes casos:
1) Cuando la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia
determine, por resolución fundada, la necesidad de un mayor
análisis, contados a partir de vencido el plazo original.
2) Cuando la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, por
resolución fundada, solicite a las partes o a terceros la
presentación de información adicional, contados a partir de la fecha
de presentación de la documentación original. (*)
La concentración económica no podrá perfeccionarse hasta que haya recaído la autorización expresa o tácita del órgano de aplicación.
En el caso de una concentración monopólica de hecho, la autorización expresa o tácita por parte del órgano de aplicación, de ninguna forma constituirá un monopolio de origen legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha autorización no podrá limitar el ingreso de otros agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones de la presente ley.
La autorización, expresa o tácita, no será impedimento para realizar una investigación a posteriori de identificarse prácticas prohibidas de acuerdo a lo establecido en la presente ley. (*)
(*)Notas:
Inciso 4º) redacción dada por: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 147.
Redacción dada por: Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 4.
Inciso 4º) ver vigencia: Ley Nº 20.075 de 20/10/2022 artículo 5.
Ver en esta norma, artículo:27.
TEXTO ORIGINAL:
Ley Nº 19.833 de 20/09/2019 artículo 4,
Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 9.
CAPITULO II - PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y SANCION DE PRACTICAS PROHIBIDAS
(Competencia).- La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley, pudiendo actuar de oficio o por denuncia.
Cuando el procedimiento refiera al mercado cuya regulación y control esté asignado al Banco Central del Uruguay, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones o a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, dicha Comisión deberá noticiar a los organismos reguladores antes mencionados, al momento de expedirse sobre la pertinencia de las denuncias o de las investigaciones de oficio iniciadas. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.996 de 03/11/2021 artículo 136.
Ver vigencia: Ley Nº 19.996 de 03/11/2021 artículo 2.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 10.
(Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación,
el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona,
física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de
actos o hechos relativos a la conformación de los mercados y a las
prácticas que se realizan en los mismos.
Asimismo, si lo estimare oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir
ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con
carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o
terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos
civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos
sociales y bases de datos contables.
A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia
en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del
Interior, según corresponda.
(Presentación de la denuncia).- Cualquier persona, física o jurídica,
pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de
prácticas prohibidas por la presente ley.
La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación,
conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de
la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada,
acompañando en la misma oportunidad todos los medios probatorios que
disponga a ese respecto.
Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los
casos, podrá solicitar del órgano de aplicación, por motivos fundados, que
mantenga reserva acerca de su identidad.
De la denuncia formulada se deberá conferir vista a los denunciados, salvo
que se la considerara manifiestamente improcedente.
Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos
denunciados expresamente, pudieran existir otras personas que también
fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también
conferirá vista a las mismas, conforme a lo preceptuado por el artículo 66
de la Constitución de la República.
(Cese preventivo).- En cualquier momento del procedimiento el órgano de
aplicación podrá expedirse acerca de las posibles consecuencias dañosas de
la conducta objeto de los procedimientos.
En caso que la misma fuese capaz de producir daños graves, podrá disponer
el cese preventivo de esa conducta.
(Prueba).- Toda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o
extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de
aplicación y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en un
plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere
requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere
en su poder. En caso que la información fuera requerida del o de los
involucrados en la conducta que se investiga, su omisión en proporcionarla
deberá entenderse como una presunción en su contra.
Los deberes establecidos en este artículo en ningún caso significan la
obligación de revelar secretos comerciales, planos, "como hacer",
inventos, fórmulas y patentes.
(Medidas cautelares).- Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el
cese preventivo de las prácticas investigadas a que refiere el artículo 13
de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para solicitar
a la Justicia ordinaria las medidas cautelares que considere pertinentes,
con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones
administrativas o durante el transcurso de las mismas.
A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia
en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del
Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente,
las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del
Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de
la cual queda exonerado el órgano de aplicación.
Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código
General del Proceso se interpretará la misma en el sentido de que las
medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las
actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos
contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.
(Compromisos de cese y conciliación).- El órgano de aplicación podrá
suspender las actuaciones, por un término no mayor a diez días corridos,
a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o
modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la
misma y la identidad de quien la realizó fueren evidentes.
También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud
conjunta de denunciante y denunciado, a efectos de considerar la posible
conciliación, siempre que la conducta investigada consista en la
situación prevista por el artículo 6° de esta ley y el único perjudicado
por la misma sea el denunciante.
(Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la
constatación de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano
de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las
mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y
responsables.
Las sanciones consistirán en:
A) Apercibimiento.
B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del
infractor, en dos diarios de circulación nacional.
C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100.000 UI
(cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima del que fuere
superior de los siguientes valores:
1) 20.000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas).
2) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del
infractor.
3) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica
anticompetitiva, si fuera determinable.
Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte
de las circunstancias del caso.
A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial
del daño causado; el grado de participación de los responsables; la
intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante
el desarrollo de las actuaciones administrativas.
Estas sanciones también podrán aplicarse a aquellos que incumplan las obligaciones dispuestas por el artículo 14 de la presente ley. Si correspondiere la sanción de multa, la cantidad mínima será de 5.000 UI (cinco mil unidades indexadas). (*)
En el caso de prácticas concertadas entre competidores, se considerará
como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del
acuerdo o el aporte que éste brinde para la obtención de pruebas
suficientes para la sanción de los restantes infractores.
(*)Notas:
Inciso 5º) redacción dada por: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 205.
Inciso 5º) ver vigencia: Ley Nº 19.355 de 19/12/2015 artículo 3.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 17.
(Publicación).- Las resoluciones del órgano de aplicación serán
publicadas en su página electrónica institucional. Asimismo, éste podrá
dar una descripción detallada de los casos analizados.
(Sanciones a administradores, directores y representantes de personas
jurídicas, y a sociedades controlantes).- Además de las sanciones que el
órgano de aplicación imponga a las personas jurídicas que realicen
conductas prohibidas por esta ley, también podrán imponer multas a los
integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan
contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.
Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra,
serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las
responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los
órganos de administración y representación de la sociedad controlada,
podrán también ser imputadas a quienes cumplen las mismas funciones en la
sociedad controlante.
Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia).- El órgano de
aplicación de las disposiciones de la presente ley será la Comisión de
Promoción y Defensa de la Competencia, que funcionará como órgano
desconcentrado en el Ambito del Ministerio de Economía y Finanzas.
El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo que disponga el
reglamento que la misma habrá de dictar, que contendrá como mínimo el
régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de
resoluciones.
La Comisión estará integrada por tres miembros designados por el Poder
Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus
antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia,
aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e
imparcialidad en su desempeño.
Los miembros de la Comisión tendrán dedicación exclusiva, con excepción de
la actividad docente y de investigación. Si al momento de la designación
ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a
partir de la toma de posesión de dicho cargo y por todo el tiempo que
actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.
Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.
Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de
hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que
se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años
de duración.
La representación del órgano de aplicación será ejercida por su
Presidente.
La Presidencia de la Comisión será ejercida por todos sus integrantes por
espacio de dos años, en forma rotativa. En el caso de la primera
integración de la Comisión, la Presidencia será ejercida, en primer
término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo
término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.
Los integrantes de la Comisión podrán ser destituidos por el Presidente
de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los
siguientes casos:
A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.
B) Incapacidad sobreviniente.
C) Procesamiento por delito del que pueda resultar pena de penitenciaria o
aplicación de sentencia de condena penal.
D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.
Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente por padecer
impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se
verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento,
independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.
En caso de destitución, renuncia o fallecimiento, la duración del mandato
de quien lo sustituya, será igual al tiempo que restare del mandato
original.
(Funciones y facultades).- Compete a la Comisión de Promoción y Defensa
de la Competencia:
A) Emitir normas generales e instrucciones particulares que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
B) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes,
a efectos de analizar la competencia en los mercados.
C) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
la documentación y colaboración que considere necesarias. Los datos
e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las
finalidades previstas en esta ley, sujeto a las limitaciones
establecidas en el artículo 14 de la presente ley.
D) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales,
libros de comercio, libros de actas de órganos sociales y bases de
datos contables.
E) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de promoción y políticas de
competencia.
F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos
Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al
tratamiento, protección, regulación, restricción o promoción de la
competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos
administrativos en general.
Estas recomendaciones se realizarán respecto de leyes, reglamentos,
ordenanzas municipales y otros actos administrativos vigentes o a
estudio de cualquiera de los organismos señalados.
G) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o
sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el
mercado.
H) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier
persona física o jurídica, pública o privada, acerca de las
prácticas concretas que realiza o pretende realizar, o que realizan
otros sujetos.
I) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia,
nacionales o internacionales, y participar en los foros
internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la
competencia.
(Sectores regulados).- Sin perjuicio de sus competencias regulatorias en materia de promoción y defensa de la competencia, el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, cada uno en el ámbito de su actuación regulatoria serán los organismos competentes para conferir la autorización de concentraciones económicas a la que refieren los artículos 7° a 9° de la presente ley, cuando el acto de concentración tenga como objeto una entidad regulada por dichos organismos o las acciones, cuotas sociales u otros títulos de participación patrimonial en una entidad por ellos regulada.
A los efectos de conferir tal autorización, el organismo regulador especializado podrá efectuar una consulta previa no vinculante a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
En los casos previstos en el presente artículo, no regirán el plazo ni la autorización tácita establecidos en el artículo 9° de esta ley. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 19.996 de 03/11/2021 artículo 135.
Ver vigencia: Ley Nº 19.996 de 03/11/2021 artículo 2.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 27.
(Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de
prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cinco años
de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública
de investigar y sancionar a los responsables, como al derecho de los
perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de
los daños padecidos.
La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un
procedimiento de oficio o con el acto que ordena dar vista de la denuncia
al presunto responsable.
En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, serán
de aplicación las disposiciones del Decreto N° 500/991, de 27 de setiembre
de 1991, modificativas y concordantes. (*)
(*)Notas:
Redacción dada por: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 191.
Ver vigencia: Ley Nº 20.212 de 06/11/2023 artículo 2.
TEXTO ORIGINAL: Ley Nº 18.159 de 20/07/2007 artículo 29.
(Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº
17.243, de 29 de junio de 2000, los artículos 157 y 158 de la Ley Nº
17.296, de 21 de febrero de 2001, y el artículo 699 de la Ley Nº 16.736,
de 5 de enero de 1996.
(Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por
el Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte días contados a partir de
su promulgación.