Ley 13.893
Se estructura un régimen sobre unificación de aportaciones patronales y obreras correspondientes a la Industria de la Construcción, por concepto
de beneficios sociales y se fijan diversas normas reguladoras de las actividades de ese sector industrial.
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Las aportaciones patronales y obreras correspondientes a la Industria
de la Construcción por concepto de jubilación, asignaciones familiares, Seguro de Enfermedad, Seguro por Accidentes del Trabajo y Fondo Nacional de Viviendas, de acuerdo a las leyes N.os 9.196, 12.571, 11.618, 12.572, 12.949 y 13.728 y sus modificativas y concordantes, así como todas aquellas análogas o similares que se establezcan en el futuro relativas a
la mencionada industria, quedarán sometidas al régimen creado por la presente ley.
A esos efectos declárase obligatoria la afiliación al Banco de Previsión Social, al Consejo Central de Asignaciones Familiares, al Banco
de Seguros del Estado y a CHAMSEC, de todas las empresas y trabajadores
de la Construcción. Para éste y demás fines establecidos en la presente ley, el Consejo Central de Asignaciones Familiares, con la intervención que corresponda de las Cajas de Asignaciones Familiares asumirán las funciones de Organismo Registrador y Recaudador.
En esa calidad, el Consejo Central da Asignaciones Familiares exigirá
a las empresas comprendidas en esta ley, constancia de su inscripción en la Dirección General Impositiva.
Declárase también obligatoria la inscripción en el Registro de
Trabajadores de la Industria de la Construcción a que se refieren los artículos 36 y 37, de todos los trabajadores empleados en actividades de
la Industria de la Construcción.
Créase el Registro de la Construcción, donde deberá inscribirse toda
obra o trabajo relativo a construcción, refacción, reforma o demolición que se realice en toda propiedad, sea ésta pública o privada.
El Registro de la Construcción funcionará en las Cajas de Compensaciones y dependencias que establezca el Consejo Central de Asignaciones Familiares. La inscripción en el mismo será gratuita.
Estarán habilitados para realizar obras o trabajos de construcción,
refacción, reforma o demolición, quienes cumplan con lo establecido en el
artículo 28 y demás disposiciones de esta ley, en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo.
Son actividades de la Industria de la Construcción a los efectos de
esta ley, las que desarrolle cualquier persona física o jurídica, destinadas a la construcción, refacción, reforma o demolición, para sí o para terceros, sea como constructor, subcontratista o fabricante de material o artículos de construcción, realizando cualquiera de las actividades específicas que a continuación se detalla:
Empresas de fabricación de:
-aserrado y pulido de mármoles;
-aserrado y pulido de granitos;
-molienda de minerales para la construcción;
-elementos de herrería y o carpintería metálica;
-mezclas;
-cemento Portland;
-cal;
-artículos de hormigón;
-artículos de fibro-cemento;
-baldosas en general;
-monolíticos;
-cerámica roja;
-cerámica refractaria;
-parquet;
-puertas; ventanas, marcos; cortinas y "brisse soleil" de plástico y o de
aluminio;
-elementos de carpintería de obra blanca;
-chapas galvanizadas;
-chapas de aluminio;
-artículos de fibras asfálticas;
-artículos de impermeabilización;
Empresas de extracción de:
-arena;
-balasto o pedregullo o tierra;
-piedras en general para la construcción;
-mármol;
-granito;
Empresas de obra de:
-instalación y mantenimiento de ascensores;
-excavaciones y rellenos;
-cubiertas o techos;
-impermeabilización en general;
-pinturas y empapelados;
-andamiajes en general;
-calefacción en general y aire acondicionado;
-demoliciones;
-instalaciones eléctricas;
-frentistas y revoques;
-estucadores, yeseros, escultores y moldeadores;
-pilotajes;
-instalaciones de obras sanitarias;
-colocación de revestimientos, pisos, tejas;
-colocación de vidrios;
-elementos de carpintería de madera;
-pulidoras de pisos;
-pisos de madera y parquet;
-colocación de pisos de madera y parquet;
Empresas constructoras de:
-carreteras, caminos, calles, veredas, puentes y alcantarillas
(pavimento);
-construcciones funerarias;
-arquitectura e ingeniería civil en general, tales como:
a) edificios de habitación;
b) edificios comerciales;
c) edificios religiosos;
d) edificios de enseñanza o culturales;
e) edificios deportivos;
f) edificios administrativos;
g) edificios militares;
h) edificios hospitalarios o de asistencia;
-represas, tajamares, atajos y regadíos;
-estructuras (metal, hormigón armado, madera, etc.);
-muelles, túneles, aeropuertos y hangares;
-redes de servicios eléctricos, de teléfonos;
-redes de alcantarillados, saneamiento y redes de agua;
-planta de tratamiento de agua potable y aguas servidas;
-canchas de deportes y piletas de natación;
-vías férreas.
Aquellas empresas que extraigan o produzcan materiales o artículos
para la construcción que se destinen a la exportación, efectuarán sus aportes en relación a los materiales o artículos que se exporten, porcentualmente al monto de la exportación, de acuerdo a lo que determine
el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Comisión que se crea por
el artículo 38 de esta ley.
Las empresas que produzcan o fabriquen materiales o artículos para la
Industria de la Construcción y además para otros destinos no previstos en
los alcances de esta ley, estarán sometidas, a efectos de los aportes sociales, a reglamento y controles especiales, que determinarán oportunamente la reglamentación de la misma.
En cuanto a los materiales destinados a la Construcción las aportaciones se regirán de acuerdo a lo establecido en
el artículo 5° de la presente ley.
Son trabajadores de la Industria de la Construcción, los que actúan en
el sector de actividades relativas a ella, según se determina en el artículo 3° y que, a los efectos de esta ley, se dividen en:
a) obreros;
b) personal de dirección y administración;
c) personal técnico-profesional egresado de la Universidad del Trabajo;
d) personal técnico-profesional egresado de la Universidad de la
República;
Sin perjuicio de la clasificación establecida precedentemente, el
Poder Ejecutivo reglamentará una categorización más detallada en base a una racional evaluación de tareas.
Las aportaciones a que se refiere el artículo 1° que se originen por
las construcciones, refacciones, reformas o demoliciones que se realicen,
y además lo que corresponda por licencia anual, sueldo anual complementario y convenios gremiales, serán de cargo del propietario o titular de un derecho real o poseedor o promitente comprador del inmueble
que se construya, se refaccione, se reforme o sea objeto de demolición, y
se estimarán o pagarán de conformidad a lo establecido en los artículos siguientes.
Este régimen de aportaciones será obligatorio a partir de los 90
(noventa) días de la Publicación de la ley en el "Diario Oficial", sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Comisión
a que se refiere el artículo 38, amplíe dicho plazo a 150 (ciento cincuenta) días.
Los aportaciones a que se refiere el artículo 5° serán pagadas en cuotas mensuales y consecutivas, que deberán hacerse efectivas dentro del
plazo de ejecución de las obras. Dicho plazo será fijado mediante criterios de orden técnico y financiero y será variado por el Consejo Central de Asignaciones Familiares, siempre que el mismo deba ser modificado por razones de fuerza mayor debidamente justificadas.
Para ajustar las aportaciones en los casos de modificaciones salariales, el Consejo Central de Asignaciones Familiares, reajustará las
cuotas fijadas para las obras o trabajos de acuerdo al régimen que establece la ley N° 13.728 sobre "Plan Nacional de Viviendas", en su Capítulo IV, Sección 2 "Reajuste".
Respecto a las obras o trabajos que se encuentren en ejecución en el
momento de la vigencia de la presente ley, se dispondrá de un plazo de
180 (ciento ochenta) días a partir de la publicación de la ley en el "Diario Oficial", a los efectos de determinar la cuota parte de los aportes que correspondan a los organismos y conceptos mencionados en los
artículos 1° y 5° por la obra o trabajo realizado y la que correspondiere
al período de continuación de la obra o trabajo posterior.
El volumen porcentual realizado hasta ese momento, se determinará
mediante declaración jurada firmada por la persona física o jurídica que
realice la obra o trabajo, y tasación a cargo de arquitecto o ingeniero, designado por el Consejo Central de Asignaciones Familiares.
Para establecer el monto total de la aportación que corresponda a cada
obra o trabajo, se procederá de la siguiente manera:
1°) Se determinarán valores fictos. Estos representarán al número
promedio de horas-hombre en base a criterios técnico-estadísticos y
al monto ponderado que insuman los distintos tipos de obra o trabajos
por unidad de producción.
2°) A dicho ficto se le aplicará el valor del salario promedio vigente,
el porcentaje de cargas sociales que corresponda a los salarios y el
número de unidades de producción.
El monto total de la aportación así determinado englobará las
aportaciones patronales y obreras generadas en la producción de cada obra
o trabajo por las actividades especificadas en el articulo 3° que intervengan en la obra o trabajo.
La Comisión instituida en el artículo 38, asesorará al Poder Ejecutivo
para la fijación de los valores fictos que corresponda aplicar a las distintas obras o trabajos.
En todos los casos de obras del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y organismos paraestatales, a
los efectos de la determinación de los fictos a aplicarse, se tomarán en cuenta las fórmulas paramétricas correspondientes al contrato de cada obra.
Si de la información suministrada por la empresa que realice la obra
o trabajo, surgiera una cifra que fuera superior al monto total de aportación fijado para cada obra o trabajo, el aporte que corresponda a
la diferencia por exceso, será de cargo de quien realice la obra o
trabajo o fabrique el material o artículo, que genera el mayor aporte, ya
sea constructor o subcontratista o fabricante de material o artículo.
No se considerarán empresas de la construcción, aquellas cuyo giro,
principal es ajeno a la misma, y, que sólo en forma complementaria producen o suministran elementos o materiales a ella destinados. Tampoco
se considerarán trabajadores de la construcción a quienes se presten servicios para estas empresas. Unas y otros quedan excluídos del régimen
de la presente ley y mantendrán todas sus actuales afiliaciones y registros.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, dichas empresas, deducirán del monto de las aportaciones patronales y obreras,
los porcentajes pertinentes, en proporción al valor de la mano de obra directa empleada.
Las deducciones se establecerán por declaraciones juradas, que
expresarán los elementos, materiales, volumen físico y mano de obra comprendidos, y su importe no será exigido por las oficinas recaudadoras.
Las deducciones de aportes que consten en las declaraciones juradas
serán aceptadas sin perjuicio del control y ajuste posterior en la forma
que determine la reglamentación.
El Poder Ejecutivo, anualmente, con el asesoramiento técnico de la
Comisión a que se refiere el artículo 38, revisará los valores fictos que
corresponda aplicar.
El Poder Ejecutivo, con el mismo asesoramiento y dentro de los topes
máximos resultantes de los porcentajes de aportaciones sociales vigentes,
determinará los porcentajes que deben regir en cada año.
El crédito por concepto de aportaciones, sus intereses, recargos y
multas, gravará con derecho real a favor del Consejo Central de Asignaciones Familiares, el inmueble donde se realice la obra o trabajo.
En caso de demolición, total o parcial, el gravamen subsistirá sobre
el resto del inmueble, pero se podrá exigir la sustitución por garantía a
satisfacción del acreedor, o por su refuerzo en caso de insuficiencia.
El gravamen referido tendrá derecho de preferencia, sin perjuicio de los que se hayan constituido con anterioridad.
Para las obras o trabajos iniciados con anterioridad a la publicación de la ley en el "Diario Oficial", el régimen que establece este artículo entrará en vigor a partir de los 180 (ciento ochenta) días de la misma.
En los casos en que las obligaciones del propietario fueran pagadas
por terceros, éstos gozarán de las mismas garantías del Consejo Central
de Asignaciones Familiares, a quien subrogarán en el crédito.
El cobro de los créditos por aportaciones, una vez declarado por
decisión administrativa firme, se perseguirá en vía judicial, por el procedimiento que fija el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil.
Los propietarios y demás titulares de derechos mencionados en el
artículo 5° no podrán hipotecar, enajenar o arrendar los bienes inmuebles
gravados u obtener la habilitación de nuevos servicios por parte de la Administración General de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del
Estado y de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, sin presentar certificado de situación regular expedido por el Consejo
Central de Asignaciones Familiares. En el caso de transferirse el
dominio sin dicho certificado, subsistirá la garantía real, sin perjuicio
de la responsabilidad solidaria de enajenantes y adquirentes.
El funcionario o profesional que intervenga en cualesquiera de los actos o contratos mencionados precedentemente deberá eximir la presentación de dicho certificado. El certificado de situación deberá ser
expedido dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, a contar de la fecha
en que se presente la respectiva solicitud. Vencido este plazo, el interesado, mediante telegrama colacionado dirigido al Consejo Central de
Asignaciones Familiares o constancia notarial quedará liberado de la obligación de presentar este certificado.
Las partes, con excepción de los arrendatarios, los funcionarios o
profesionales, serán civil y solidariamente responsables.
El certificado correspondiente a aportes parciales, tendrá vigencia
por 90 (noventa) días.
El Consejo Central de Asignaciones Familiares, resolverá la suspensión
de las obras o trabajos cuando se haya dejado de pagar tres cuotas mensuales consecutivas.
La suspensión, salvo notificación personal, deberá comunicarse por
telegramas colacionados en el lugar en que la obra se está realizando, al
encargado de la dirección o ejecución de los trabajos, sin necesidad de designarlo personalmente, y al dueño o dueños y arrendatarios de la obra.
El contratista podrá optar por la continuación de la obra. En tal caso
notificará su decisión al Consejo Central de Asignaciones Familiares y
quedará obligado a pagar regularmente las aportaciones pendientes y posteriores. Cuando se haga uso de la opción a que se refiere este
inciso, el contratista se subrogará en todos los derechos que el crédito
por aportaciones genera a favor de aquel Organismo.
A tales efectos, el Consejo Central de Asignaciones Familiares podrá
requerir el auxilio de la fuerza pública.
El Estado, en calidad de propietario, depositará las cuotas mensuales
referidas en el artículo 6°, en el Consejo Central de Asignaciones Familiares.
En caso de que el Estado no pague 3 (tres) cuotas mensuales consecutivas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 91 de la ley
N° 12.761, de 23 de agosto de 1960.
A partir de los plazos fijados por esta ley, las empresas referidas en
los artículos 3° y 4°, deberán deducir del precio de los materiales,
artículos, actividades o servicios que se realicen, los montos de las aportaciones sociales que dejarán de ser de su cargo conforme a los términos de esta ley. Esta deducción abarcará todas las etapas de comercialización, aunque éstas se realicen mediante empresas que no estén
comprendidas en los artículos 3° y 4°.
Las empresas tampoco podrán beneficiarse con la desgravación de los
aportes sociales de los trabajadores y cuyo monto será destinado a la
redistribución prevista en el artículo 42. Para los trabajadores a
quienes no haya alcanzado el régimen de evaluación de tareas a que se refiere dicho artículo y mientras no se haga la misma, el monto de la desgravación de aportes sociales quedará dentro del salario.
Será competencia de la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos
el control pertinente, y el Consejo Central de Asignaciones Familiares deberá darle a esta Comisión la información correspondiente.
El Consejo Central de Asignaciones Familiares verificará y recaudará
todos los aportes a que se refieren los artículos 1° y 5°, y las multas y
recargos correspondientes, siendo subrogante en esta materia de los organismos tributarios. Dicho Organismo podrá efectuar acuerdos con los otros organismos mencionados en el artículo 1°.
Lo recaudado por los conceptos mencionados será vertido en la cuenta
"Fondo de Seguridad Social para la Construcción", que se abrirá en el Banco de Seguros del Estado.
La totalidad de lo recaudado por los conceptos mencionados previa
deducción del porcentaje establecido en el artículo 36 se distribuirá automáticamente en la proporción que se indica, a los siguientes Organismos:
Montevideo-
Canelones Interior
Banco de Previsión Social............ 34. % 36.1 %
Consejo Central de Asignaciones
Familiares........................... 40.6 % 37. %
CHAMSEC.............................. 11.4 % 12. %
Banco de Seguros del Estado.......... 11.6 % 12.3 %
Banco Hipotecario del Uruguay:
Fondo Nacional de Viviendas.......... 2.4 % 2.6 %
Cada uno de dichos Organismos distribuirá porcentualmente las cantidades que perciba según corresponda a los rubros o ítem que debe atender.
Cumplidos 180 (ciento ochenta) días de la publicación de la ley en el
"Diario Oficial", el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Comisión
establecida en el artículo 38, podrá ajustar los porcentajes de distribución de acuerdo a los resultados estadísticos que surjan de la aplicación del sistema con excepción de los correspondientes al Banco de
Seguros del Estado para el cual se necesitará la aprobación por dicho Organismo.
El Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, el Consejo Central de Asignaciones Familiares, el Banco Hipotecario del Uruguay y CHAMSEC, podrán establecer una cuenta compensadora entre sus respectivos créditos y débitos por cualquier clase de aportes, retribuciones, impuestos, tasas, etc., con destino a sus respectivos fondos y/o beneficios que sirven, respectivamente.
Todas las referencias efectuadas a CHAMSEC por la presente ley se
extiendan a CASEM (ley N° 13.244, de 20 de febrero de 1964) y a CHASEIMA
(ley número 13.283, de 24 de setiembre de 1964) respecto de las empresas
y trabajadores comprendidos en éstas.
El Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley y en las oportunidades a que se refiere el artículo 21, establecerá el porcentaje
que corresponderá distribuir a CASEM y a CHASEIMA dentro de lo asignado a
CHAMSEC.
Las empresas mencionadas en los artículos 3° y 4° presentarán al
Consejo Central de Asignaciones Familiares y a la Inspección General del
Trabajo las planillas de personal y contralor de actividades de los trabajadores indicados en la presente ley (artículo 4°).
En dichas planillas constará: número de registro de obra o trabajo,
número de registro de afiliación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
1°, y una relación de trabajadores y empleados, indicando su número de
individualización, jornales trabajados, con su importe correspondiente o sueldo devengado.
Una copia de estas planillas quedará en poder del empleador, la que deberá ser debidamente encuadernada, sustituyendo en este caso el libro
de obligaciones sociales.
El Consejo Central de Asignaciones Familiares suministrará esta
información al Servicio de Mano de Obra y Empleo.
Todos los actuales deudores de aportes de la industria de la construcción al Banco de Previsión Social, al Banco de Seguros del
Estado, al Consejo Central de Asignaciones Familiares y a CHAMSEC, podrán
cancelar la totalidad de sus obligaciones con los mencionados organismos
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Las deudas a que se refiere el artículo anterior podrán pagarse sin
recargos ni intereses, dentro del plazo de 90 (noventa) días a contar de
la publicación de la ley en el "Diario Oficial", en caso de que dicho
pago sea al contado y por la totalidad de la deuda. El mencionado plazo
se ampliará hasta 180 (ciento ochenta) días para las empresas que justifiquen que tienen créditos razonablemente equivalentes con
organismos estatales o paraestatales, o Servicios Descentralizados, o Entes Autónomos, y Gobiernos Departamentales. A tales efectos las
empresas deberán presentar ante el respectivo organismos, una liquidación
y ajuste de su deuda dentro del plazo mencionado precedentemente.
En caso de pago parcial dentro de los plazos indicados, el monto
pagado no tendrá recargos ni intereses, pero se aplicarán los recargos legales sobre los saldos deudores.
Cuando la deuda declarada y la deuda real calculada por los servicios
inspectivos de los respectivos organismos arroje una diferencia superior
al 30 % (treinta por ciento), el deudor perderá el beneficio del pago sin
recargos ni intereses.
Las empresas con convenio o facilidades vigentes, podrán continuarlos
o cancelarlos dentro del plazo de 90 (noventa) días a contar de la
publicación de la ley en el "Diario Oficial".
En el caso de cancelación del saldo deudor, se aplicará lo establecido
en el artículo anterior.
Las empresas que estén en situación regular con sus obligaciones respecto a los organismos mencionados en el artículo 24 y aquellas que paguen su deuda de acuerdo a los regímenes establecidos en los artículos
24, 25 y 26, recibirán del Consejo Central de Asignaciones Familiares
una constancia que así lo acredite.
Este documento cuya validez expira a los 90 días será exhibido
obligatoriamente en todos los actos o contratos que realicen, relativos a
la Industria de la Construcción.
En caso de que se formalicen dichos actos o contratos sin esa
exigencia y resulte que la empresa contratista y subcontratista no está
en situación regular con los mencionados organismos, será responsable solidario de esa deuda quien ha contratado con dicha empresa, ya sea el contratista, propietario empresario, organismo público o privado, o cualquier tercero.
El Consejo Central de Asignaciones Familiares expedirá los
certificados de situación regular a las empresas de la Industria de la Construcción a que se refiere el artículo 24.
Los organismos de previsión social le remitirán mensualmente los listados de las empresas que no se encuentren en situación regular.
Cuando la empresa haya saldado la totalidad de su deuda podrá
solicitar al Consejo Central de Asignaciones Familiares tal constancia definitiva, el que deberá extender la previa verificación en los organismos de previsión social, en un plazo de 30 (treinta) días.
La empresa que no cumpla la obligación a que se refiere el artículo
1° de esta ley, será sancionada con una multa equivalente al monto de las
aportaciones adeudadas al momento en que se hace efectiva la sanción y referida a la obra o trabajo que origina la penalidad.
La misma se aplicará a quienes no cumpliendo con la obligación de la
inscripción en el Registro de la Construcción a que se refiere el
artículo 2°.
Los trabajadores que no cumplan la misma obligación de afiliación
perderán los beneficios sociales durante el período que dure la omisión excepto lo relativo al cómputo jubilatorio.
La mora en el pago de las cuotas a que se refiere el artículo 6°,
sufrirá el recargo de hasta el 4 % (cuatro por ciento) por cada mes de
atraso sin perjuicio de lo establecido en los artículos 17 y 18 de la presente ley.
La falsa declaración (comprendida en ella tanto la omisión como la
inclusión indebida del trabajador) por parte de los empleadoras obligados
por la presente ley, será penada con una multa de hasta 200 jornales diarios correspondientes al personal incluido o excluido en infracción.
En caso de reincidencia se duplicará la multa. La segunda
reincidencia triplicará la multa y dará mérito, además, a la suspensión
de actividad de la empresa por un período de 3 (tres) meses, siendo de su
cargo los salarios del personal trabajador que tuviera en el momento de
la suspensión trabajador que tuviera en el momento de la suspensión, así como las cargas sociales correspondientes.
La falta de comunicación dispuesta por el artículo 23 de la presente
ley, será sancionada con multa de $ 5.000 (cinco mil pesos) a $ 20.000 (veinte mil pesos), que se impondrá teniendo en cuenta la entidad de la
omisión y el volumen de giro del patrono y su condición de infractor primario o reincidente.
Las multas serán impuestas y cobradas por el Consejo Central de
Asignaciones Familiares, de oficio o por denuncia, rigiendo a estos efectos los procedimientos establecidos en la ley N° 10.940.
Las decisiones del Consejo Central de Asignaciones Familiares podrán
ser impugnadas mediante el recurso establecido en los artículos 35 y 36
del decreto-ley N° 10.331, de 29 de enero de 1943.
Las multas serán apelables dentro del término de 10 (diez) días de su
notificación en la capital, y de 20 veinte días en el interior de la
República, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este recurso
tiene efecto suspensivo, pero el Consejo Central de Asignaciones Familiares podrá adoptar las medidas cautelares que considere convenientes.
La notificación se hará por telegrama colacionado al último domicilio
que haya acreditado el infractor, ante el Consejo Central de Asignaciones
Familiares.
El producido de las multas y recargos establecidos en los artículos
anteriores, será destinado al Fondo de Seguridad Social para la Construcción a que se a que se refiere el artículo 20 de esta ley.
Cométese al Servicio de Mano de Obra y Empleo, dependiente del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, poner en funcionamiento y reglamentar, dentro del plazo de 90 (noventa) días a partir de la publicación de la ley en el "Diario Oficial", el "Registro de
Trabajadores de la Industria de la Construcción".
La inscripción en dicho Registro será condición indispensable para que
los trabajadoras de la industria de la Construcción a que se refiere el
artículo 4°, se puedan acoger a los beneficios que acuerdan las leyes
N.os 10.449, de 12 de noviembre de 1943, 11.618, de 20 de octubre de
1950, 12.570, de 23 de octubre de 1958, 12.572, de 23 de octubre de 1958,
12.590, de 23 de diciembre de 1958, 12.839 de 22 de diciembre de 1960, 12.840, de 22 de diciembre de 1960, 13.108, de 23 de octubre de 1963 y 13.559, de 26 de octubre de 1966, sus modificativas y concordantes.
Las empresas no podrán contratar trabajadores que no se hayan
inscripto previamente en el Registro.
Este requisito quedará cumplido con la simple solicitud del trabajador.
Esta inscripción no importará un derecho preferencial para el trabajo.
El Consejo Central de Asignaciones Familiares podrá tomar, del total
de las recaudaciones el porcentaje que previo informe de la Comisión Asesora a que se refiere el artículo 38, fije el Poder Ejecutivo para
proporcionar al Servicio de Mano de Obra y Empleo, los recursos
necesarios para el funcionamiento del Registro de Trabajadores de la Industria de la Construcción. Dicho porcentaje no podrá superar el 1 %
(uno por ciento).
Créase la Comisión Asesora del Registro de Trabajadores de la
Industria de la Construcción.
Dicha Comisión tendrá funciones de asesoramiento y control del
funcionamiento del Registro.
La Comisión Asesora que se crea por esta disposición, será presidida
por el Director del Servicio de Mano de Obra y Empleo y estará además integrada por un delegado de la Cámara de la Construcción del Uruguay, un
delegado de la Liga de la Construcción del Uruguay y dos delegados
obreros de las gremiales de los trabajadores de la Industria de la Construcción. La Comisión proyectará el reglamento del Registro.
Créase una Comisión Asesora de la Seguridad de la Seguridad Social de
la Industria de la Construcción, integrada por el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, o quien este designe, que la presidirá; un delegado del
Banco de Previsión Social, un delegado del Banco de Seguros del Estado,
un delegado del Consejo Central de Asignaciones Familiares; un delegado
de CHAMSEC, un delegado de la Cámara de la Construcción del Uruguay, un delegado de la Liga de la Construcción del Uruguay y dos delegados de las
gremiales de los trabajadores de la Industria de la Construcción.
La referida Comisión asesorará al Poder Ejecutivo y al Consejo Central
de Asignaciones Familiares sobre todo lo relacionado con la aplicación de
la presente ley, con excepción de lo establecido en los artículos 36 y 37.
El Consejo Central de Asignaciones Familiares proporcionará datos
estadísticos relativos a la Industria de la Construcción, a los
organismos estatales y a las gremiales patronales y obreras. La Comisión
establecida en el artículo 38 determinará la forma y periodicidad en que se suministrará esta documentación.
Las situaciones comprendidas en los artículos 115 y 137 de la ley N°
13.728, serán determinadas por la Comisión Asesora a que se refiere el artículo 38 de la presente ley, previo informe de la Dirección Nacional
de Vivienda.
(Transitorio). La Comisión de Productividad, Precios e Ingresos
(COPRIN) redistribuirá el monto de la desgravación de aportaciones a
cargo del personal obrero que resultará de la aplicación de la presente ley, de acuerdo con las pautas de Evaluación de Tareas de la Industria de
la Construcción elaborada por la Comisión Paritaria Obrero - Patronal.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de
octubre de 1970.
FERNANDO ELICHIRIGOYTI, Presidente.- Andrés M. Mata, Secretario.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Montevideo, 19 de octubre de 1970.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.-