Ley 12.381
Se aumentan las pasividades, fijándose las fechas en que comenzará a
regir la escala con los porcentajes, se modifican disposiciones
ampliándose el otorgamiento del Beneficio de Retiro y se fijan los
montepíos para los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Civiles y Escolares.
Poder Legislativo.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del
Uruguay, reunidos en Asamblea General,
DECRETAN:
Las pasividades a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles
y Escolares actualmente en curso de pago y aquellas cuyo servicio
deba iniciarse antes del 1º de enero de 1957, serán aumentadas de acuerdo
con los porcentajes que se establecen en la escala de este artículo, sin
que el aumento pueda exceder de los límites máximos determinados en la
misma.
En ningún caso este aumento será inferior a $ 40.00 (cuarenta pesos)
mensuales. Dicho mínimo se liquidará desde el 1º de febrero de 1957.
Vencido el sexto mes de su aplicación, comenzará a regir la siguiente
escala:
Pasividades Aumentos Límites
porcentuales máximos
mensuales
Hasta el 31 de diciembre de 1930 ....... 40 % $ 120.00
Desde enero de 1931 hasta el 31 de
diciembre de 1940 .................... 30 " " 100.00
Desde enero de 1941 hasta el 31 de
diciembre de 1950 .................... 20 " " 80.00
Desde enero de 1951 hasta el 31 de
diciembre de 1956 .................... 10 " " 60.00
No obstante, en las pasividades cuyo servicio se inició desde el 31 de
enero de 1953 y hasta el 31 de diciembre de 1956, el aumento mínimo se
otorgará vencidos cuatro años de iniciado el respectivo servicio, sin
perjuicio de las siguientes excepciones, cuando por su monto
correspondiere:
Las de monto hasta $ 210.00 a partir del 1º de febrero de 1957.
Cuando la pasividad exceda de $ 210.00 sin alcanzar a $ 250.00, se
otorgará el aumento hasta esta cantidad, completándose el aumento hasta
$ 40.00 al año siguiente.
Las de monto hasta $ 310.00 a partir del 1º de febrero de 1958.
Cuando la pasividad exceda de $ 310.00 sin alcanzar a $ 350.00, se
otorgará el aumento hasta esa cantidad, completándose el aumento hasta
$ 40.00 al año siguiente.
Las de monto hasta $ 410.00 a partir del 1º de febrero de 1959.
Cuando la pasividad exceda de $ 410.00 sin alcanzar a $ 450.00, se
otorgará el aumento hasta esa cantidad, completándose el aumento hasta
$ 40.00 al año siguiente.
Las de monto de $ 410.00 o más a partir del 1º de febrero de 1960.
Los aumentos de la escala se otorgarán en todos los casos
transcurridos seis meses de liquidado el aumento mínimo de $ 40.00.
Los jubilados que cumplan 70 años de edad, se exceptúan del plazo
fijado para la percepción del aumento mínimo.
A los efectos de la aplicación de la escala, se tomará la fecha de
iniciación del servicio de la pasividad o de la reforma posterior siempre
que ésta hubiera originado un aumento igual o mayor a los respectivos
límites máximos de la escala, aplicados sobre la asignación primitiva,
pero tratándose de pensiones causadas por jubilados, se tomará la fecha
de iniciación del servicio de la respectiva jubilación, o de la reforma
de cédula del causante, si ésta hubiere provocado un aumento que
alcanzare los límites señalados.
El aumento mínimo y los de la escala, se liquidarán en todos los casos
sobre las asignaciones de pasividad vigentes a la fecha de promulgación
de esta ley.
Cuando un mismo beneficiario lo sea de más de una pasividad, el
aumento establecido en el artículo anterior se otorgará en la de mayor
asignación, salvo que el que correspondiere a la menor le fuere más
favorable, en cuyo caso se liquidará sobre ésta.
Si un mismo titular acumulare otros ingresos o rentas de cualquier
origen superiores a $ 400.00 o sueldos de actividad por función pública
con jubilación o pensión, quedará excluido del beneficio del artículo
precedente, pero tratándose de pensión en que existan otros copartícipes,
el aumento se liquidará en su totalidad a favor de los restantes en
proporción de sus respectivas cuotas. Esta misma regla se aplicará cuando
a alguno de los copartícipes no le corresponda aumento en la pensión por
ser titular de otra pasividad. La modificación de las situaciones
previstas en este artículo, posteriores a la aplicación de la escala, no
dará derecho al aumento establecido en el artículo 1º.
Sustitúyese el artículo 32 de la ley Nº 9.940, de 2 de julio de
1940, en el texto de la ley Nº 11.793, de 16 de febrero de 1952, por el
siguiente:
"Artículo 32. Al liquidarse una jubilación cuyo monto anual exceda
de $ 9.600.00 (nueve mil seiscientos pesos), se practicará un descuento
del 5 % (cinco por ciento) sobre el exceso hasta $ 10.200.00 (diez mil
doscientos pesos) y así sucesivamente de un 5 % (cinco por ciento) más,
por cada $ 600.00 (seiscientos pesos) o fracción de exceso, siempre que
la pasividad esté fundada en treinta (30) o menos años de servicios.
En las pasividades fundadas en más de treinta (30) años de servicios,
la escala anterior comenzará su aplicación desde los $ 12.000.00 (doce
mil pesos), y en las fundadas en más de treinta y seis (36) años de
servicios, desde los $ 18.000.00 (dieciocho mil pesos). Los servicios
bonificados se computarán a razón de cuatro años por cada tres de
prestación efectiva y no se tomarán en cuenta las fracciones menores
de seis meses.
Este artículo comenzará a regir vencido el sexto mes siguiente a la
promulgación de esta ley y se aplicará también a las pasividades
anteriores".
Si el aumento por desgravación resultare igual o mayor que el
acordado por el artículo 1º, no se otorgará este último, pero si aquel
aumento fuere inferior al que resulte por aplicación de la escala, al
aumento por desgravación se agregará únicamente la diferencia entre ambos
beneficios. Los aumentos a que se refieren los artículos 1º y 3º no se
computarán a los efectos de los límites de acumulación establecidos por
leyes anteriores.
Las jubilaciones y pensiones escolares servidas por la División
Escolar de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, no
comprendidas en el artículo 193 de la ley Nº 11.923, de 27 de marzo de
1953, serán liquidadas en la forma dispuesta por las leyes respectivas,
computándoseles los progresivos que correspondan a los servicios
docentes, de conformidad con la escala del artículo 178 y las
limitaciones del artículo 179 de aquella ley.
En esta liquidación no se computarán los progresivos dispuestos por
leyes anteriores.
Este beneficio tendrá carácter sustitutivo del que determina el
artículo 1º de esta ley, debiendo otorgar la Caja aquel que signifique un
aumento mayor en la dotación de pasividad y se concederá vencido el sexto
mes de su vigencia.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, elevará al
Poder Ejecutivo una relación circunstanciada de su aplicación.
A partir del 1º de febrero de 1957, los montepíos, establecidos sobre
las asignaciones de los afiliados civiles activos, quedan fijados de
acuerdo con la escala siguiente:
Asignaciones
Hasta ........................ $ 150.00 mensuales el 8 %
De $ 150.01 a " 300.00 " " 9 %
De " 300.01 a ............ " 600.00 " " 10 %
De " 600.01 a ............ " 900.00 " " 11 %
De " 900.01 a ............ " 1.200.00 " " 12 %
De " 1.200.01 en adelante ................... " " 13 %
La escala precedente se aplicará en los casos de retribuciones a
destajo, por hora, día o conjunto de días.
También se aplicará a las asignaciones de los afiliados escolares
activos a partir de los $ 900.01, sin perjuicio del descuento del 1 %
establecido por el artículo 8º de la ley Nº 11.182, de diciembre 18 de
1948, en su apartado final.
Las asignaciones de los afiliados civiles y escolares pasivos, cuando
corresponda, tendrán un descuento del 1% más sobre la escala anterior,
pero si el aumento del artículo 1º estuviere diferido, este descuento
comenzará a aplicarse al liquidarse dicho aumento. En los casos de
servicios especiales, los porcentajes de la escala serán aumentados en un
uno por ciento más, a partir del 1º de setiembre de 1957.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la afiliación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares
después de los cuarenta años de edad en tareas retribuidas con más de $
300.00 (trescientos pesos) mensuales, determinará un aumento en un uno
por ciento más, y cuando esa afiliación comience después de los cincuenta
años de edad, dicho aumento será de un dos por ciento.
Los sueldos cuyo monto se haya fijado por el líquido y por disposición
constitucional no pueden modificarse durante el respectivo mandato,
quedan excluidos de la aplicación de la escala de este artículo por el
presente período (artículos 117, 157 y 295 de la Constitución).
Desde la misma fecha que fija el artículo anterior, la aportación que
corresponde al Estado, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
de carácter docente o cultural y a los Gobiernos Departamentales a que se
refieren los artículos 3º de la ley Nº 9.821, de abril 28 de 1939 y 8º de
la ley Nº 11.182, de diciembre 18 de 1948, será en todos los casos del
12 %, y del 15 % la de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados
Comerciales o Industriales, el Frigorífico Nacional y demás organismos
públicos de cualquier naturaleza.
Las instituciones privadas cuyo personal esté afiliado a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, pagarán el 12 % en concepto
de aportación patronal.
La contribución establecida por el artículo 4º de la ley Nº 9.821, de
28 de abril de 1939, continuará vigente por espacio de 5 años a partir de
la promulgación de esta ley, y se verterá directamente en la Caja, a los
efectos previstos por el artículo 35.
Lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la presente ley, no modifica
las disposiciones vigentes sobre aportación patronal y montepíos, a que
se refiere el artículo 11 de la ley Nº 12.033, de 27 de noviembre de
1953, para el personal de aeronaves de matrícula uruguaya.
Modifícase el apartado final del artículo 1º de la ley Nº 11.182,
de 18 de diciembre de 1948, en la siguiente forma:
"A los efectos de este artículo, los servicios bonificados
especialmente para su computación jubilatoria (leyes números 2.910,
artículo 18; 3.057, artículos 6º y 9º; 6.894, artículo 13; 7.986,
artículo 20; 11.430, artículo 10), y los especiales (leyes Nos. 9.940,
artículo 10; 10.014, artículos 2º y 8º) se computarán a razón de seis por
cada cinco años de prestación efectiva".
En los casos en que por ignorancia de antecedentes o circunstancias de
hecho, se hubiere omitido efectuar algún descuento o retención
legalmente autorizado, o el pago en demasía tuviere su origen en un error
material, la Caja queda autorizada para descontar hasta el 20 % de la
pasividad y para repetir lo pagado indebidamente compensando los créditos
que el afiliado pueda tener contra el Instituto hasta el monto de lo
adeudado.
En ningún caso quedan comprendidos los errores de derecho.
Agrégase el artículo 26 de la ley Nº 9.940, de julio 2 de 1940, la
siguiente disposición:
"Para acumular servicios amparados por otras Cajas, se requiere que
el afiliado cuente con una actividad mínima final de tres años,
computable por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares.
Esta limitación no regirá para las pensiones ni para las jubilaciones
por imposibilidad física.
No se acumularán servicios prestados antes de los quince años de
edad, salvo que se trate de servicios documentados al tiempo de su
prestación, en cuyo caso se admitirán a partir de los doce años, siempre
que los respectivos traspasos se hayan solicitado o se soliciten dentro
de los ciento ochenta días de la promulgación de esta ley.
La Caja que traspasa los servicios deberá reintegrar a la Civil y
Escolar los aportes vertidos, incluyendo el patronal".
La disposición no regirá para los servicios denunciados con
anterioridad al 31 de diciembre de 1956.
Deróganse los artículos 38 y 83 de la ley N° 9.940, de julio 2
de 1940. Agrégase a la excepción del inciso B) del artículo 21 de la ley
Nº 9.940, de julio 2 de 1940, el personal del Instituto de Enfermedades
Infecciosas dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Sustitúyese el artículo 82 de la ley Nº 9.940, de 2 de julio de
1940, por el siguiente:
"ARTICULO 82.- Cuando el funcionario no tenga una remuneración
determinada presupuestalmente, sino una retribución constituida por
porcentajes, comisiones, honorarios, participación en las costas, multas,
comisos, etc, se computará como sueldo el promedio de las cantidades
realmente percibidas en el quinquenio, trienio o año finales, según
corresponda para la determinación del básico jubilatorio.
En ningún caso el promedio deberá sobrepasar el 30 por ciento más del
promedio de los sueldos percibidos en el quinquenio inmediato anterior.
Las sumas a computar deben haber sido devengadas durante dichos períodos
básicos.
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación en los casos en
que el funcionario, además de su asignación presupuestal o fija, tuviere
derecho a la percepción de emolumentos ajenos al sueldo".
Modifícase el apartado 1º del artículo 39 de la ley N.o 9.940, de 2
de julio de 1940, en la siguiente forma:
"Sólo los delitos cometidos contra la Administración Pública o
conexos a la función, pueden traer aparejada la pérdida de los derechos
a la pasividad".
Sustitúyese el artículo 43 de la ley Nº 9.940, de 2 de julio de
1940, por el siguiente:
"Artículo 43.- Si la jubilación la solicita el funcionario por la
causal exoneración sin pérdida de los derechos a la pasividad, la
autoridad destituyente, a requerimiento de la Caja, deberá remitir de
inmediato los antecedentes que la motivaron a fin de que ésta aprecie la
calificación efectuada. Cuando la calificación fuere favorable al
empleado y de los antecedentes resultare que medió abandono del cargo o
culpa administrativa grave, la Caja podrá entablar los recursos y
acciones de que disponen los administrados.
Cuando se tratare de destituciones del personal amovible que
efectuare el Poder Ejecutivo en uso de la facultad que le acuerda el
numeral 14 del artículo 168 de la Constitución, las pasividades
correspondientes serán atendidas por Rentas Generales, siempre que
aquéllas ocurran sin la formación previa de sumario administrativo".
Agrégase al artículo 55, primera categoría, inciso A) de la ley
precitada, el siguiente apartado:
"El derecho a pensión de la divorciada queda además, supeditado a
la existencia de una relación permanente de dependencia económica por
parte de ésta, respecto del causante, hasta el momento de generarse la
causal pensionaria".
Modifícanse el apartado C) del citado artículo 55 y el apartado A)
N.o 1 del artículo 58 de la ley N.o 9.940, de 2 de julio de 1940, en la
forma que se expresa a continuación:
"Artículo 55, Apartado C):
Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo."
"Artículo 58, N.o 1, Apartado A):
La muerte del funcionario a consecuencia de un accidente del
servicio, o enfermedad adquirida en el mismo, en las condiciones del N,o
1 incisos A) y B) del artículo 18, N.o 1 inciso A) del artículo 22, o el
fallecimiento del empleado que ya hubiese adquirido el derecho a
jubilación privilegiada o normal, o del jubilado en el goce de cualquiera
de esas pasividades.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, queda subsistente
el régimen de la ley N.o 7.698, de 26 de marzo de 1924, y del artículo
12 de la ley N.o 7.914, de 26 de octubre de 1925, para los causahabientes
de funcionarios policiales y bomberos, extensivo a los de los
funcionarios muertos a consecuencia de actos de servicio de la U.T.E. y
Administración Nacional de Puertos por las leyes N.o 4.273, de 21 de
octubre de 1912 (artículo 42); y número 5.495, de 21 de julio de 1916
(artículo 24)".
Sustitúyense el inciso final del apartado A) del artículo 60 de la
ley N.o 9.940, de 2 de julio de 1940, en el texto de la ley N.o 11.495,
de 26 de setiembre de 1950, y el inciso C) del mismo artículo, por los
siguientes:
"A) (Inciso final).
Cuando concurran viuda y divorciada, la cuota que corresponde a esta
última no podrá ser mayor del tercio de la asignada a la viuda. Esta
regla se aplicará cualquiera sea el número de copartícipes".
"C) Cuando concurran titulares de la primera y segunda categoría, el
sueldo de pensión estará formado por dos partes: una para los de la
primera igual al 44 % del sueldo básico si concurriesen titulares de
un solo grado y al 50 % si fueren causahabientes de dos grados; la
otra parte, o sea el 22 % restante o el 16 % en su caso, para
distribuirse entre los titulares de la segunda categoría.
En caso de que cualquiera de éstos dejare de percibir su
cuota-parte, ésta acrecerá hasta el 50 % a los beneficiarios de la
primera categoría. Si todos los causahabientes de la primera
categoría dejaren de percibir sus cuotas de pensión, éstas acrecerán
hasta el 50 % del sueldo básico las cuotas de los titulares de la
segunda categoría. Las cuotas-partes de los causahabientes de la
segunda categoría no acrecerán entre sí, reduciéndose en tal caso el
importe del monto pensionario. Lo dispuesto en este apartado se
aplicará a todas las situaciones en que el sueldo básico se hubiere
liquidado al 41%, pero los haberes que resultaren se abonarán desde
el día primero del mes siguiente al de la promulgación de esta ley".
Deróganse los artículos 64 y 65 de la ley número 9.940, de 2 de julio
de 1940, 3.o de la ley número 12.076, de 4 de diciembre de 1953, y 2.o de
la ley número 12.226, de 21 de setiembre de 1955.
Elévase a $ 400.00 el límite de acumulación establecido por el
artículo 13 de la ley N.o 11.430, de 26 de mayo de 1950, y a $ 750.00 y $
1.000.00, respectivamente, los límites determinados por los artículos
107 y 108 de la ley N.o 9.940, de 2 de julio de 1940.
Modifícanse los artículos 89, 94 y 115 inc. C) de la ley N.o 9.940,
de 2 de julio de 1940, que quedarán redactados en la forma siguiente:
"Artículo 89. Cuando la causal invocada fuera la inutilización o
la enfermedad, será indispensable examen médico. Este se efectuará por
dos facultativos designados, uno por el postulante y otro por el
Instituto. En todos los casos será oído el Servicio Médico de la Caja y
si no mediare acuerdo, intervendrá como tercero un profesor de la
Facultad de Medicina que nombrará el Decano de la misma.
Cuando el interesado no opte por designar médico de su parte, lo
examinará el que la Caja nombre y el Servicio Médico de la misma o sólo
este último. Si hubiera discrepancia en el primero de ambos casos, se
procederá como indica la parte final del inciso anterior.
En los casos en que intervenga el profesor de la Facultad de
Medicina, su dictamen será decisorio; en los demás, la Caja podrá solicitar los peritajes y asesoramientos que estime oportunos".
"Artículo 94. El derecho a reclamar la jubilación se extingue a los
diez años de haber cesado en la actividad, excepto en los casos del
artículo 47, en que el plazo se computará en la misma forma que para las
pensiones.
En igual plazo, contando desde el momento de configurarse la causal
respectiva, se extinguirá el derecho a reclamar la pensión si se tratara
de beneficiarios de la primera categoría. Para los causahabientes de la
segunda y tercera categorías dicho plazo será de cinco años."
"Artículo 115 inc. C) Los jubilados en cargos diplomáticos o
consulares y sus causahabientes que por motivos especiales que deberán
acreditar ante la Caja deban permanecer en el extranjero".
Los funcionarios que percibieron el beneficio establecido por los
artículos 228 a 243 de la ley número 11.923, de 27 de marzo de 1953, y
que se encuentren en actividad a la fecha de promulgación de esta ley con
causal jubilatoria configurada o a configurar hasta el 31 de diciembre de
1958 podrán incluir en sus sueldos básicos la suma equivalente a la
diferencia entre los que obtuvieron por dicho beneficio en el año 1955 y
todos los aumentos que por cualquier concepto hubieron obtenido a partir
del 10 de febrero de 1956.
El servicio de las pasividades a que se refieren los artículos 3.o
de la ley Nº 11.729, de 1.o de noviembre de 1951, 1.o de la ley N.o
11.814, de 25 de abril de 1952, y 1.o de la ley N.o 11.841, de 9 de julio
de 1952, continuará a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Industria y Comercio. Declárase esta obligación de carácter permanente,
sin que ella de lugar a restituciones de ninguna especie entre esta Caja
y la Civil y Escolar.
Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir una Deuda que se denominará
"Deuda Consolidada Aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles
y Escolares, 6 %, 1956", hasta un monto nominal de $ 150.000.000.00 que
se emitirá y rescatará a la par, en las condiciones impuestas en los
artículos siguientes.
El importe de la referida Deuda se destinará a cancelar las
obligaciones por concepto de aportación pendientes al 31 de diciembre de
1956, entre el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos,
Servicios Descentralizados y la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles
y Escolares, a cuyo efecto se computarán los títulos que se emitan por su
valor nominal.
La Deuda cuya emisión autoriza la presente ley devengará el 6 % de
interés anual y se rescatará mediante una cuota de 6 % anual acumulativa,
con servicio de intereses y amortización mensual.
El servicio de esta Deuda será de cargo de Rentas Generales y se
reintegrará por los respectivos Organismos deudores, en la proporción de
la Deuda que afecte al pago de sus obligaciones con la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, a cuyo efecto se deducirán
los servicios parciales de las rentas que se recaudan por la Administración Central, por cuenta de dichos Organismos deudores.
Asimismo, autorízase al Poder Ejecutivo a emitir una Deuda que se
denominará "Deuda Regularización del Beneficio Especial de Retiro, ley
N.o 11.637, de 14 de febrero de 1951", hasta un monto nominal de $
18:000.000.00, a la que serán aplicables las condiciones de emisión,
rescate, servicio, interés y amortización, que establecen los artículos
24, 25, 26 y 27 de la presente ley.
La Deuda autorizada por el artículo precedente, será emitida en
tres series semestrales sucesivas de $ 6:000.000.00 (seis millones de
pesos) cada una y tomada en las condiciones establecidas, por el Fondo
Jubilatorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares y
en caso de que sus disponibilidades no alcanzaren la suma necesaria, por
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio hasta
cubrir la respectiva serie.
El producto de la colocación de esta Deuda será entregado a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, la que deberá aplicarlo a
la cancelación de los Beneficios Especiales de Retiro (ley N.o 11.637, de
14 de febrero de 1951), pendientes de pago a la fecha de promulgación de
esta ley, los que serán liquidados por riguroso orden de antigüedad, así
como los que se concedan en lo sucesivo.
Modifícase el artículo 6.o de la ley N.o 11.637, de 14 de febrero de
1951, que quedará redactado como sigue:
"Artículo 6.o Los causahabientes del funcionario que haya adquirido
derecho a beneficios de esta ley y fallezca en ejercicio del cargo,
percibirán las sumas que correspondían al causante por el expresado
concepto, según los distintos grados que contempla el artículo 1.o. A los
efectos de este artículo se consideran causahabientes: la viuda, hijos
menores de 18 años o mayores incapacitados absolutamente, hijas solteras,
viudas o divorciadas y a falta de éstos, la madre viuda, soltera o
divorciada y los padres imposibilitados, siempre que tengan derecho a
pensión trasmitida por el causante del beneficio".
Las personas que reingresen a la actividad, para tener derecho a
los beneficios acordados por la ley N.o 11.637, de 14 de febrero de 1951,
deberán cumplir una actuación no inferior a cuatro años.
Los jubilados civiles y escolares, declarados tales desde la
fundación de las respectivas Cajas, que hayan computado en sus cédulas
30, 36 y 40 o más años de servicios, y no estén comprendidos en las leyes
Nos. 11.637, de 14 de febrero de 1951, y 12.139, de 13 de octubre de
1954, tendrán derecho al Beneficio Especial de Retiro previsto por la
primera de las leyes citadas, el que se liquidará sobre la base del
último sueldo de actividades computado en las cédulas respectivas, no
pudiendo ser menor de $ 500.00 ni mayor de $ 10.000.00 el importe íntegro
del mismo. Del mismo beneficio disfrutarán los jubilados cuyas
pasividades se hayan acordado por la causal de acto directo o enfermedad
del servicio, aun cuando estas actividades estén fundadas en menos de 30
años de servicios.
Los causahabientes de los funcionarios y jubilados civiles y escolares
que no hayan obtenido por ellos o sus causantes los beneficios de la
ley N.o 11.637, de 14 de febrero de 1951, o sus complementarias y
modificativas, en cuyas cédulas se hayan computado treinta o más años de
servicios, o generadas por la causal acto directo o enfermedad del
servicio, tendrán derecho a seis veces el último sueldo de actividad,
computado en la cédula del respectivo causante, con las limitaciones que
se indican en el artículo anterior.
A los efectos de este artículo, se consideran causahabientes: la
viuda, hijos menores de 18 años o mayores absolutamente incapacitados,
hijas solteras, viudas o divorciadas, o a falta de estas la madre
soltera, viuda o divorciada, y padres imposibilitados, siempre que sean
titulares de pensión originada por el causante del beneficio. El estado
civil, edad y demás condiciones de que se trata, deben entenderse
referidos a la fecha de promulgación de esta ley.
Toda persona cuyo derecho a percibir el Beneficio Especial de Retiro,
instituido por ley N.o 11.637, de 14 de febrero de 1951, o por los dos
artículos anteriores, se configure a partir de la fecha de promulgación
de esta ley, tendrá un descuento del tres por ciento (3 %) sobre el
importe íntegro del beneficio, sin perjuicio del uno por ciento (1 %)
sobre pagos.
Dicho 3 %, la diferencia de aportación entre el 12 % y 15 % que deben
los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y las contribuciones
(ley N.o 9.821, de 28 de abril de 1939) referidas en el artículo 7.o de esta ley, así como el superávit anual del Fondo del Beneficio Especial de
Retiro a que se refiere el artículo 11 de la ley Nº 11.637, de 14 de
febrero de 1951, serán destinados a cubrir la erogación creada por los
artículos 33 y 34 de la presente ley. Cubiertas las erogaciones derivadas
de los artículos 33 y 34, la diferencia de aportación entre el 12 % y el
15 % se verterá al fondo jubilatorio.
El pago del beneficio establecido en los artículos 33 y 34, sólo
será hecho en la medida que lo permita la recaudación de los recursos
previstos en el artículo anterior y en el mismo orden de otorgamiento de
las cédulas respectivas, el que no podrá ser alterado por ninguna causa.
El beneficio que se crea por esta ley será inembargable y no se podrá
ceder. Su cobro se hará directamente ante la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Civiles y Escolares. No obstante, los poderdantes de la Caja
Nacional de Ahorros y Descuentos que tengan derecho a este beneficio,
podrán hacerlo efectivo por intermedio de la misma.
Los afiliados civiles activos que figuraban en las planillas del
ex-Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay al 14 de enero de
1948 y hubieren prestado servicios en cualquiera de las Cajas que lo
integraban, tendrán derecho al beneficio acordado por el artículo 10 de
la ley N.o 11.430, de 26 de mayo de 1950, cuando computen veinticinco
años de servicios en dichos Organismos.
Los montepíos y demás aportes que deben verter los Institutos
tributarios a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares,
serán pagados a partir del 1.o de enero de 1957, dentro de los quince
días siguientes al pago de las asignaciones que causan estas
obligaciones.
Cuando un Organismo del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos o Servicios Descentralizados de cualquier naturaleza, sea
deudor de la Caja por concepto de aportaciones y a la vez acreedor de
otro Organismo, la Caja podrá reclamar de este último la retención sobre
los respectivos créditos y la entrega de las sumas adeudadas. Recibida
la comunicación de la Caja, la Repartición, Ente o Servicio requerido,
dispondrá sin más trámite la entrega de aquellas cantidades dando cuenta
inmediata al Organismo afectado y al Tribunal de Cuentas de la República,
de la versión efectuada.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto-ley N.o 10.203, de 5
de agosto de 1942, y por el artículo anterior, el incumplimiento de las
obligaciones de los distintos Organismos para con la Caja, comportará
responsabilidad directa y solidaria de los Contadores y Tesoreros de la
Repartición de que se trate, quedando facultada la Caja para solicitar
del Poder Ejecutivo la aplicación de sanciones que variarán desde la
suspensión sin goce de sueldo hasta la remoción.
Si se tratare de Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, la
solidaridad a que se refiere el apartado anterior alcanzará a los
Directores.
En tales casos, la Caja solicitará al Poder Ejecutivo y éste al
Senado, la remoción de los funcionarios y Directores responsables.
El incumplimiento de las obligaciones de que trata este artículo por
parte de los Gobiernos Departamentales, importará idéntica
responsabilidad para los Contadores y Tesoreros, alcanzando la
solidaridad a los Concejales responsables, en cuyo caso la Caja dará
cuenta a la Junta Departamental a los mismos efectos de los apartados
anteriores, en cuanto correspondiere.
El Tribunal de Cuentas de la República no visará ningún presupuesto
donde no se haya determinado el rubro necesario para el cumplimiento de
aquellas obligaciones, ni autorizará ninguna licitación o contrato en
que intervengan dichos Organismos.
Las pasividades del régimen civil ordinario a cargo de Rentas
Generales y las servidas por las Usinas Eléctricas del Estado y
Administración Nacional de Puertos, quedan comprendidas en todos los
beneficios de esta ley. Las pensiones graciables quedan comprendidas en
el régimen de los artículos 1.o y 2.o.
Autorízase a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares
para disponer de sus fondos, por una sola vez, de la cantidad de ciento
veinte mil pesos ($ 120.000.00) con destino a la contratación, por
término no mayor de seis meses, de personal especializado y demás gastos
que origine la aplicación de esta ley.
En caso de que los recursos arbitrados por esta ley resultaren
insuficientes para hacer frente a las nuevas erogaciones que apareja, el
Poder Ejecutivo, dentro del plazo de un año a partir de la publicación de
la misma, dará cuenta de ello a la Asamblea General.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 8 de
febrero de 1957.
ARMANDO I. BARBIERI, Presidente en ejercicio. -
Alfredo Frioni, Secretario.
Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social.
Ministerio de Hacienda.
Montevideo, 12 de febrero de 1957.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.
Por el Consejo: ZUBIRIA. - CLEMENTE RUGGIA. - AMILCAR VASCONCELLOS. - Carlos
M. Fleitas, Secretario interino.