Ley
Se establece el monopolio del Estado para la importación de estupefacientes
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Desde la promulgación de la presente ley será monopolio del Estado la
importación de la coca, del opio bruto y oficinal, extractos de opio,
morfina, cocaína, hachisch y en general, de toda substancia que, a pequeños dosis, tenga acción estupefaciente.
Exceptúanse las especialidades que contengan esas substancias en pequeña proporción y que sean autorizadas por el Ministerio de Salud Pública.
El Ministerio de Salud Pública, determinará, previa aprobación del Consejo de Ministerios, las condiciones en que se hará efectivo ese monopolio, que estará a su cargo y cuyo producido se dedicará a los gastos que ocasione la represión y asistencia de la toximomanía.
Sólo podrán adquirir del Estado las substancias determinadas en el
artículo 1º los dueños de droguerías y laboratorios que sean autorizados por el Ministerio de Salud Pública.
Es privativo y discrecional de dicho Ministerio el otorgar, negar o
retirar esa autorización.
Las droguerías, farmacias y laboratorios que empleen substancias
estupefacientes en sus preparaciones y específicos, destinados a conservarse en depósito o para la venta, anotarán en un libro rubricado y sellado por las autoridades de Salud Pública, las compras de esas substancias, la clase y cantidad empleada en sus elaboraciones y las operaciones de venta de toda substancia estupefaciente, como también de las preparaciones y de los específicos efectuados con ellas.
Las droguerías sólo podrán expender esas substancias y preparaciones a
las farmacias mediante orden firmada de los gerentes farmacéuticos. Los
laboratorios expenderán a las farmacias sus específicos preparados con substancias estupefacientes, mediante orden firmada de sus directores técnicos.
Sólo las farmacias podrán vender, entregar o suministrar en cualquier
forma al público las substancias a que se refiere el artículo 1º en las
condiciones que se establecerán en la reglamentación. Los laboratorios podrán expender al público, en las mismas condiciones, los preparados específicos que fabriquen.
Las substancias a que se refiere el artículo 1º no podrán ser vendidas,
entregadas o suministradas por las farmacias o laboratorios sin la previa
presentación de receta médica, odontológica o veterinaria original y de
acuerdo con la reglamentación.
Los médicos, odontólogos y veterinarios sólo podrán formular esas recetas con fines terapéuticos y con dosis de esas substancias que no sobrepasen las indicadas por la reglamentación.
Queda absolutamente prohibido todo comercio y consumo de las substancias comprendidas en el artículo 1º de esta ley para otros fines que no sean los destinados exclusivamente a usos medicinales.
La existencia de substancias estupefacientes en poder de personas no
autorizadas al efecto será considerada como infracción y los infractores serán pasibles de las penas preceptuadas por esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles.
Los infractores de las disposiciones contenidas en los artículos
anteriores serán penados con uno a dos años de prisión.
En caso de reincidencia el infractor incurrirá en la pena de dos a cuatro años de penitenciaría.
Si la venta o suministros a que se refieren los artículos anteriores
fuere hecha a menores de edad, se aplicará al delincuente primario la pena de dos a cuatro años de penitenciaría. La reincidencia será penada con el doble de la pena aplicada en la primera infracción.
Si el infractor ejerciere una profesión o arte que haya servido de medio para cometer el delito, o lo haya facilitado será condenado también a la pena de inhabilitación especial por un término que estará comprendido entre el de la condena principal y diez años.
Iniciado el sumario por infracción a los artículos anteriores, si en ella hubieran intervenido médicos, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos, droguistas o gerentes de laboratorios o aún sus dependientes o auxiliares, los Jueces podrán ordenar, por sí o a pedido del Ministerio de Salud Pública, el cierre preventivo del establecimiento donde se hubiera cometido, y por el término de quince días como máximo.
Si la sentencia impusiera penas de prisión o de penitenciaría y de
inhabilitación absoluta o especial, el cierre será obligatorio por todo el tiempo de duración de las penas principales.
Si los delitos a que alude esta ley fueren cometidos por los auxiliares o dependientes de los profesionales o comerciantes indicados en el apartado primero del presente artículo, el cierra definitivo del establecimiento sólo se hará efectivo si dichos comerciantes o profesionales no probaren su falta de intervención por actos directos o de complicidad, y asimismo que no pudieron evitar el delito.
El uso de alguno de los estupefacientes a que se refiere el artículo 1º, si no se justificara que se hace por prescripción médica dará lugar a que el Juez que entiende en la causa, o en su defecto el correccional o quien haga sus veces disponga de inmediato la internación del toxicómano, previa examen del médico forense, que debe ser practicado dentro de las veinticuatro horas.
A ese efecto el Ministerio de Salud Pública habilitará un servicio
especial tan pronto sea promulgada esta ley.
La internación se prolongará por un espacio de tiempo no menor de dos
meses, ni mayor de dos años, y para permitir la salida del recluído será menester la autorización del Juez que entendió en la causa, quien para acordarla recabará el informe del Médico Jefe del Servicio y del Inspector de Psicópatas.
El que facilite ilegítimamente a otro el uso de substancias estupefacientes, ya fuere suministrándolas a título oneroso o gratuito; los que fuercen, induzcan o en cualquier modo exciten o estimulen el uso indebido de estupefacientes; los que cooperen directa o indirectamente a la ejecución de tales hechos; los que concertados para cometer el hecho contribuyan de cualquier manera a su ejecución, y los funcionarios
públicos que obligados a impedir, esclarecer o penar la infracción hubiesen, antes de la ejecución y para decidirla, prometido encubrirla serán castigados con la pena de uno a dos años de prisión.
En caso de reincidencia, se aplicará la pena de dos a cuatro años de
penitenciaria.
Si el agente pasivo del delito fuese un menor de edad, se aplicará la
pena de dos a cuatro años de penitenciaria.
Si a consecuencia de estos actos u omisiones, resultase grave enfermedad, la pena será de seis a ocho años de penitenciaría.
Si se produjera la muerte, la pena será de diez a doce años de penitenciaria.
La reincidencia en los casos de los tres incisos anteriores se castigará con el doble de la pena aplicada en la primera infracción.
Los encubridores que acojan, receten o protegen habitualmente a los
infractores de esta ley, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento del delito determinado que hayan cometido, o les faciliten auxilio o noticias para que se guarden, precaven o salven, serán pasibles de las penas del artículos anterior.
El Ministerio de Salud Pública tomará todas las medidas que aseguren el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley.
Se entiende que el ejercicio de dichas medidas queda limitado a lo
preceptuado por esta ley, no pudiéndose de ningún modo crearse por ellas nuevas atribuciones o funciones no previstas expresamente en la misma.
Tampoco se podrá a título de tales medidas, ni del servicio establecido
por el artículo 13, crear cargos de ninguna clase, ni destinarse partidas para atenderlas, debiéndose llenar la función con los empleados existentes.
Sin perjuicio del procedimiento, en los casos de infraganti delito, los
funcionarios policiales y del Ministerio de Salud Pública, podrán
penetrar en cualquier momento en los locales abiertos al público, de casas de comercio, cafés, bars, pensiones, hoteles para artistas, casas amuebladas, de huéspedes, de prostitución y otras análogas a fin de comprobar si existen allí, en condiciones ilegítimas, substancias de las mencionadas en el artículo 1º y dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos.
Las inspecciones a que se hace referencia en el apartado precedente, sólo podrán realizarse por funcionarios habilitados mediante discernimiento de carácter general o especial del Jefe de Policía o del Ministerio de Salud Pública.
Las acciones a que diere lugar esta ley, se iniciarán en mérito de la
denuncia de cualquier persona o de oficio por las autoridades competentes.
Los Jueces prestarán preferente atención a la sustanciación de los juicios de que se trata y las sentencias se harán públicas, omitiéndose en la publicación los nombres de toda otra persona que no sea la de los delincuentes.
En ningún caso regirán los beneficios sobre suspensión de condena y
libertad anticipada, establecidos por las leyes números 5393 y 5637 de 15 de Enero de 1916 y 30 de Enero de 1918, respectivamente.
Toda infracción comprobada o sospechada por el Ministerio de Salud
Pública, será denunciada en el término de 24 horas a la autoridad judicial
correspondiente.
El Ministerio de Salud Pública realizará la propaganda necesaria para hacer conocer del público los peligros de la toxicomanía y las disposiciones contenidas en la presente ley.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, a 7 de Setiembre de 1937.
JULIO CESAR CANESSA, Presidente. - G.
Echeverry, Secretario.
Ministerio de Salud Pública.
Montevideo, Setiembre 11 de 1937.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.