Ley 13.581
Se otorgan préstamos para la adquisición de viviendas para funcionarios y ex funcionarios de PLUNA, OSE, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Fiscalías, Caja de Compensaciones por Desocupación en las Barracas de Lanas, Cueros y Afines, Dirección de Loterías y Quinielas y Concejos Departamentales.
Poder Legislativo
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
CAPITULO I
PRIMERAS LINEAS URUGUAYAS DE NAVEGACION AEREA
Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA) otorgará préstamos en dinero a sus funcionarios presupuestados, eventuales con más de tres años de antigüedad en el Instituto o con diez años de servicios
reconocidos, y ex-funcionarios jubilados del Organismo con destino a
vivienda, en los casos, formas, plazos y condiciones que se establecen en
la Ley de Viviendas para los Funcionarios de ANCAP.
Los beneficios y obligaciones que en la ley expresada están referidos a
ANCAP o a sus funcionarios deben considerarse extendidos al Ente Autónomo
PLUNA o a los funcionarios de su dependencia, incluído lo establecido en
el artículo 19 de la misma.
El "Fondo para Vivienda de PLUNA" con el que se atenderán los préstamos se integrará con los siguientes recursos:
A) El 2 % (dos por ciento) de los ingresos o recaudaciones por concepto
de venta de pasajes, correo, o excesos de equipajes;
B) 10 (diez por ciento) de lo recaudado por concepto de ventas de
"entreport";
C) Los reintegros de los préstamos y sus correspondientes intereses;
D) Las sumas que el presupuesto de sueldos y gastos de PLUNA aprobados
conforme a lo despuesto en el artículo 222 y concordantes de la
Constitución de la República asigne al Fondo, con destino a vivienda;
E) Las donaciones y otras liberalidades que se otorguen al Fondo;
F) Los préstamos que pudieran obtenerse de instituciones nacionales con
cargo a ser reintegrados con los otros recursos del Fondo. El
Directorio de PLUNA podrá reducir el porcentaje aludido en el inciso A)
precedente, una vez satisfechas las necesidades del Fondo.
CAPITULO II
DIRECCION GENERAL DE CORREOS
Los beneficios a que se refiere la presente ley serán extensivos, en
las condiciones que en ella se expresan, a los funcionarios de la
Dirección General de Correos. A tal efecto, se autoriza a la misma la
emisión anual de hasta $ 30:000.000.00 (treinta millones de pesos) en
series postales de tipo especial y a actualizar tarifas con el fin
establecido.
A los efectos de la adjudicación de los préstamos para viviendas a que
se refiere el artículo anterior, se constituirá una Comisión Asesora
Honoraria de la Vivienda, integrada por tres miembros designados por la
Dirección General de Correos, uno de los cuales la presidirá, y dos
miembros electos por los funcionarios postales.
CAPITULO III
CAJA DE RETIRADOS Y PENSIONISTAS MILITARES
De la cantidad que deba pasar a Rentas Generales de acuerdo a los
dispuesto en los artículos 7° y 8° de la ley N° 11.780, de 20 de
noviembre de 1951, el 50 % (cincuenta por ciento) se verterá directamente
en la Caja de Retirados y Pensionistas Militares, con destino exclusivo a
la concesión de los préstamos hipotecarios a sus funcionarios
establecidos por la ley N° 12.108, de 21 de mayo de 1954, modificativas y
concordantes, sin perjuicio de los recursos creados pon esta última ley.
CAPITULO IV
ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay, a conceder préstamos en
dinero, con garantía hipotecaria a los obreros y funcionarios de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado con destino a vivienda
y con garantía hipotecaria del inmueble, en los siguientes casos:
A) Para construcción de edificios, comprendiendo la compra del terreno;
B) Para la compra de edificios ya construídos, así como para su simultánea
ampliación o refacción;
C) Para ampliación o refacción de la vivienda propiedad del funcionario;
D) Para cancelación o sustitución de gravámenes hipotecarios o deudas,
que se hubieran contraído para las mismas finalidades expresadas en
los apartados anteriores.
Se aplicará a estos préstamos las disposiciones contenidas en los
artículos 157 y 158 de la ley N.o 13.420, de 2 de diciembre de 1965.
Las disponibilidades anuales del "Fondo para la Vivienda de OSE",
serán distribuidas de la siguiente manera:
A) El 65 % (sesenta y cinco por ciento) para atender los beneficios
provistos en el inciso A) del artículo 6.o de la presente ley.
B) El 15 % (quince por ciento) para atender los beneficios previstos en
el inciso B) del artículo 6.o de la presente ley.
C) El 10 % (diez por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso C) del artículo 6.o de la presente ley.
D) El 5 % (cinco por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso D) del artículo 6.o de la presente ley.
E) El 5 % (cinco por ciento) para la formación de una reserva especial
destinada a cancelar el 50 % (cincuenta por ciento) de los saldos
deudores en los casos de fallecimiento del prestatario.
Los excedentes que pudieran producirse en cualquiera de los destinos
previstos por los incisos anteriores, serán redistribuídos por el
Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay entre los restantes destinos,
con el asesoramiento de la Comisión Honoraria que se crea en el artículo
24 de la presente ley.
Los inmuebles gravados con hipoteca para garantía de los préstamos
previstos por esta ley, estarán exentos de todos los tributos nacionales
que gravan la propiedad inmobiliaria durante un término de diez años, a
contar de la constitución del gravamen y siempre que éste no haya sido
cancelado.
Asimismo estarán exentos de todos los tributos nacionales que gravan
las trasmisiones inmobiliarias y los préstamos, los actos y contratos
relativos a la adquisición y gravamen de bienes financiados con los
préstamos previstos por esta ley.
Tendrán derecho a percibir los préstamos previstos en esta ley:
I) Los funcionarios con más de tres años de antigüedad.
II) Los funcionarios que cesen como tales después de la promulgación de
esta ley, por imposibilidad física o jubilación, siempre que llenen la
antigüedad requerida en el apartado I).
III) Los causahabientes con derechos a pensión de aquellos funcionarios
que fallecieran luego de la promulgación de esta ley, siempre que
hubieran prestado servicios por más de tres años.
Los funcionarios que tengan concedidos préstamos por Organismos del
Estado basados en leyes especiales, sólo podrán hacer uso de esta ley en
los casos establecidos en los incisos C) y D) del artículo 6.o.
El monto del préstamo a acordarse al funcionario quedará limitado por los siguientes factores:
A) El préstamo no podrá exceder del 100 % (cien por ciento) del valor de
tasación de los bienes a comprar y de las obras a realizar.
La tasación comprenderá el valor del terreno, los edificios,
medianeras, saneamiento, pavimentos, gastos de conexiones necesarias,
gastos de escrituras, mensuras y todos los honorarios profesionales
necesarios correspondientes a los actos, trámites y obras que hayan de
realizarse.
B) El préstamo para construcción no podrá exceder cantidad de $
450.000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos). A partir del 1° de
julio de 1967 esta suma será actualizada semestralmente de acuerdo al
índice de variación del costo de construcción establecido por el Banco
Hipotecario del Uruguay.
En el caso de que el préstamo se destine a la adquisición de una
vivienda ya construída el monto máximo se reducirá en un 20 % (veinte
por ciento).
El importe de la cuota mensual que se retendrá por concepto de
servicio del préstamo ascenderá al 20 % (veinte por ciento), del sueldo
mensual nominal. En caso de que el funcionario se jubile o fallezca, la
cuota ascenderá al 20 %, (veinte por ciento) de la pasividad que perciba
el funcionario o sus causahabientes. La institución prestamista ajustará
el importe de la cuota en cada ocasión en que se produzcan hechos que
originen esa modificación.
Los préstamos se otorgarán para ser reintegrados en un plazo de
treinta años, en cuotas mensuales, consecutivas, que comprenderán el pago
de la amortización, el interés que será del 6 % (seis por ciento) anual y
el de seguro de incendio que deberá realizarse en el Banco de Seguros del
Estado.
En caso de que el beneficiario hubiera cumplido con el pago de las
cuotas mensuales consecutivas durante los treinta años y no hubiese
llegado a cancelar el total de la deuda el saldo quedará cancelado
automáticamente.
La Contaduría General de la Nación o la oficina encargada de liquidar
los sueldos o jubilaciones efectuarán las retenciones necesarias de las
cuotas resultantes de la aplicación de la presente ley sobre las
asignaciones mensuales que perciben los beneficiarios de la misma.
Si el prestatario dejara de ser funcionario de 0.S.E., las condiciones
del préstamo que regirán desde el momento del cese, serán las siguientes:
A) En el caso de acogerse a la pasividad por decisión propia o por
incapacidad, el préstamo continuará sin modificación de sus condiciones
originales.
B) En caso de fallecimiento del prestatario los herederos, que sean
ascendientes, descendientes o colaterales, por consanguinidad hasta
tercer grado, (y siempre que en este último caso sean menores de edad,
carentes de recursos propios) y el cónyuge del funcionario, si a la
fecha del fallecimiento habitaban en el inmueble objeto del préstamo y
lo habían hecho desde un año antes o desde la fecha de su construcción
o adquisición, continuarán usufructuando el beneficio siempre que
destinen el bien a su vivienda propia permanente y cumplan todas las
restantes disposiciones de la ley y su reglamentación. La cuota a pagar
equivaldrá al 20 % (veinte por ciento) de la remuneración del último
cargo que hubiere desempeñado el funcionario, salvo que los
beneficiarios a que se refiere la primera parte de este inciso, sean
solamente pensionistas en cuyo caso la cuota equivaldrá al 20 % (veinte
por ciento) de la pensión. En tales casos el saldo deudor del préstamo
se reducirá a la mitad y los servicios se rebajarán proporcionalmente.
No dándose algunas de estas condiciones caducará el plazo del préstamo
y éste deberá ser cancelado dentro del término de ciento ochenta días.
C) En caso de cese por cualquier otra causa, el prestatario deberá seguir
pagando una cuota equivalente al 20 % (veinte por ciento) de la
remuneración del último cargo que hubiere desempeñado, o el 20 %
(veinte por ciento) de sus ingresos reales, si éstos fueran mayores
que aquél. No regirán para estos casos los beneficios establecidos en
la parte final del artículo 13.
El bien inmueble objeto de los préstamos previstos por esta ley, debe
ser destinado únicamente a vivienda permanente del prestatario y sus
familiares, no pudiendo arrendarse, ni destinarse a usos que no sean el de
habitación, ni total, ni parcialmente, salvo autorización expresa otorgada
por el Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, concedida por cuatro
votos conformes. En los casos en que el inmueble deje de ser utilizado
como habitación del funcionario y previa autorización correspondiente, la
finca será administrada por el Banco Hipotecario del Uruguay el que
destinará los arrendamientos que se obtuviesen a amortizaciones
extraordinarias de la deuda.
Los beneficiarios podrán proceder a la enajenación del inmueble
financiado total o parcialmente con los préstamos previstos por esta ley,
pero, en tal caso, el préstamo deberá cancelarse simultáneamente con la
escritura de enajenación o previamente a ella, no pudiendo los escribanos
intervinientes otorgar esa escritura sin que en ella conste la efectiva
satisfacción total de la deuda con el Banco Hipotecario del Uruguay,
realizada en base a la liquidación que proporcionará el Organismo.
Efectuada la enajenación, el prestatario no podrá volver a operar con
el "Fondo para la Vivienda de 0.S.E.", salvo que la enajenación haya sido
autorizada por haber sido trasladado el funcionario a desempeñar sus
tareas a una localidad distinta o por justificadas razones de salud, en
cuyo caso podrá volverse a operar con el Fondo.
También podrán volver a operar con el Fondo, pero una vez transcurridos
cinco años de la enajenación, cuando existieron razones excepcionales que
lo justifiquen a juicio de la unanimidad de los miembros del Directorio
del Banco Hipotecario del Uruguay.
Hasta que no se haya reducido el préstamo a la mitad, los bienes
estarán libres de ejecuciones y embargos, exceptuados los que puedan
resultar de la hipoteca a favor del Banco Hipotecario del Uruguay, o del
pago de pavimentos, saneamientos o impuestos.
Dentro de cada uno de los rubros en que se dividirá el Fondo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la presente ley la
prioridad en el otorgamiento del beneficio se determinará por medio de un
sistema de puntaje establecido en función de los siguientes factores:
A) Hogar Constituído.
B) Número de hijos y familiares a su cargo.
C) Antigüedad en el Organismo.
D) Carencia de vivienda propia.
En caso de que un beneficiario de la presente ley, adquiera una finca
ocupada por un arrendatario no podrá desalojarlo haciendo uso de las
causales de excepción previstas en los incisos 2.o y 5.o del artículo 27 de la ley N.o 13.292, de 1.o de octubre de 1964.
El Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, informará anualmente
al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General sobre el monto y utilización
del Fondo para la Vivienda de 0.S.E ", así como el número de solicitudes
pendientes.
Créase el "Fondo para la Vivienda de 0.S.E.", a cuyo fin se eleva el
8 % (ocho por ciento) el impuesto interno que grava a las bebidas sin
alcohol, por el inciso final del artículo 24 de la ley N° 11.490, de 18
de setiembre de 1950, modificado por el artículo 7° de la ley número 11.924, de 27 de marzo de 1953.
Esta ley se reglamentará dentro de los 60 días con el asesoramiento
de una Comisión Honoraria integrada por:
A) Un representante designado por el Directorio del Banco Hipotecario del
Uruguay, que la presidirá:
B) Un representante designado por el Directorio de la Administración de
las Obras Sanitarias del Estado.
C) Un delegado de los beneficiarios que será electo por votación secreta.
CAPITULO V
PODER JUDICIAL, TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FISCALIAS,
REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y REGISTROS
Primera Parte
Vivienda para los Magistrados
Autorízase al Banco Hipotecario del Uruguay a conceder préstamos en
dinero con garantía hipotecaria, a los titulares de los cargos previstos
en el artículo 233 de la Constitución de la República, que ejerzan sus
funciones en la capital de la República, con arreglo a lo previsto en
esta ley.
A tales efectos se afectarán hasta el 40 % (cuarenta por ciento) de los depósitos judiciales en custodia en el Banco de la República Oriental
del Uruguay, recibidos por sus dependencias o por intermedio de la Dirección General de Crédito Público.
A solicitud del Banco Hipotecario, el Banco de la República podrá realizar las transferencias a favor de aquél que se requieran para el cumplimiento de esta ley, las que asimismo denegará en casos de excederse
el porcentaje aludido.
Los préstamos se otorgarán para los siguientes fines:
A) Para construcción de edificios comprendiendo la compra del terreno.
B) Para la compra de edificios ya construídos, así como para su
simultánea ampliación o refacción.
C) Para ampliación o refacción de la vivienda propiedad del funcionario.
D) Para cancelación o sustitución de gravámenes hipotecarios o deudas,
que se hubieran contraído para las mismas finalidades expresadas en
los apartados anteriores.
Se aplicarán a estos préstamos las disposiciones contenidas en los
artículos 157 y 158 de la ley N.o 13.420, de 2 de diciembre de 1965.
Las disponibilidades anuales del "Fondo para la Vivienda de los
Magistrados" serán distribuídas de la siguiente manera:
A) El 70 % (setenta por ciento) para atender los beneficios previstos en
el inciso A) del artículo 26 de la presente ley.
B) El 15 % (quince por ciento) para atender los beneficios previstos en
el inciso B) del artículo 26 de la presente ley.
C) El 10 % (diez por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso C) del artículo 26 de la presente ley.
D) El 5 % (cinco por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso D) del artículo 26 de la presente ley.
Los excedentes que pudieran producirse en cualesquiera de los destinos
previstos por los incisos anteriores, serán redistribuídos por el Directorio del Banco Hipotecario entre los restantes destinos, con el asesoramiento de la Comisión Honoraria que se crea en el artículo 43 de
la presente ley.
Los inmuebles gravados con hipoteca para garantía de los préstamos
previstos por esta ley, estarán exentos de todos los tributos nacionales que gravan la propiedad inmobiliaria durante un término de diez años, a contar de la constitución del gravamen y siempre que éste no haya sido cancelado.
Asimismo estarán exentos de todos los tributos nacionales que gravan las trasmisiones inmobiliarias y los préstamos, los actos y contratos
relativos a la adquisición y gravamen de bienes financiados con los
préstamos previstos por esta ley.
Tendrán derecho a percibir los préstamos previstos en esta ley:
I) Los Magistrados con mas de tres años de antigüedad.
II) Los Magistrados que cesen como tales después de la promulgación de
esta ley, por imposibilidad física o jubilación, siempre que llenen
la antigüedad requerida en el apartado I).
III) Los causahabientes con derecho a pensión de aquellos Magistrados que
fallecieren luego de la promulgación de la ley, siempre que hubieren
prestado servicios por más de tres años.
Los Magistrados que tengan concedidos préstamos por organismos del Estado basados en leyes especiales, sólo podrán hacer uso de ésta ley en los casos establecidos en los incisos C) y D) del artículo 26.
El monto del préstamo a acordarse al Magistrado quedará limitado por los siguientes factores:
A) El préstamo no podrá exceder del 100 % (cien por ciento) del valor de
tasación de los bienes a comprar y de las obras a realizar.
La tasación comprenderá el valor del terreno, los edificios,
medianeras, saneamiento, pavimentos, gastos de conexiones necesarias,
gastos de escritura, mensuras y todos los honorarios profesionales
necesarios correspondientes a los actos, trámites y obras que hayan de
realizarse.
B) El préstamo para construcción no podrá exceder la cantidad de $
450.000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos). A partir del 1° de
julio de 1967, esta suma será actualizada semestralmente de acuerdo al
índice de variación del costo de la construcción, establecido por el
Banco Hipotecario.
En el caso de que el préstamo se destine a la adquisición de una
vivienda ya construída el monto máximo se reducirá en un 20 % (veinte por
ciento).
El importe de la cuota mensual que se retendrá por concepto de
servicios del préstamo ascenderá al 20 % (veinte por ciento) del sueldo
mensual nominal. En caso de que el Magistrado se jubile o fallezca, la
cuota ascenderá al 20 % (veinte por ciento) de la pasividad que perciba
el Magistrado o sus causahabientes. La institución prestamista ajustará
el importe de la cuota en cada ocasión en que se produzcan hechos que
originen esa modificación.
Los préstamos se otorgarán para ser reintegrados en un plazo máximo de
treinta años, en cuotas mensuales, consecutivas que comprenderán el pago
de la amortización, el interés que será del 6 % (seis por ciento) anual y
el de seguro de incendio que deberá realizarse en el Banco de Seguros del
Estado.
En caso que el beneficiario hubiera cumplido con el pago de las cuotas
mensuales consecutivas durante los treinta años y no hubiese llegado a
cancelar el total de la deuda, el saldo quedará cancelado
automáticamente.
La Contaduría General de la Nación o la oficina encargada de liquidar
los sueldos o jubilaciones efectuarán las retenciones necesarias de las
cuotas resultantes de la aplicación de la presente ley sobre las
asignaciones mensuales que perciben los beneficiarios de la misma.
Si el prestatario dejara de pertenecer a la Magistratura las
condiciones del préstamo que regirán desde el momento del cese, serán las
siguientes:
A) En el caso de acogerse a la pasividad por decisión propia o por
incapacidad, el préstamo continuará sin modificación de sus
condiciones originales.
B) En caso de fallecimiento del prestatario, los herederos que sean
ascendientes, descendientes o colaterales, por consanguinidad hasta
tercer grado (y siempre que en este último caso sean menores de edad,
carentes de recursos propios) y el cónyuge del Magistrado, si a la
fecha del fallecimiento habitaban en el inmueble objeto del préstamo y
lo habían hecho desde el año antes o desde la fecha de su construcción
o adquisición, continuarán usufructuando el beneficio siempre que
destinen el bien a su vivienda propia permanente y cumplan todas las
restantes disposiciones de la ley y su reglamentación. La cuenta a
pagar equivaldrá al 20 % (veinte por ciento) de la remuneración del
último cargo que hubiere desempeñado el funcionario, salvo que los
beneficiarios a que se refiere la primera parte de este inciso, sean
solamente pensionistas en cuyo caso la cuota equivaldrá al 20 %
(veinte por ciento) de la pensión. En tales casos el saldo deudor del
préstamo se reducirá a la mitad y los servicios se rebajarán
proporcionalmente.
No dándose alguna de estas condiciones caducará el plazo del
préstamo y éste deberá ser cancelado dentro del término de ciento
ochenta días.
C) En caso de cese por cualquier otra causa el prestatario deberá seguir
pagando una cuota equivalente al 20 % (veinte por ciento) de la
remuneración del último cargo que hubiera desempeñado, o el 20 %
(veinte por ciento) de sus ingresos reales, si éstos fueran mayores
que aquél.
No regirán para estos casos, los beneficios establecidos en la parte
final del artículo 33.
El bien inmueble objeto de los préstamos previstos por esta ley, debe
ser destinado únicamente a vivienda permanente del prestatario y sus
familiares, no pudiendo arrendarse ni destinarse a usos que no sean el de
habitación, ni total ni parcialmente, salvo autorización expresa otorgada
por el Directorio del Banco Hipotecario concedida por cuatro votos
conformes. En los casos en que el inmueble deje de ser utilizado como
habitación del Magistrado y previa autorización correspondiente, la
finca, será administrada por el Banco Hipotecario, el que destinará los
arrendamientos que,se obtuviesen a amortizaciones extraordinarias de la
deuda.
Los beneficiarios podrán proceder a la enajenación del inmueble
financiado total o parcialmente con los préstamos previstos por esta ley,
pero, en tal caso, el préstamo deberá cancelarse simultáneamente con la
escritura de enajenación, o previamente a ella, no pudiendo los
escribanos intervinientes otorgar esa escritura sin que en ella conste la
efectiva satisfacción total de la deuda con el Banco Hipotecario, realizada en base a la liquidación que proporcionará el Organismo.
Efectuada la enajenación del bien, el prestatario no podrá volver a
operar con el "Fondo para la Vivienda de los Magistrados" salvo que la
enajenación haya sido autorizada por haber sido trasladado el magistrado
a desempeñar sus tareas a una localidad distinta o por justificadas razones de salud, en cuyo caso podrá volverse a operar con el Fondo.
También podrán volver a operar con el Fondo, pero una vez
transcurridos cinco años de la enajenación cuando existieren razones excepcionales que lo justifiquen a juicio de la unanimidad de los
miembros del Directorio del Banco Hipotecario.
Hasta que no se haya reducido el préstamo a la mitad, los bienes
estarán libres de ejecuciones y embargos, exceptuados los que puedan
resultar de la hipoteca a favor del Banco Hipotecario, o del pago de
pavimentos, saneamientos o impuestos.
Dentro de cada uno de los rubros en que se dividirá el Fondo de
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la presente ley, la
prioridad en el otorgamiento del beneficio se determinará por medio de un
sistema de puntaje establecido en función de los siguientes factores:
A) Hogar Constituído.
B) Número de hijos y familiares a su cargo.
C) Antigüedad en el Organismo.
D) Carencia de vivienda propia.
En caso de que un beneficiario de la presente ley, adquiera una finca
ocupada, por un arrendatario, no podrá desalojarlo haciendo uso de las
causales de excepción previstas en los incisos 2° y 5° del artículo 27 de
la ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964.
El Directorio del Banco Hipotecario informará anualmente al Poder
Ejecutivo y a la Asamblea General sobre el monto y la utilización del
"Fondo para la Vivienda de los Magistrados", así como sobre el número de
solicitudes pendientes.
Esta ley se reglamentará dentro de los sesenta días con el
asesoramiento de una Comisión Honoraria integrada por cuatro miembros:
dos designados por el Directorio del Banco Hipotecario y dos por la Suprema Corte de Justicia.
Segunda parte
Vivienda para los funcionarios del Poder Judicial, del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, de las Fiscalías, del Registro de Estado
Civil y de los Registros, con excepción de los comprendidos en la primera
parte de este capítulo.
Autorízase al Banco Hipotecario a conceder préstamos en dinero, con
garantía hipotecaria, a los funcionarios del Poder Judicial con excepción
de los incluídos en la primera parte de este capítulo del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, de las Fiscalías, del Registro de Estado
Civil y de los Registros, con destino a vivienda y con garantía hipotecaria del inmueble, en los siguientes casos:
A) Para construcción de edificios, comprendiendo la compra del terreno.
B) Para la compra de edificios ya construídos, así como para su
simultánea amplificación o refacción.
C) Para ampliación o refacción de la vivienda propiedad del funcionario.
D) Para cancelación o sustitución de gravámenes hipotecarios o deudas,
que se hubieran contraído para las mismas finalidades expresadas en
los apartados anteriores.
Se aplicará a estos préstamos las diposiciones contenidas en los artículos 157 y 158 de la ley N° 13.420, de 2 de diciembre de 1965.
Las disponibilidades anuales del "Fondo para la Vivienda para
funcionarios del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de las Fiscalías, del Registro de Estado Civil y de los Registros" serán distribuídas de las siguiente manera:
A) El 65 % (sesenta y cinco por ciento) para atender los beneficios
previstos en el inciso A) del artículo anterior.
B) El 15 % (quince por ciento) para atender los beneficios previstos en
el inciso B) del artículo anterior.
C) El 10 % (diez por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso C) del artículo anterior.
D) El 5 % (cinco por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso D) del artículo anterior.
E) El 5 % (cinco por ciento) para la formación de una reserva especial
destinada a cancelar el 50 % (cincuenta por ciento de los saldos
deudores en los casos de fallecimiento del prestatario.
Los excedentes que pudieran producirse en cualquiera de los destinos
previstos por los incisos anteriores, serán redistribuídos por el
Directorio del Banco Hipotecario entre los restantes destinos, con el
asesoramiento de la Comisión Honoraria que se crea en el artículo 62 de
la presente ley.
Los inmuebles gravados con hipoteca para garantía de los préstamos
previstos por esta ley, estarán exentos de todos los tributos nacionales
que gravan la propiedad inmobiliaria durante un término de diez años, a
contar de la constitución del gravamen y siempre que éste no haya sido
cancelado.
Asimismo estarán exentos de todos los tributos nacionales que gravan las trasmisiones inmobiliarias y los préstamos, los actos y contratos
relativos a la adquisición y gravamen de bienes financiados con los
préstamos previstos por esta ley.
Tendrán derecho a percibir los préstamos previstos en esta ley:
I) Los funcionarios con más de tres años de antigüedad.
II) Los funcionarios que cesen como tales después de la promulgación de
esta ley, por imposibilidad física o jubilación, siempre que llenen
la antigüedad requerida en el apartado I).
III) Los causahabientes con derecho a pensión de aquellos funcionarios
que fallecieron luego de la promulgación de la ley, siempre que
hubieran prestado servicios por más de tres años.
Los funcionarios que tengan concedidos préstamos por organismos del
Estado basado en leyes especiales, sólo podrán hacer uso de esta ley en los casos establecidos en los incisos C) y D) del artículo 44.
El monto del préstamo a acordarse al funcionario quedará limitado por los siguientes factores:
A) El préstamo no podrá exceder del 100 % (cien por ciento) del valor de
tasación de los bienes a comprar y de las obras a realizar.
La tasación comprenderá el valor del terreno, los edificios,
medianeras, saneamiento, pavimentos, gastos de conexiones necesarias,
gastos de escrituras, mensuras y todos los honorarios profesionales
necesarios correspondientes a los actos, trámites y obras que hayan de
realizarse.
B) El préstamo para construcción no podrá exceder la cantidad de $
450.000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos). A partir del 1° de
julio de 1967 esta suma será actualizada semestralmente de acuerdo al
índice de variación del costo de construcción, establecido por el
Banco Hipotecario.
En el caso de que el préstamo se destine a la adquisición de una
vivienda ya construída el monto máximo se reducirá en un 20 % (veinte
por ciento).
El importe de la cuota mensual que se retendrá por concepto de
servicio del préstamo ascenderá al 20 % (veinte por ciento) del sueldo
mensual nominal. En caso de que el funcionario se jubile o fallezca, la
cuota ascenderá al 20 % (veinte por ciento) de la pasividad que perciba
el funcionario o sus causahabientes. La institución prestamista ajustará el importe de la cuota en cada ocasión en que se produzcan hechos que
originen esa modificación.
Los préstamos se otorgarán para ser reintegrados en un plazo máximo de
treinta años, en cuotas mensuales, consecutivas que comprenderán el pago
de la amortización, el interés que será del 6 % (seis por ciento) anual y
el de seguro de incendio que deberá realizarse en el Banco de Seguros del
Estado.
En caso que el beneficiario hubiera cumplido con el pago de las cuotas
mensuales consecutivas durante los treinta años y no hubiese llegado a
cancelar el total de la deuda el saldo quedará cancelado automáticamente.
La Contaduría General de la Nación o la oficina encargada de liquidar
los sueldos o jubilaciones efectuarán las retenciones necesarias de las
cuotas resultantes de la aplicación de la presente ley sobre las
asignaciones mensuales que perciban los beneficiarios de la misma.
Si el prestatario dejara de ser funcionario judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de las Fiscalías, del Registro de Estado Civil y de los Registros, las condiciones del préstamos que regirán desde el momento del cese serán las siguientes:
A) En el caso de acogerse a la pasividad por decisión propia o por
incapacidad, el préstamo continuará sin modificación de sus
condiciones originales.
B) En caso de fallecimiento del prestatario los herederos que sean
ascendientes, descendientes o colaterales, por consanguinidad hasta
tercer grado (y siempre que en este último caso sean menores de edad,
carentes de recursos propios) y el cónyuge del funcionario si a la
fecha del fallecimiento habitaban en el inmueble objeto del préstamo y
lo habían hecho desde un año antes o desde la fecha de su construcción
o adquisición, continuarán usufructuando el beneficio siempre que
destinen el bien a su vivienda propia permanente y cumplan, todas las
restantes disposiciones de la ley y su reglamentación.
La cuota a pagar equivaldrá al 20 % (veinte por ciento) de la
remuneración del último cargo que hubiere desempeñado el funcionario,
salvo que los beneficiarios a que se refiere la primera parte de este
inciso, sean solamente pensionistas en cuyo caso la cuota equivaldrá
al 20 % (veinte por ciento) de la pensión.
En tales casos el saldo deudor del préstamo se reducirá a la mitad y
los servicios se rebajarán proporcionalmente. No dándose algunas de
estas condiciones caducará el plazo del préstamo y éste deberá ser
cancelado dentro del término de ciento ochenta días.
C) En caso de cese por cualquier otra causa, el prestatario deberá seguir
pagando una cuota equivalente al 20 % (veinte por ciento) de la
remuneración del último cargo que hubiere desempeñado, o el 20 %
(veinte por ciento) de sus ingresos reales, si éstos fueran mayores
que aquél. No regirán para estos casos los beneficios establecidos en
la parte final del artículo 51.
El bien inmueble objeto de los préstamos previstos por esta ley, debe
ser destinado únicamente a vivienda permanente del prestatario y sus
familiares, no pudiendo arrendarse ni destinarse a usos que no sean el de
habitación, ni total ni parcialmente, salvo autorización expresa otorgada
por el Directorio del Banco Hipotecario concedida por cuatro votos
conformes. En los casos en que el inmueble deje de ser utilizado como
habitación del funcionario y previa autorización correspondiente, la
finca será administrada por el Banco Hipotecario el que destinará los
arrendamientos que se obtuviesen a amortizaciones extraordinarias de la
deuda.
Los beneficiarios podrán proceder a la enajenación del inmueble
financiado total o parcialmente con los préstamos previstos por esta ley pero, en tal caso, el préstamo deberá cancelarse simultáneamente con la escritura de enajenación, o previamente a ella, no pudiendo los
escribanos intervinientes otorgar esa escritura sin que en ella conste la
efectiva satisfacción total de la deuda con el Banco Hipotecario, realizada en base a la liquidación que proporcionará el Organismo.
Hasta que no se haya reducido el préstamo a la mitad, los bienes
estarán libres de ejecuciones y embargos, exceptuados los que puedan
resultar de la hipoteca a favor del Banco Hipotecario, o del pago de
pavimentos, saneamientos o impuestos.
Efectuada la enajenación del bien, el prestatario no podrá volver a
operar con el "Fondo para la Vivienda para Funcionarios del Poder
Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de las
Fiscalías, del Registro Civil y de los Registros", salvo que la enajenación haya sido autorizada por haber sido trasladado el funcionario
a desempeñar sus tareas a una localidad distinta o por justificadas razones de salud, en cuyo caso podrá volverse a operar con el Fondo.
También podrán volver a operar con el Fondo, pero una vez
transcurridos cinco años de la enajenación, cuando existieren razones excepcionales que lo justifiquen a juicio de la unanimidad de los
miembros del Directorio del Banco Hipotecario.
Dentro de cada uno de los rubros en que se dividirá el Fondo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la presente ley, la prioridad en el otorgamiento del beneficio se determinará por medio de un
sistema de puntaje establecido en función de los siguientes factores:
A) Hogar Constituido.
B) Número de hijos y familiares a su cargo.
C) Antigüedad en el Organismo.
D) Carencia de vivienda propia.
En caso de que un beneficiario de la presente ley, adquiera una finca
ocupada por un arrendatario no podrá desalojarlo haciendo uso de las
causales de excepción previstas en los incisos 2° y 5° del artículo 27 de
la ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964.
El Directorio del Banco Hipotecario informará anualmente al Poder
Ejecutivo y a la Asamblea General sobre el monto y utilización del "Fondo
para la Vivienda", así como el número de solicitudes pendientes.
Créase el "Fondo para la Vivienda para Funcionarios del Poder
Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de las
Fiscalías, del Registro de Estado Civil y de los Registros", el que
estará formado con impuesto a los gananciales, restableciéndose al efecto
el gravamen fijado por el artículo 14 de la ley N° 9.069, de agosto de 1933.
Los obligados pagarán sobre la parte de gananciales que les corresponda, el 50 % (cincuenta por ciento) del impuesto de herencias que
abonan los descendientes, en la misma forma y condiciones que éstos.
El producido de este impuesto tendrá el destino que se expresa en el
artículo 44 de la presente ley.
Esta ley se reglamentará dentro de los sesenta días con el asesoramiento de una Comisión Honoraria, integrada por:
A) Un representante designado por el Directorio del Banco Hipotecario,
que la presidirá.
B) Un representante designado por la Suprema Corte de Justicia.
C) Un representante designado por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
D) Un representante designado por el Ministerio de Instrucción Pública y
Previsión Social y por tres delegados de los beneficiarios que serán
propuestos cada uno por la o las entidades gremiales que los
represente y electos por votación secreta.
CAPITULO VI
CAJA DE COMPENSACIONES POR DESOCUPACION EN
LAS BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y AFINES
Sustitúyese el artículo 2o. de la ley número 13.117, de 31 de octubre de 1962, por el siguiente:
"Artículo 2° Serán beneficiarios de los referidos préstamos:
A) Los funcionarios y obreros afiliados a la Caja de Compensaciones por
Desocupación en las Barracas de Lanas, Cueros y Afines, con una
antigüedad en el Organismo no inferior a cinco años y un mínimo de
diez años computables a los efectos jubilatorios.
B) Los ex funcionarios y ex obreros de la expresada Caja que habiendo
prestado servicios en la misma durante cinco años o más, hayan cesado
por jubilación o renuncia, debiendo en este último caso, ocupar cargos
remunerados en la Administración Pública y computar no menos de diez
años a los efectos jubilatorios.
C) El cónyuge o descendientes, en ese orden, de funcionarios de la Caja,
siempre que tengan derecho a pensión del causante y que éste no
hubiera hecho uso del préstamo, no obstante reunir en el momento de su
deceso las condiciones exigidas en los incisos A) y B). En el caso de
este inciso, la concesión del préstamo a un beneficiario, excluye a
los demás.
Se dará prioridad en el otorgamiento de estos préstamos a los obreros
y funcionarios en actividad."
CAPITULO VII
DIRECCION DE LOTERIAS Y QUINIELAS
La Dirección de Loterías y Quinielas otorgará préstamos en dinero a
sus funcionarios, con destino a vivienda y con garantía hipotecaria del
inmueble en los siguientes casos:
A) Para construcción de edificios, comprendiendo la compra del terreno.
B) Para la compra de edificios ya construídos, así como para su
simultánea ampliación o refacción.
C) Para ampliación o refacción de la vivienda propia del funcionario.
D) Para cancelación o sustitución de gravámenes hipotecarios o deudas,
que se hubieran contraído para las mismas finalidades expresadas en
los apartados anteriores.
Se aplicarán a estos préstamos las disposiciones contenidas en los
artículos 157 y 158 de la ley N° 13.420, de 2 de diciembre de 1965.
El "Fondo para la Vivienda de Loterías y Quinielas", con el que se
atenderán los préstamos se integrará con los siguientes recursos:
A) El 2 % (dos por ciento) del precio de venta de los billetes de lotería.
B) Los reintegros de los préstamos y sus correspondientes intereses.
C) Las donaciones y otras liberalidades que se otorgarán al Fondo.
Las disponibilidades anuales del "Fondo para la Vivienda" serán
distribuidas de la siguiente manera:
A) El 70 % (setenta por ciento) para atender los beneficios previstos en
el inciso A) del art. 64 de la presente ley.
B) El 15 % (quince por ciento) para atender los beneficios previstos en
el inciso B) del art. 64 de la presente ley.
C) El 10 % (diez por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso C) del artículo 64 de la presente ley.
D) El 5 % (cinco por ciento) para atender los beneficios previstos en el
inciso D) del artículo 64 de la presente ley.
Los excedentes que pudieran producirse en cualquiera de los destinos
previstos por los incisos anteriores, serán redistribuído entre los restantes destinos por la Comisión que se crea en el artículo 82 de la presente ley.
Los inmuebles gravados con hipotecas para garantía de los préstamos
por esta ley, estarán exentos de todos los tributos nacionales que gravan
la propiedad inmobiliaria durante un término de diez años a contar de la
constitución del gravamen y siempre que éste no haya sido cancelado.
Asimismo estarán exentos de todos los tributos nacionales que gravan las trasmisiones inmobiliarias y los préstamos, los actos y contratos
relativos a la adquisición y gravamen de bienes financiados con los
préstamos previstos por esta ley.
Tendrán derecho a percibir los préstamos previstos en esta ley:
I) Los funcionarios con más de tres años de antigüedad.
II) Los funcionarios que cesen como tales después de la promulgación de
esta ley, por imposibilidad física o jubilación, siempre que llenen
la antigüedad requerida en el apartado I).
III) Los causahabientes con derecho a pensión de aquellos funcionarios
que fallecieren luego de la promulgación de la ley, siempre que
hubieron prestado servicio por más de tres años.
Los funcionarios que tengan concedidos préstamos por organismos del
Estado basados en leyes especiales, sólo podrán hacer uso d eesta ley en
los casos establecidos en los incisos C) y D) del artículo 64.
El monto del préstamo a acordarse al funcionario quedará limitado por los siguientes factores:
A) El préstamo no podrá exceder del 100 % (cien por ciento del valor de
tasación de los bienes a comprar y de las obras a realizar. La
tasación comprenderá el valor del terreno, los edificios, medianeras,
saneamiento, pavimentos, gastos de escritura, mensuras y todos los
honorarios profesionales, necesarios correspondientes a los actos,
trámites y obras que hayan de realizarse.
B) El préstamo para construcción no podrá exceder la cantidad de $
450.000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos). A partir del 1° de
julio de 1967 esta suma será actualizada semestralmente de acuerdo al
índice de variación del costo de la construcción, establecido por el
Banco Hipotecario del Uruguay. En el caso de que el préstamo se
destine a la adquisición de una vivienda ya construída el monto máximo
se reducirá en un 20 % (veinte por ciento).
El importe de la cuota mensual que se retendrá por concepto de
servicios del préstamo ascenderá al 20 % (veinte por ciento) del sueldo
mensual nominal. En el caso de que el funcionario se jubile o fallezca la
cuota ascenderá al 20 % (veinte por ciento) de la pasividad que perciba
el funcionario o sus causahabientes. La institución prestamista ajustará el importe de la cuota en cada ocasión en que se produzcan hechos que
originen esa modificación.
Los préstamos se otorgarán para ser reintegrados en un plazo máximo de
treinta años en cuotas mensuales, consecutivas que comprenderán el pago
de la amortización, el interés que será del 6 % (seis por ciento) anual y
el de seguro de incendio que deberá realizarse en el Banco de Seguros del
Estado. En caso que el beneficiario hubiera cumplido con el pago de las
cuotas mensuales consecutivas durante los treinta años y no hubiese
llegado a cancelar el total de la deuda, el saldo quedará cancelado
automáticamente.
La Dirección de Loterías y Quinielas o los organismos correspondientes
por cuenta de ésta, efectuarán las retenciones necesarias de las cuotas
resultantes de la aplicación de la presente ley sobre las asignaciones
mensuales que perciben sus funcionarios y ex funcionarios.
Si el prestatario dejara de pertenecer al personal de la Dirección de
Loterías y Quinielas, las condiciones del préstamo que regirán desde el momento del cese serán las siguientes:
A) En el caso de acogerse a la pasividad por decisión propia o por
incapacidad, el préstamo continuará sin modificación de sus
condiciones originales.
B) En caso de fallecimiento del prestatario, los herederos que sean
ascendientes, descendientes, o colaterales, por consanguinidad hasta
tercer grado (y siempre que en este último caso sean menores de edad,
carentes de recursos propios) y el cónyuge del funcionario, si a la
fecha del fallecimiento habitaban en el inmueble objeto del préstamo y
lo habían hecho desde un año antes o desde la fecha de su construcción
o adquisición continuarán usufructuando el beneficio siempre que
destinen el bien a su vivienda propia permanente y cumplan todas las
restantes disposiciones de la ley y su reglamentación. La cuota a
pagar equivaldrá al 20 % (veinte por ciento) de la remuneración del
último cargo que hubiere desempeñado el funcionario, salvo que los
beneficiarios a que se refiere la primera parte de este inciso, sean
solamente pensionistas en cuyo caso la cuota equivaldrá al 20 %
(veinte por ciento) de la pensión. En tales casos el saldo deudor del
préstamo se reducirá a la mitad y los servicios se rebajarán
proporcionalmente. No dándose algunas de estsa condiciones caducará el
plazo del préstamo y éste deberá ser cancelado dentro del término de
ciento ochenta días.
C) En caso de cese por cualquier causa, el prestatario deberá seguir
pagando una cuota equivalente al 20 % (veinte por ciento) de la
remuneración del último cargo que hubiere desempeñado, o el 20 %
(veinte por ciento) de sus ingresos reales, si éstos fueran mayores
que aquél. No regirán para estos casos los beneficios establecidos en
la parte final del artículo 73.
Para la ejecución de las hipotecas que garanticen los préstamos que prevé la presente ley, regirán en beneficio de la Dirección de Loterías y
Quinielas, todos los privilegios y disposiciones acordadas al Banco Hipotecario del Uruguay y su Carta Orgánica.
El bien inmueble objeto de los préstamos previstos por esta ley, debe
ser destinado únicamente a vivienda permanente del prestatario y sus
familiares, no pudiendo arrendarse ni destinarse a usos que no sean el de
habitación, ni total ni parcialmente, salvo autorización expresa otorgada
por la Comisión que se crea en el artículo 82 concedida por unanimidad.
En los casos en que el inmueble deje de ser utilizado como habitación del
funcionario y previa autorización correspondiente, la finca será
administrada por la Comisión que se crea en el artículo 82, la que
destinará los arrendamientos que se obtuviesen a amortizaciones
extraordinarias de la deuda.
Los beneficiarios podrán proceder a la enajenación del inmueble
financiado total o parcialmente con los préstamos previstos por esta ley
pero en tal caso, el préstamo deberá cancelarse simultáneamente con la
escritura de enajenación o previamente a ella, no pudiendo los escribanos
intervinientes otorgar esa escritura sin que en ella conste la efectiva
satisfacción total de la deuda, con la Comisión que se crea en el
artículo 82, realizada en base a la liquidación que proporcionará el Organismo.
Efectuada la enajenación del bien, el prestatario no podrá volver a
operar con el "Fondo para la Vivienda de Loterías y Quinielas", salvo que
la enajenación haya sido autorizada por haber sido trasladado el
funcionario a desempeñar sus tareas a una localidad distinta o por
justificadas razones de salud, en cuyo caso podrá volverse a operar con
el Fondo.
Hasta que no se haya reducido el préstamo a la mitad, los bienes
estarán libres de ejecuciones y embargos, exceptuados los que puedan
resultar de la hipoteca a favor de la Comisión que se crea por el
artículo 82, del pago de pavimentos, saneamiento o impuestos.
Dentro de cada uno de los rubros en que se dividirá el Fondo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 67, de la presente ley, la prioridad en el otorgamiento del beneficio se determinará por medio de un
sistema de puntaje establecido en función de los siguientes factores:
A) Hogar Constituído.
B) Número de hijos y familiares a su cargo.
C) Antigüedad en el Organismo.
D) Carencia de vivienda propia.
Esta ley se reglamentará dentro de los sesenta días de su
promulgación, con el asesoramiento de una Comisión Paritaria integrada
con el Director o Sub-director de la Oficina que la presidirá, un
delegado del Ministerio de Hacienda y dos delegados de los beneficiarios.
En caso de empate el Presidente tendrá doble voto.
Los delegados de los beneficiarios serán propuestos por la o las
entidades gremiales que los representen y electos por votación secreta. Dicha Comisión tendrá también carácter de asesora en la adjudicación y administración de los préstamos.
En caso de que un beneficiario de la presente ley, adquiera una finca
ocupada por un arrendatario no podrá desalojarlo haciendo uso de las
causales de excepción previstas en los incisos 2° y 5° del artículo 27 de
la ley N° 13.292, de 1° de octubre de 1964.
La Comisión que se crea en el artículo 82, informará anualmente al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General sobre el monto y utilización del "Fondo para la Vivienda de Loterías y Quinielas", así como sobre el
número de solicitudes pendientes.
Facúltase a la Dirección de Loterías y Quinielas para concertar un
convenio con el Banco Hipotecario del Uruguay, a los efectos de que por,
intermedio de éste, puedan efectuarse los servicios de tasación y
asesoramientos a los efectos de cumplir con los propósitos de esta ley.
Al finalizar cada ejercicio, si hubiera excedente en el Fondo y no se
registran nuevas solicitudes de préstamos, se les otorgará préstamos para
viviendas, hasta el monto de dicho excedente, a los funcionarios de la Tesorería General de la Nación.
El remanente que quedara en cada ejercicio se pasará al Tesoro Nacional.
CAPITULO VIII
CONCEJOS DEPARTAMENTALES
Autorízase al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay a conceder
préstamos en efectivo para los empleados y obreros municipales
presupuestados en toda la República, a aquellos que tengan más de seis
años de servicios continuados en la institución, y a los ex funcionarios
jubilados, hasta por el valor total del costo del inmueble, para la
adquisición o construcción de fincas con destino a vivienda propia.
Estos beneficios regirán también los casos de refacción o ampliación
de viviendas, o cancelación de gravámenes que reporte la misma en el momento de promulgarse esta ley. El préstamo no podrá exceder de $
450.000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos).
La cuota que se retendrá por interés y amortización más la adicional
por seguro de vida o por garantía, no podrá exceder del 35 % (treinta y
cinco por ciento) del sueldo mensual del empleado, obrero o jubilado, en
el momento de realizar la operación. Los empleados, obreros y jubilados
municipales, gestionarán por sí, o por intermedio del Banco Hipotecario
del Uruguay, los seguros de vida, ya sean personales o colectivos.
El tipo de interés y demás condiciones de los préstamos que se
realicen de conformidad con esta ley, serán determinados por el
Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.
Quedan facultados los Concejos Departamentales en todo el territorio
de la República, para retener de los sueldos de sus empleados y obreros
la cuota que corresponda para pago de intereses, amortizaciones, seguros
y demás gastos que correspondan a las operaciones que por esta ley se
autorizan. Igual facultad se concede a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Civiles y Escolares para los jubilados de los Municipios. Estas
retenciones deberán verterse mensualmente al Banco Hipotecario del
Uruguay y se adjudicarán en la cuenta respectiva de cada usuario del préstamo.
Quienes se acojan a los beneficios de esta ley no podrán:
A) Ser propietarios, en el momento, de otra vivienda;
B) Destinar la finca a otra familia en alquiler sin autorización del
Banco Hipotecario.
Los préstamos deberán ser totalmente amortizados en un máximo de 360
meses y podrán ser aumentados en proporción a los aumentos de sueldos o
pasividades de los interesados.
Las viviendas adquiridas, construídas, refaccionadas o ampliadas por
esta ley y los terrenos estarán exonerados del pago de la Contribución
Inmobiliaria durante los diez primeros años y durante diez años más en un
50 % (cincuenta por ciento).
Cuando dos o más beneficiarios manifiesten interés en construir
vivienda tipo "propiedad horizontal" y en comprar un solo terreno, se
admitirá el sistema, y el préstamo consistirá en la suma de los préstamos
de cada uno.
Los Concejos Departamentales quedan facultados para realizar la
importación de materiales y artículos de construcción a solicitud de los
beneficiarios de esta ley.
Igual podrá actuar el Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de
Precios.
Admitirá el Banco Hipotecario la administración directa de los
gestionantes en la construcción, refacción o ampliación de la vivienda,
autorizándose a las Direciones de Obras Municipales a firmar los planos
correspondientes y vigilar su estricto cumplimiento.
CAPITULO IX
ENCARGADOS DE VIVIENDAS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE VIVIENDAS ECONOMICAS
Los funcionarios encargados de las viviendas de grupos organizados y
de los departamentos de bloques colectivos de INVE, tendrán igual derecho
que los arrendatarios a los efectos de los beneficios establecidos en las
leyes Nos. 12.528 y 13.387 de 23 de Setiembre de 1958 y 16 de Noviembre
de 1965, respectivamente.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Asamblea General en Montevideo, a 20 de diciembre de 1966.
MARTIN R. ECHEGOYEN, Presidente. - José Pastor Salvañach,
Secretario. - G. Collazo Moratorio, Secretario.
_______________
Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.
Ministerio de Industrias y Trabajo.
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Obras Públicas.
Ministerio de Interior.
Montevideo, 28 de Diciembre de 1966.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.
Por el Consejo: PENADES, Presidente (ad-hoc) - DARDO ORTIZ. - JUAN E. PIVEL DEVOTO. - FRANCISCO M. UBILLOS. - Gral. PABLO C. MORATORIO. - ISIDORO VEJO RODRIGUEZ. - NICOLAS STORACE ARROSA. - Modesto Burgos Morales, Secretario.