Ley
Se crea el Instituto Nacional de Viviendas Económicas
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
I - Organización y funcionamiento del Instituto
Créase, como servicio del Ministerio de Obras Públicas, el Instituto
Nacional de Viviendas Económicas, que funcionará bajo la dirección inmediata de una Comisión Honoraria compuesta de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, por ocho votos conformes.
Los Ministros de Obras Públicas y de Salud Pública podrán asistir a las
sesiones y tendrán voz, pero no voto.
Durante cuatro años en sus funciones, y podrán ser reelectos. Las
vacantes producidas durante el término del mandato se proveerán por el tiempo complementario.
El Instituto tendrá los siguientes cometidos:
A) Construir viviendas económicas para ser arrendadas o vendidas a
empleados u obreros del Estado o particulares, jubilados y
pensionistas, así como los edificios indispensables para servicios de
los barrios respectivos, como ser baños, lavaderos, dispensarios,
comedores, casas-cunas, campos de juegos, locales de aprovisionamiento,
etc., con excepción de despachos de bebidas alcohólicas.
B) Fomentar su construcción por empresas privadas.
C) Adquirir los inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus fines.
D) Construir viviendas por cuenta de promitentes compradores o
propietarios de terrenos. Podrá, en eso caso, hacerse cargo de las
obligaciones que graven el terreno, financiando la operación en la
forma más conveniente para el interesado.
E) Construir viviendas por cuenta de instituciones particulares con el
mismo destino.
F) Reparar viviendas no adquiridas del Instituto, pero cuyos dueños o
promitentes compradores reúnan las condiciones exigidas para ser
beneficiarios de esta ley.
G) Arrendar, vender y administrar las viviendas que adquiera o construya,
y vender, permutar y gravar los demás inmuebles de su propiedad,
requiriéndose, en estos tres últimos casos, cuatro votos conformes y la
aprobación del Poder Ejecutivo.
H) Administrar los fondos que legalmente le correspondan, con cargo de
dar cuenta trimestralmente de su inversión.
I) Contratar préstamos con destino a sus fines.
J) Proponer al Poder Eecutivo las reglamentaciones pertinentes y
disponer por sí las de orden interno.
K) Resolver todos aquellos actos y operaciones implícitamente necesarios
para el cumplimiento de sus fines.
L) Proponer al Poder Ejecutivo el personal de sus oficinas.
El Instituto gozará de personería jurídica y del beneficio de pobreza.
El Instituto podrá designar Comisiones Honorarias en los Departamentos de campaña, que no excederán de cinco miembros y se elegirán por cuatro
votos conformes y aprobación del Poder Ejecutivo.
Dichas Comisiones dependenrán del Instituto, y sus funciones serán las que indiquen los reglamentos respectivos, dentro de los fines de esta ley, y sin perjuicio de la responsabilidad del Instituto.
El Presidente de la Comisión será designado por la misma y tendrá la
representación del Instituto, por sí o por apoderado. Firmará con el
miembro de la Comisión o funcionario que ésta designe, todos los actos y contratos en que intervenga el Instituto.
II - Patrimonio
Serán recursos de la Comisión:
A) Los que le destine el Presupuesto General de Gastos y otras leyes.
B) Las donaciones, herencias o legados que reciba.
C) El producto del arrendamiento y enajenación de las viviendas y de las
demás operaciones que realice.
La Comisión podrá prescindir de las obligaciones impuestas por la ley
número 9542 de 31 de Diciembre de 1935, por motivo fundado y unanimidad de votos, y con aprobación del Poder Ejecutivo.
Los interesados deberán acreditar:
A) Condición de empleado, obrero, jubilado o pensionista de remuneración
o pasividad no superior a cien pesos mensuales.
Cuando el interesado posea algún bien o recurso extraño a su
remuneración habitual, se computará a los efectos de la adjudicación.
En casos excepcionales, con la unanimidad de votos de la Comisión,
podrá admitirse remuneración mayor de cien pesos, aunque nunca superior
a ciento veinte pesos mensuales.
B) Buena conducta.
C) Tener familia a su cargo o contribuir a su sostenimiento.
D) Poseer oficio u ocupación habitual y percibir remuneración adecuada a
la obligaciones a contraer con el Instituto.
A los efectos de la estimación de este último extremo, se tomará en
cuenta, también, lo que perciban los demás integrantes de la familia
que puedan contribuir al pago de la cuota respectiva.
E) La inscripción en el Registro Cívico.
Para tener derecho a adquirir una vivienda, será preciso haber sido
arrendatario del Instituto, por un término no inferior a dos años, con actuación correcta a juicio de la Comisión, salvo cuando se trate de promitentes compradores o propietarios de terrenos.
El arrendatario no estará obligado a adquirir la vivienda que ocupa y
podrá continuar en esa condición mientras cumpla los deberes respectivos.
El arrendamiento se adjudicará por sorteo, previas las publicaciones
pertinentes en el lugar de ubicación de las viviendas en "Diario Oficial" y en uno del Departamento, por el término de diez días consecutivos, por lo menos.
El plazo para la inscripción no podrá ser menor de un mes.
Los locales para los demás servicios a que se refiere el artículo 2º,
inciso A), parte final, podrán ser arrendados o enajenados, según convenga, a juicio de la Comisión, y, para su adjudicación, no regirán las exigencias patrimoniales requeridas para los beneficiarios de viviendas.
Nadie podrá adquirir más de una vivienda, que deberá destinarse
exclusivamente a habitación del adquirente, su familia y personas a su cargo.
En caso de contravención, el Instituto podrá proceder de acuerdo con lo
previsto en el artículo 35 de esta ley.
Los precios de venta, los alquileres y las cuotas serán fiadas por la
Comisión y contemplarán la finalidad social de la Institución. El interés exigible no podrá exceder del tres por ciento.
El importe total de cada vivienda, incluidos terreno, construcciones,
mejoras, gastos, etc., no podrá exceder de cuatro mil pesos.
El precio total del terreno y edificio, será abonado en mensualidades
fijas y consecuetivas, por el término que la Comisión indique, y comprenderá el interés referido y la amortización respectiva que al efecto se fije.
Para admitir anticipos de más de tres cuotas, se requerirá la unanimidad de votos de la Comisión. Dichas cuotas no excederán del tercio de lo que el interesado perciba mensualmente, como sueldo, salario, remuneración o pasividad, salvo caso justificado y por unanimidad de votos de la Comisión, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º, inciso D), parte final.
El plazo para el pago de las obligaciones del beneficiario no podrá
exceder de treinta años.
La renta que el adquirente haya pagado como arrendatario, le será
computada como servicio de la deuda respectiva, sin perjuicio de los reintegros que correspondan por amortización.
Los adquirentes podrán designar el escribano que autorice la
contratación; si no lo hucieren, actuará el del Instituto. En este caso, no deberán pagar honorarios. Las copias de las escrituras se extenderán en papel administrativo y estarán exentas de todo gasto por concepto de impuestos, timbres o inscripción en los Registros de Traslaciones de Dominio y de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos. Iguales beneficios regirán en caso de contratación o cancelación de préstamos hipotecarios.
Cuando se trate de la construcción de viviendas para promitentes
compradores de inmuebles a plazo, la Comisión adquirirá el inmueble, previa cesión de la promesa de venta, y prometerá vender el terreno y el edificio a construir por el precio que se fije, computándose a favor del beneficiario lo que hubiere abonado ya por el terreno y mejoras aprovechables.
No regirán, para los contratos que realice la Comisión, las prohibiciones indicadas en los incisos B), C) y E) del artículo 5º de la ley número 8733 de 17 de Junio de 1931.
El adquirente deberá tomar a su cargo un seguro de vida mediante una
cuota que la Comisión fijará de acuerdo con el Banco de Seguros del Estado, para garantir a su familia, en caso de muerte, el pago de todas las cuotas que faltaren hasta la escrituración definitiva.
Mientras no se otorgue la escritura de compraventa, el promitente
comprador no podrá arrendar la propiedad, ni enajenar sus derechos sin autorización de la Comisión y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23. Serán nulos los contratos que realice contra esta prohibición y la
Comisión podrá, atendidas las circunstancias, declarar rescindidas sus
obligaciones con el interesado, sin necesidad de interpelación judicial. En ese caso, el interesado sólo tendrá derecho a la devolución de lo que hubiere abonado por amortización, sin perjuicio de los descuentos que correspondieren por concepto de las mejoras necesarias que exija la propiedad y de la renta pertinente durante el período de mora. Dichas mejoras se estimarán por la Comisión. Tampoco podrá efectuar ampliaciones o modificaciones en el inmueble, sin autorización de la Comisión, bajo pena de las sanciones precedentes.
El adquirente casado no podrá enajenar sus derechos respecto del bien,
sin consentimiento expreso de su esposa, ya sea antes o después de adquirido el dominio.
Las viviendas a que se refiere esta ley o los derechos de los promitentes compradores respectivos no podrán ser enajenados por los beneficiarios sino a personas que llenen las condiciones exigidas por la misma para su adquisición, salvo autorización otorgada por cuatro votos conformes de la Comisión o cuando ésta sea su adquirente.
La conservación de las fincas será de cargo de los beneficiarios. Por
motivos justificados, el Instituto podrá disponer la ejecución de los trabajos o el pago de los que se realicen, amortizándose su importe en cuotas complementarias que fijará la Comisión.
Las oficinas públicas dependientes de la Administración Central,
Municipios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y las empresas particulares bajo responsabilidad personal de los funcionarios o patronos omisos, efectuarán las retenciones de sueldos, salarios, remuneraciones de cualquier naturaleza, jubilaciones y pensiones que disponga el Instituto para el cumplimiento de obligaciones relacionadas con sus fines. Dichas
retenciones no podrán exceder del tercio de la remuneración o pasividad del obligado. El crédito del Instituto tendrá privilegio sobre cualquier otra obligación del deudor, salvo por alimentos; en ese caso, la parte embargable podrá llegar al cincuenta por ciento de aquélla para el cumplimiento de una y otra, en el mismo grado de preferencia.
Mientras el adquirente no haya adquirido el dominio, podrá rescindir el
contrato por causa justificada, a juicio de la Comisión, por cuatro votos
conformes, y, en ese caso, les serán devueltas las cantidades entregadas por concepto de amortización y el valor de las mejoras útiles que hubiere realizado con la aprobación de la Comisión, debiendo deducirse el importe de las reparaciones necesarias que haya que efectuar.
En caso de fallecimiento del adquirente, el cónyuge sobreviviente no podrá ser obligado a la división de la propiedad por los herederos, salvo el caso de nuevo matrimonio o de conducta irregular, declarada, a ese efecto, por el Juzgado Letrado de 1ª Instancia que corresponda. De este fallo habrá apelación en relación para ante el Tribunal de Apelaciones, cuya sentencia hará cosa juzgada.
Tanto en ese caso como en los de divorcio o separación de cuerpos, tampoco podrá dividirse mientras haya hijos menores, salvo autorización otorgada por el Juzgado de Menores o el Letrado de 1ª Instancia respectivo, con apelación en relación para ante el Tribunal de Apelaciones, cuya sentencia hará cosa juzgada.
En los casos aludidos en los dos apartados anteriores, cuando fuere
imposible o inconveniente a juicio del Juez la convivencia, se dará preferencia en el usufructo de la vivienda a los hijos menores o al cónyuge a cuyo cargo hubiere quedado el mayor número de éstos.
En caso de muerte del adquirente, la transmisión de derechos sucesorios
estará exenta de todo gravamen o impuesto, así como de sellado y costas, cuando se trate de herederos ascendientes, cónyuge o descendientes, sean legítimos o naturales, y la vivienda sea el único bien sucesorio. No se tomarán en cuenta, a este efecto, los muebles de uso de causante.
El Registro del Estado Civil expedirá gratuitamente las partidas
necesarias.
La mora se producirá por el solo vencimiento del término y dará motivo a resolución del contrato que la Comisión podrá disponer, previa intimación administrativa de pago y sin necesidad de procedimientos judiciales. Dispuesta la resolución el Instituto podrá tomar posesión de la propiedad previo el otorgamiento del plazo que considere adecuado al caso, que no podrá ser menor de quince días.
En los procedimientos contencioso-administrativos o judiciales a que dé
lugar la aplicación de esta ley, los arrendatarios o adquirentes gozarán del beneficio de pobreza.
Podrán también dar lugar a las sanciones previstas por el artículo 21 la conducta deshonesta de los ocupantes, el deterioro o insalubridad
culpable de la propiedad, o el destino de la misma a fines antisociales o contrarios a las buenas costumbres.
En caso de ejecución judicial, quedan suprimidos los trámites del juicio ejecutivo.
La tasación se hará por un solo tasador, que designará el Juzgado. En
caso de retasa, la efectuará el Juez. Las publicaciones en "Diario Oficial" se reducirán en un 25%, y no se cobrarán derechos en el Registro G. de Embargos e Interdicciones.
Cuando se produjere la resolución del contrato por mora, el adquirente
sólo tendrá derecho a lo previsto en el artículo 21, sin perjuicio del
descuento de las cantidades que adeude.
V - Franquicias
Los materiales de construcción de procedencia extranjera, con destino a
la construcción de dichas viviendas, estarán exentos de los derechos e
impuestos que graven su importación.
Las viviendas adquiridas o construidas bajo el régimen de esta ley,
quedan exoneradas de impuesto inmobiliario por el término de diez años, a contar de la fecha de su construcción o adquisición originaria, según los casos, y del 50% en los diez años siguientes.
El Instituto comunicará anualmente a la Dirección General de Impuestos
Directos las exoneraciones concedidas. Dicha Dirección entregará al Instituto las planillas respectivas.
Las empresas de construcción o de crédito u otras instituciones que se
dediquen exclusiva o parcialmente a edificar viviendas económicas, individuales o colectivas, quedarán exoneradas de impuesto nacionales mientas ejerzan dicha actividad y en proporción al capital que destinen a ésta. Será indispensable, para ello, que sus estatutos o contratos y los planos, memorias, condiciones de enajenación o locación y demás atinente a las viviendas, sea aprobado por el Instituto. Gozarán también, en ese caso, de las franquicias previstas en el artículo 41 y las viviendas que construyan estarán comprendidas en el beneficio establecido en el artículo 42. El Instituto fiscalizará la aplicación estricta de los beneficios y franquicias que conceda.
Para que correspondan unos y otros, será indispensable la autorización
expresa del Instituto.
Las casas adquiridas de acuerdo con esta ley serán inembargables mientras sean de propiedad de beneficiarios que estén en las condiciones previstas por la misma.
La excepción de inembargabilidad no podrá ser opuesta cuando se trate de deudas contraídas para la construcción, adquisición, modificación o reparación de la casa.
Todas las gestiones, certificaciones (inclusive de los Registros Públicos), informes, etc., relacionados con los fines de esta ley, se tramitarán en papel común, libre de timbres y derechos.
VI - Disposiciones generales
El Registro de Traslaciones de Dominio llevará un protocolo especial en
papel administrativo para realizar las inscripciones de los contratos de
compraventa de casas comprendidas en esta ley.
Los escribanos que autoricen instrumentos públicos o privados relacionados con el Instituto, entregarán a éste una copia simple destinada a su Archivo.
El Poder Ejecutivo y los Entes Autónomos podrán ceder, donar, vender o
permutar al Instituto, los inmuebles de su propiedad, con destino a los fines previstos por esta ley.
Tolas las resoluciones del Instituto que causen gravamen irreparable
serán apelables para ante el Poder Ejecutivo.
Si el recurso de apelación fuere denegado, el recurrente podrá interponer el de queja directa por ante dicho Poder.
En todos los contratos que realice el Instituto con los beneficiarios,
será obligatoria la entrega al interesado de una copia de esta ley, debiéndose dejar constancia expresa de haberse cumplido este requisito.
En los casos en que corresponda, los promitentes compradores están
obligados a exhibir anualmente el comprobante de estar pagado el impuesto
inmobiliario respectivo, lo que debern efectuar dentro del mes siguiente a aquél en que haya vencido el último plazo para su pago sin recargo. Se pondrá constancia de la presentación, en la planilla, devolviéndola al interesado. En caso de omisión del deudor, el Instituto obtendrá, por cuenta de aquél, la planilla correspondiente y su importe se considerará parte integrante del crédito, y será exigible al vencimiento de la primera cuota de la obligación principal.
Iigualmente está facultado el Instituto para pagar el pavimento, cordón, vereda, caños, colectores, obras sanitarias y cualquier otra deuda que grave la propiedad con un derecho real. El reintegro, por el deudor, de dichas cantidades, se efectuará por cuotas adicionales a la principal, distribuídas de modo que contemple los recursos del obligado y la finalidad de esta ley.
Derógase el inciso 21 del artículo 3º de la ley número 9463 de 19 de
Marzo de 1935 y las demás disposiciones que se opongan a la presente.
Disposiciones transitorias
Los beneficios otorgados por esta ley, regirán también para los promitentes compradores que hubieren realizado los contratos pertinentes con la actual Comisión de Viviendas Obreras.
Los bienes adquiridos por el Estado por intermedio de la Comisión de
Viviendas Obreras de acuerdo con el derecho de 30 de Enero de 1936, pasarán a integrar el patrimonio del Instituto.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo a 16 de
Noviembre de 1937.
JULIO CESAR CANESSA, Presidente. - Arturo
Miranda, Secretario.
Ministerio de Obras Públicas.
Montevideo, Noviembre 19 de 1937.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el R. N.