Ley
Se fija la Contribución Inmobiliaria para el año 1934
Poder Legislativo.
Asamblea Deliberante.
La Comisión Legislativa Permanente, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley de 16 de Noviembre de 1933,
DECRETA:
Los inmuebles comprendidos en el territorio de la República y poseídos a cualquier título, pagarán por concepto de contribución inmobiliaria una cuota anual que será:
A) De seis y medio por mil para el Departamento de Montevideo y las
zonas urbanas y suburbanas de los Departamentos del litoral e interior.
B) De cuatro y medio por mil para los ubicados en lao zonas rurales.
C) De cuatro por mil para los ubicados en las zonas rurales y cuyo aforo
en conjunto no alcance a tres mil pesos, siempre que sean de un mismo
propietario.
Quedan exceptuados de dicho pago:
1.° Los inmuebles propiedad del Estado o de los Municipios.
2.° Las propiedades cuyo aforo no exceda en el Departamento de Montevideo
de $ 2.000.00 y las urbanas de campaña que no excedan de $ 1.000.00,
siempre que constituyan el único bien raíz de su propietario y sean
habitadas por el mismo.
3.° Los templos que hasta el 1.° de Marzo de 1919, estaban consagrados al
culto de las diversas religiones.
4.° Las propiedades pertenecientes y destinadas exclusivamente al servicio
de las siguientes instituciones: Ateneos de Montevideo, Salto y
Paysandú, Cementerio Británico, Instituto Nacional de Ciegos, Sociedad
Filantrópica Cristóbal Colón, Instituto Verdi, Sanatorio Catalina
Parma de Beisso, Hospitales en que se preste asistencia gratuita a los
pobres, Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, Sociedad Amigos de la
Educación Popular, Liga contra el Alcoholismo, Asociación Cristiana de
Jóvenes e instituciones deportivas no profesionales.
Gozarán de la misma franquicia las propiedades de instituciones
cuyos fines no respondan a propósitos utilitarios siempre que en sus
estatutos se establezca que en caso de liquidación, todos sus bienes
pasarán a propiedad del Estado.
Cuando estas últimas instituciones obtengan algún rendimiento de sus
propiedades, la franquicia se reducirá proporcionalmente.
La Biblioteca Popular "Artigas" de Colón gozará de la franquicia
otorgada por la ley número 8737 del 7 de Julio de 1931.
5.° Las propiedades pertenecientes a instituciones de enseñanza primaria,
industrial o agrícola y destinadas exclusivamente a escuelas, que
instruyan gratuitamente en la mayoría de las asignaturas que en ellas
se dicten, por lo menos al diez por ciento del alumnado.
El Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal fiscalizará el
fiel cumplimiento de esta disposición.
6.° El subsuelo con minas en explotación y construcciones indispensables
para éstas.
7.° Los establecimientos que exclusivamente elaboren carne en forma de
tasajo.
8.° Las propiedades pertenecientes a Sociedades Rurales con personería
jurídica y destinadas permanentemente a exposiciones ferias.
9 ° Los inmuebles propiedad de Gobiernos extranjeros y destinados a
sedes de Legaciones Diplomáticas, siempre que en el país respectivo se
conceda igual franquicia a la Legación del Uruguay.
Los propietarios de campos en las zonas rurales de los Departamentos del litoral e interior, cuya área no exceda de 50 hectáreas y que dediquen, por lo menos, el 60 % de la agricultura o a bosques artificiales, pagarán la mitad del impuesto que les correspondiere; cuando exceda de 50 hectáreas el área total del campo, sólo la superficie destinada a la agricultura o a la formación de bosques artificiales será la que goce del beneficio de pagar la mitad del impuesto.
Este beneficio se hará efectivo a los propietarios que prueben fehacientemente que explotan directamente los campos y excluirá toda otra clase de franquicias que acuerden o puedan acordar leyes especiales.
Gozarán de la misma franquicia, observándose las mismas condiciones, los dueños de campos fuera de la ciudad, pueblos y villas de Montevideo, cuya área no exceda de 25 hectáreas y que dediquen por lo menos el 60 % a la agricultura.
La Contribución Inmobiliaria recaerá sobre el valor oficial de las tierras y de las construcciones de todo género, que en ellas existan para las propiedades del Departamento de Montevideo y de las zonas urbanas y suburbanas del litoral e interior, con deducción de un 20 %.
Las propiedades de las zonas rurales de los Departamentos del litoral e interior pagaran el impuesto sobre el valor de la tierra, exclusivamente, con la misma deducción de 20 %.
A los efectos de la aplicación del impuesto se entiende por bienes "suburbanos" los que se encuentren situados en los arrabales de las ciudades, villas y pueblos de la República, conforme lo dispone el artículo 3.° del Código Rural.
Las autoridades municipales fijarán anualmente antes del 1.° de Febrero de cada año, el límite de los arrabales. También se considerarán suburbanos los inmuebles de los centros de población que no hayan sido oficialmente declarados pueblos o villas.
La Dirección General de Impuestos Directos queda facultada para indicar a la Dirección General de Avalúos las propiedades que considera aforadas en menos del 80 % de su valor, para que se proceda a nueva tasación.
Exista o no la indicación precedente, la Dirección General de Avalúos podrá proceder por su iniciativa a efectuar nueva tasación en las propiedades que se encuentren en las condiciones del inciso anterior.
La Dirección de Impuestos notificará al interesado el nuevo aforo practicado por la de Avalúos, y si en el acto de la notificación manifestara su conformidad, quedará el avalúo o aforo definitivamente fijado.
Si el interesado no aceptara dicho aforo, la Dirección pasará el expediente al Jurado Avaluador, cuyo fallo será inapelable.
El procedimiento indicado en el inciso 2.° del artículo anterior se aplicará también en los casos de construcciones, reedificación y deslindes.
En las tasaciones motivadas por obras nuevas, se mantendrá la tasación anterior del terreno a la que se agregará la que resulte de las nuevas construcciones.
En los deslindes se practicará la tasación tomando como base principal para la misma los precios unitarios de aforos de las fracciones similares de las zonas más próximas a la propiedad fraccionada.
El aforo de las propiedades del Departamento de Montevideo, y de las zonas rurales, será fijado por las dependencias de la Dirección General de Avalúos y nunca podrá ser mayor al 80 % del valor real.
Para los bienes urbanos y suburbanos se aplicará el aforo de acuerdo con el empadronamiento dispuesto por el decreto de 15 de Setiembre de 1905, u operaciones posteriores.
Tanto los Jurados como las Oficinas establecerán los aforos deduciendo del valor real el 20 % y redondeando en las propiedades tanto rurales como urbanas el monto de las tasaciones en la siguiente forma: Si no exceden de $ 500.00, en fracciones de $ 50.00, y si exceden, en fracciones de $ 100.00 hasta el aforo de $ 2.000.00; de pesos 200.00 hasta el de $ 5.000.00; de $ 500.00 hasta el de $ 10.000.00, y de $ 1.000.00 en cantidades mayores.
Los propietarios, los poseedores o sus apoderados, constituídos en forma, podrán solicitar la revisión de los aforos vigentes para sus propiedades, siempre que consideren que excedan o no alcancen al 80 % del valor real de los inmuebles.
Estas solicitudes, debidamente fundadas deberán ser presentadas dentro del primer plazo acordado a cada propiedad para el pago del impuesto o al notificársele un nuevo aforo, y consignando el importe del impuesto liquidado.
Fijado el aforo definitivo la Dirección de Impuestos dará cuenta al Ministerio de Hacienda cuando resulte alguna devolución por exceso de cuotas consignadas a los fines de la autorización correspondiente.
Los propietarios que hubieren gestionado aumento o rebaja de aforo sólo podrán solicitar nuevas modificaciones después de transcurridos tres años.
En los casos de fijación o reconsideración de aforos, se establecerán con una deducción de 20 % de su valor real, debiéndose hacer el justiprecio determinando las áreas y los precios unitarios del terreno y de los distintos pisos y categorías de construcciones.
Para resolver los reclamos de los propietarios de inmuebles situados en el Departamento de Montevideo, funcionará un Jurado, debiendo la Dirección General de Impuestos Directos integrarlo con el Director o Subdirector de esa repartición que actuará de Presidente, el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas o un delegado de esa Dirección, el Director o Subdirector de Avalúos, un delegado de la Intendencia Municipal, un
delegado de la Liga de Defensa de la Propiedad y dos propietarios elegidos de una lista de 20 mayores contriguyentes que el Ministerio de Hacienda designará a propuesta de la Dirección General de Impuestos Directos.
Se designarán siempre 10 de los mayores contribuyentes como titulares y 10 como suplentes, a fin de que en el curso del año se alternen en el conocimiento de los reclamos sometidos a su consideración.
Los reclamos de aforo de los inmuebles del litoral e interior serán resueltos en primera instancia dentro de los 90 días, por la Dirección General de Impuestos Directos, de común acuerdo con la Dirección General de Avalúos, previos los informes de sus respectivas dependencias.
En caso de disconformidad con los aforos fijados, los contribuyentes podrán reclamar dentro de los 15 días de notificados, elevándose los antecedentes al Jurado Departamental cuyo fallo será inapelable.
Los Jurados no considerarán ningún reclamo en el que no exista constancia de haberse consignado el impuesto por el año en curso.
Todas las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
Los Jurados y las Oficinas tendrán en cuenta para las apreciaciones de los aforos, los precios de ventas en la región en que esté ubicado el predio que se trata de valorar y también la renta ya sea del mismo bien o de las tierras de la localidad. En este último caso, la capitalización para fijar el aforo se hará teniendo en cuenta que la renta represente por lo menos el 4 % del aforo.
En cada Departamento del litoral e interior funcionará un Jurado Avaluador encargado de entender en los reclamos que formulen los propietarios.
Estará compuesto por el Administrador Departamental de Rentas, como Presidente, un delegado de la Sociedad Rural del Departamento, si la hubiere, o el Intendente Municipal, en caso contrario, el Jefe de la Oficina Técnica de Empadronamiento, como Secretario, el Gerente de la Sucursal del Banco Hipotecario o del Banco de la República, si no existiera aquél, y tres propietarios radicados en la Capital del Departamento, de una lista de 10 de los mayores contribuyentes, que anualmente designará el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Impuestos Directos.
Las reclamaciones sometidas a consideración de los Jurados serán resueltas dentro de los respectivos años a que correspondan.
El Jurado extenderá por escrito sus resoluciones, consignando los datos y antecedentes en que las funden.
Transcurrido un año sin que el Jurado dicte resolución, se tendrán por aceptados los reclamos que formulen los propietarios.
Los Jurados actuarán en los locales de las oficinas recaudadoras.
El cargo de Jurado es honorario, pudiendo la Dirección de Impuestos abonarles los gastos de locomoción, que se originen con fondos tomados de los recargos percibidos en el año.
En caso de impedimento de algunos de los propietarios miembros del Jurado para entender en algún reclamo, será sustituído en el cargo por uno de los suplentes que se designará por sorteo.
El cargo de Jurado no es renunciable para los representantes de los propietarios, salvo que la persona designada desempeñe otro cargo público gratuito.
La falta de asistencia no justificada será penada con una multa de diez pesos, por cada sesión.
Los Jurados podrán solicitar directamente de los escribanos, Registros de Ventas, Hipotecas y Arrendamientos y demás oficinas públicas, todos los datos que juzguen necesarios para el desempeño de su misión.
La Dirección General de Impuestos Directos dará cuenta al Poder Ejecutivo de las omisiones en que incurran las personas obligadas a facilitar los datos por el artículo anterior; se penarán con multa de diez a treinta pesos, que se harán efectivas en forma breve y sumaria ante los Jueces de Paz del domicilio de los infractores.
Los informes serán expedidos gratuitamente.
La Contribución Inmobiliaria de Montevideo se abonará en la Dirección General de Impuestos Directos.
La de los Departamentos del litoral e interior se abonará en las respectivas Administraciones y Agencias de Rentas, pudiendo satisfacerse en Montevideo, expidiéndose en este caso la planilla con un recargo de un peso.
El Poder Ejecutivo fijará los plazos en que se abonará el impuesto.
Los que no satisfagan la cuota legal de Contribución Inmobiliaria dentro
de los plazos que determine el Poder Ejecutivo, sufrirán un recargo de 2 % cuando al pago se efectúe durante el mes siguiente de vencido el plazo, que
se irá aumentando en 1 % cada mes subsiguiente hasta llegar al máximo de 12
%, siendo, además, de su cargo las costas en caso de hacerse efectiva la cobranza judicialmente.
Vencido el plazo para el pago con el recargo máximo, se acumulará a la deuda de impuesto y recargos, el interés del 6 % anual capitalizado
trimestralmente hasta el día del pago.
Los mismos recargos se acumularán a todos los adicionales que se liquiden en la planilla de contribución,
Las disposiciones de este artículo se aplicarán desde la promulgación de esta ley, a los morosos del año 1933.
Los propietarios que prueben haber sufrido en el año anterior, perjuicios por causa de epizootias, que representen una reducción no menor de 50 % de sus rendimientos normales, gozarán de una rebaja del impuesto que podrá alcanzar como máximo hasta el 50 %.
Los dueños o poseedores de inmuebles por los cuales nunca se haya abonado el impuesto, quedarán relevados de multas y recargos y sujetos únicamente al pago correspondiente a los tres últimos ejercicios, inclusive el corriente, siempre que se presenten voluntariamente dentro del primer año de vigencia de esta ley a satisfacer sus atrasos, sin que exista notificación administrativa, suscripta por el deudor o sin que se haya iniciado judicialmente la gestión de cobro.
La acción fiscal para el cobro de este impuesto, sus adicionales y recargos, así como la sobretasa inmobiliaria, se extinguirá por la prescripción de 10 años.
En cada caso de prescripción que se opere de acuerdo con lo establecido en este artículo, se levantará una información administrativa a fin de individualizar al funcionario o funcionarios omisos o culpables, a quienes se aplicarán las sanciones del caso, pudiéndose, según la importancia y gravedad, llegarse hasta la destitución de los mismos.
En los juicios por Contribución Inmobiliaria y demás adicionales que con ella se liquidan, entenderá siempre el Juez de Paz de la sección donde está situada la propiedad, o el del domicilio del deudor, con apelación para ante el Juzgado Nacional de Hacienda o el Juzgado Departamental, según el caso.
De la sentencia de segunda instancia, sea confirmatoria o revocatoria, no habrá recurso ordinario ni extraordinario.
El procedimiento será el prescripto, por el artículo 873 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sirviendo de suficiente título la
liquidación del impuesto suscripta, por el Director General de Impuestos Directos o el Administrador Departamental de Rentas, en su caso.
En dicho juicio los Jueces impondrán al deudor el pago de las costas.
Cuando la cantidad reclamada no sea mayor de $ 100.00 y las costas excedan el 30 % de esa suma, el deudor sólo pagará este porcentaje.
En caso de que el contribuyente en la primera audiencia o dentro del plazo que se le conceda para ella, pagara lo adeudado, no podrá exigírsele por concepto de costas, una suma mayor del 10 % de las cantidades reclamadas por el Fisco.
En los juicios por contribución inmobiliaria las publicaciones en el "Diario Oficial" se harán a mitad de tarifa.
No habrá condenación en costos.
Siendo conocido el domicilio del cotnribuyente moroso, el Juzgado le hará la intimación de pago, y si se rehusara a suscribirla, lo hará, en presencia de dos testigos, que firmarán la constancia respectiva.
Cuando el propietario no fuese conocido o la Oficina Recaudadora no conociere su domicilio, el Juez ante quien sea promovida la gestión, interrogará al ocupante del inmueble y en su defecto a los linderos, si
fueran conocidos, y siempre a dos vecinos, por lo menos, haciéndose constar sus declaraciones.
Si aún no fuera posible llegar a saber el nombre y la residencia del propietario o su domicilio conocido, se publicarán en el "Diario Oficial" y en otro del Departamento y por 15 días en cada uno, edictos de emplazamiento durante el primer tercio del término que será de 90 días, siendo suficiente, a los efectos de la ubicación, el número del empadronamiento y el nombre de los linderos que se conozcan.
Los escribanos no podrán autorizar acto alguno que afecte el dominio de
los bienes raíces, sin que se les acredite previamente no adeudarse impuestos por ejercicios vencidos, por ningún concepto, con certificado expedido por la Oficina Recaudadora respectiva, o con la exhibición del boleto de exoneración, cuando se trate de propiedades exentas del pago del impuesto, y el respectivo certificado de empadronamiento, cuando procediera.
En todos los casos deberá hacerse constar el número de empadronamiento del inmueble. Los escribanos que contravengan estas disposiciones incurrirán en una multa equivalente al 20 % del impuesto que haya quedado sin cobrar.
Toda escritura o transmisión del dominio da un bien raíz, que tome como base un plano oficial del inmueble, expresará el número con que haya sido registrado por la Dirección de Impuestos Directos para los propietarios del Departamento de la Capital o por las respectivas oficinas técnicas de empadronamiento de los Departamentos del litoral e interior.
Los planos de mensura y fraccionamiento de Montevideo deberán ser presentados por los interesados a la Dirección General de Impuestos Directos, la que pondrá en ellos, así como en las copias reglamentarias el
número de orden que les corresponda. Una de estas copias quedará archivada.
La Dirección de Topografía del Ministerio de Obras Públicas no admitirá ningún plano de mensura o fraccionamiento que, no lleve la constancia de haber sido intervenido por la Dirección General de Impuestos Directos, como establece el artículo precedente, o por la Oficina Técnica Departamental, cuando se trate de inmuebles de los Departamentos del litoral e interior.
Ninguna Oficina Pública, del Estado, Municipios o entes autónomos, dará curso, trámite o entrada a escrito, petición o solicitud, que tenga relación con bienes inmuebles, si previamente no se acredita el pago de la contribución inmobiliaria del año en curso, acompañando el boleto respectivo, salvo el caso en que la gestión que se realice traiga como consecuencia el pago de la contribución.
En todos los casos de transmisión de dominio, loe escribanos autorizantes deberán comunicarlo a la Dirección General de Impuestos Directos o a la Administración respectiva dentro de los 10 días de su inscripción en el Registro correspondiente, en formularios especiales que aquella suministrará.
Igualmente el escribano autorizante hará la anotación en el certificado de empadronamiento, limitándola a los nombres de los otorgantes y la fecha, si se trata do la enajenación o traspaso total del terreno que el certificado determina y agregando a esos datos los del deslinde detallado y área de la parte objeto de la transmisión si ésta es parcial.
La falta de cumplimiento a la primera disposición será penada con multa de diez a cien pesos.
Tanto en los instrumentos públicos que impliquen transmisión de dominio, como en su inscripción en el Registro de Traslaciones, se establecerá la nacionalidad de los enajenantes o causantes y de los adquirentes.
La Dirección General de Impuestos Directos llevará un registro domiciliario de todos los contribuyentes del país.
Las Administraciones Departamentales de Rentas lo llevarán respecto de los propietarios del Departamento.
Los contribuyentes estarán obligados a inscribir su domicilio actual en la oficina respectiva.
El contribuyente que cambie de domicilio queda igualmente obligado a comunicarlo dentro de los cinco días siguientes.
Los certificados de empadronamiento serán expedidos gratuitamente en papel común administrativo por la Dirección General de Impuestos Directos.
Los duplicados que se soliciten llevarán un timbre de comercio del valor de $ 1.00, que será inutilizado por la División respectiva.
Sin perjuicio de las medidas que adopte el Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley, para la fiscalización del impuesto inmobiliario y su debida percepción, se previene expresamente:
1.° Al recabar la documentación del pago del impuesto los contribuyentes
deberán presentar a la Oficina Recaudadora los justificativos del
último año abonado.
2.° Todas las solicitudes de permisos para construir o reedificar que
hayan de tramitarse ante las Oficinas Municipales, serán previamente
intervenidas por la Dirección General de Impuestos Directos, si se
trata de inmuebles situados en el Departamento de Montevideo, por las
Oficinas Técnicas Departamentales del interior para las propiedades
rurales o por las Administraciones y Agencias de Rentas cuando se
trate do propiedades urbanas y suburbanas.
Estas Oficinas proporcionarán a los interesados los formularios en
que han de dejar establecidos los datos de ubicación exactos de las
propiedades de que se trate, y los demás pormenores necesarios para el
contralor que se debe llevar, a los efectos de la fiscalización del
impuesto, en lo referente a las obras a construirse.
La Dirección de Obras Municipales de la Intendencia de Montevideo,
no dará entrada ni trámite a solicitudes que no lleven la constancia
de la referida intervención.
Esta Dirección dará aviso a la de Avalúos de los permisos concedidos
para construir o reedificar.
3° La planilla de pago del último ejercicio servirá de prueba del pago
de los ejercicios anteriores.
En todos los expedientes relativos a construcciones, reedificaciones o nuevos avalúos se actuará en papel común; sólo corresponderá sellado en las reclamaciones de aforo iniciadas por los contribuyentes.
La Dirección General de Impuestos Directos o la Administración Departamental de Rentas respectiva, iniciará los expedientes para el avalúo de las obras nuevas y éstas abonarán el impuesto inmobiliario correspondiente desde el ejercicio económico siguiente al de su terminación.
Los expedientes de edificación y deslinde de Montevideo serán despachados por la Dirección de Avalúos dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su remisión por la Dirección General de Impuestos Directos.
Cuando la planilla de contribución inmobiliaria del año anterior esté glosada en algún expediente en trámite en Juzgados u otras oficinas públicas bastará, para que se expida la del corriente ejercicio, la exhibición de un certificado en que el Actuario o Secretario de dichas oficinas acredite tal circunstancia, con expresión del número del padrón, número de la planilla, fecha, lugar en que fué expedida, área, aforo y notas de transmisión.
Dicho certificado será gratuito y en papel simple.
Es obligatorio para el arrendador el registro gratuito de los arrendamientos de predios rurales en la Dirección General de Avaluaciones o en las Oficinas Departamentales de Empadronamiento, indistintamente, dentro de los treinta días de celebrados los contratos respectivos y baja pena de multa de $ 10.00 por cada mes o fracción de mora con un máximo de $ 100.00.
Sólo se exigirá la declaración sobre el valor del arrendamiento por el todo o por hectárea, la ubicación de la propiedad, el número de padrón de inmueble, superficie y determinación de áreas destinadas a la ganadería y a la agricultura.
La inscripción podrá también hacerse por medio de un certificado expedido por el escribano autorizante del contrato, de acuerdo en un todo con los contratos respectivos y bajo pena de multa de $ 10.00 a $ 100.00.
En las notas de traspaso de dominio que establecen los escribanos al dorso de la planilla siempre que se trate de inmuebles empadronados, bastará que establezca la fecha de la escritura y el nombre del comprador.
Redúcese a un medio por mil el adicional de uno por mil sobre la contribución inmobiliaria sancionado por leyes especiales de fecha 18 de Setiembre y 18 de Octubre de 1915 para los Departamentos de Salto, Paysandú y Artigas.
Este adicional se liquidará sobre los aforos fijados para el cobro de la contribución inmobiliaria.
Para la expedición de certificados para transaciones rurales, creados por la ley de Junio 21 de 1880, tanto la Dirección General de Impuestos, como las Administraciones y Agencias de Rentas exigirán del solicitante la exhibición de la planilla corriente de contribución inmobiliaria, en la cual conste estar pagada la patente de perros, o en su defecto dicha patente.
Tratándose de abastecedores, rematadores, consignatarios, comisionistas de ganados, propietarios de caballerizas, lecherías o tambos, bastará para obtener certificados rurales la exhibición de las respectivas patentes de giro.
Cuando los solicitantes sean propietarios únicamente de coches u otros vehículos exhibirán las patentes de rodados.
Los arrendatarios exhibirán el boleto de marcas o señales.
El valor de los certificados rurales será de $ 0.25 cuando la transación recaiga hasta sobre 10 animales y de $ 0.50 cuando exceda de esta cantidad, o sea $ 2.50 y $ 5.00 cada libreta, respectivamente.
El expendio de estos certificados estará a cargo de la Dirección General de impuestos Directos y sometido al régimen de los demás valores.
Los Tenientes Alcaldes en cuyas jurisdicciones no existan oficinas recaudadoras de impuestos directos, expedirán certificados rurales dentro de sus respectivos districtos, para lo cual las Administraciones Departamentales los proveerán de las correspondientes libretas, quedando comprendidos en la misma forma que las Agencias en las disposiciones de esta ley.
Los Tenientes Alcaldes cobrarán por emolumentos a los solicitantes dos centésimos por cada certificado rural.
El producto de este impuesto se destinará a Rentas Generales.
Quedará exonerado de contribución inmobiliaria por el término de 10 años todo nuevo edificio que se construya y habilite en las ciudades, pueblos y villas del litoral e interior dentro de los tres primeros años de vigencia de esta ley.
Los propietarios que a juicio del Poder Ejecutivo prueben fehacientemente que administran directa y personalmente sus establecimientos rurales, gozarán de una rebaja de 10 % en el importe de la contribución inmobiliaria de los campos de su propiedad.
Esta franquicia no alcanza a los propietarios comprendidos en la franquicia del artículo 3.°.
El Poder Ejecutivo podrá disponer, a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley, hasta el 50 % de los recargos percibidos por contribución inmobiliaria.
En ningún caso podrá asignarse anticipación en los recargos a los funcionarios pertenecientes a oficinas encargadas de la percepción, inspección o vigilancia de la recaudación de impuestos e Inspección de Hacienda, salvo lo dispuesto por la ley número 7462.
Redúcense por el año 1934 en un 20 % los aforos de la propiedad rural que no hubieran sido rebajados en los dos últimos años.
Esta rebaja se tendrá en cuenta solamente para calcular la contribución inmobiliaria y no alcanzará a las propiedades comprendidas en el artículo 3.°.
El apartado 2.° del inciso A) del artículo 5.° de la ley de 14 de Enero de 1916, quedará redactado en esta forma: "Quedan exceptuadas del impuesto las propiedades cuyo valor no exceda de $ 300.00".
Quedarán exentos de recargos los propietarios rurales que prueben haber sufrido en sus negocios perjuicios que los inhabilitaron para cumplir dentro de los plazos respectivos.
Declárase que la ley de1 19 de Octubre de 1928 sobre impuesto de vialidad e hidrografía no comprende a las propiedades ubicadas en el Departamento de Montevideo.
La patente de perros creada por el artículo 4.° de al ley número 1796 de Junio 9 de 1885, se cobrará con el nombre de "Impuesto de instrucción primaria" y deberá abonarse por todas las propiedades rurales cuyo aforo exceda de $ 1.000.00.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Comisión Legislativa Permanente, en Montevideo a 28 de Diciembre de 1933.
JOSE G. ANTUÑA, Presidente.- Arturo
Miranda, Secretario.
Ministerio de Hacienda.
Montevideo, Enero 4 de 1934.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.