Ley 15.750
Se aprueba la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales y se deroga el Decreto Ley 15.464.
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General.
DECRETAN:
Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales.
TITULO I
Disposiciones Generales
La Potestad de conocer en los asuntos que les están asignados y de
hacer ejecutar lo juzgado en la forma que en cada caso corresponda,
pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Por
tribunales se entiende, tanto los colegiados como los unipersonales.
Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar los demás actos
que decreten, pueden los tribunales requerir de las demás autoridades el
concurso de la fuerza pública que de ellas dependa, o los otros medios de
acción conducentes de que dispongan.
La autoridad requerida debe prestar su concurso sin que le corresponda
calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de
la sentencia, decreto u orden que se trata de ejecutar.
TITULO II
De la Jurisdicción y Competencia
Capítulo I
Reglas Generales
Los tribunales no pueden ejercer su ministerio sino a petición de
parte, salvo los casos en que según la ley, deban o puedan proceder de
oficio.
Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia,
no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por razón de silencio,
oscuridad o insuficiencia de las leyes.
Es jurisdicción de los tribunales la potestad pública que tienen de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada.
Es competencia la medida dentro de la cual la referida potestad está
distribuida entre los diversos tribunales de una misma materia.
La prórroga de jurisdicción está prohibida.
Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo
asunto dos o más tribunales, ninguno podrá excusarse bajo el pretexto de
haber otros que puedan conocer de él; pero el que haya prevenido en el
conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan, desde entonces, de ser
competentes.
Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un tribunal para
conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente
fijada la de los tribunales inmediatos superiores para conocer del mismo
asunto en las demás instancias.
Cuando dos o más tribunales de similar categoría y competencia tengan
la misma circunscripción territorial, su intervención se determinará por
el sistema que establezca la Suprema Corte de Justicia.
Capitulo II
Prorroga de Competencia
La prórroga de competencia puede ser expresa o tácita.
Es expresa, cuando en el contrato mismo o en un acto posterior han
convenido en ello las partes, designando al tribunal a quien se someten.
Es tácita, por parte del demandante, por el hecho de ocurrir ante el
tribunal interponiendo su demanda, y por parte del demandado, por el
hecho de no oponer la excepción declinatoria dentro del plazo legal.
Pueden prorrogar competencia todas las personas que, según la ley, son
hábiles para estar en juicio por sí mismas; y por las que no lo son,
pueden prorrogarla sus representantes legales.
El Procurador no necesita facultad especial para prorrogar competencia.
El tribunal ante quien se deduzca una acción, si se considera
absolutamente incompetente para conocer en ella, deberá inhibirse de
oficio sin más actuaciones, mandando que el interesado ocurra donde
corresponda.
Se exceptúa de esta regla la incompetencia por razón de turnos.
Las partes no podrán disponer de ellos; no obstante, si por error se
dejaren de observar, lo actuado ante el tribunal incompetente por razón
del turno es válido, sin perjuicio de que advertido el defecto, de oficio
o a petición de parte, se remita el expediente al tribunal competente.
La prórroga de competencia legalmente operada obliga al tribunal.
En los casos en que la prórroga tenga lugar, el tribunal conocerá del
asunto en la misma forma en que conoce de los de su competencia normal.
Capítulo III
Competencia de los Tribunales Según la Naturaleza de la Acción
Es tribunal competente para conocer de los juicios en que se ejerciten
acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en que esté la cosa
litigiosa.
Si los inmuebles que son objeto de la acción real estuvieran situados
en distintos lugares, será competente cualquiera de los tribunales del
lugar en que estén situados.
Si una misma acción real tuviere por objeto reclamar bienes muebles e
inmuebles, será tribunal competente el del lugar en que estuvieren
situados los inmuebles.
De los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes
muebles o semovientes, conocerá el tribunal del lugar en que se hallen, o
el del domicilio del demandado, a elección del demandante.
Si la acción real entablada tuviera por objeto derechos o acciones que
se reputan muebles o inmuebles por los artículos 474 y 475 del Código
Civil, se estará a lo dispuesto en los artículos precedentes respecto de
cada una de esas clases de bienes.
De los juicios en que se ejerciten acciones reales y personales conocerá
a elección del demandante, el tribunal del lugar en que esté la cosa o el
que corresponda según el artículo 21.
Si las cosas inmuebles sobre las cuales recae la acción real son varias
y situadas en diversos lugares, se aplicará el artículo 15 en el caso de
optar el demandante por seguir el fuero de la situación de las cosas.
Si los derechos producen acciones alternativas, reales o personales,
se aplicarán las reglas de los precedentes artículos. Será competente el
juzgado que corresponda a unas o a otras, a elección del demandante.
De los juicios en que se ejerciten acciones personales, conocerá el
tribunal del lugar en que deba cumplirse la obligación y a falta de
designación expresa o implícita de lugar, a elección del demandante, el
del domicilio del demandado o el del lugar donde nació la obligación, si
hallándose en él este último aunque sea accidentalmente, puede ser
emplazado.
Si una misma demanda comprendiese obligaciones que deben cumplirse en
diversos lugares, entenderá en el juicio el tribunal competente para
conocer respecto de alguna de ellas ante el cual se reclame el
cumplimiento de todas, sin perjuicio de cumplirse cada una en su lugar
respectivo.
Si el demandado tuviese su domicilio en dos o más lugares, podrá el
demandante entablar su acción ante el tribunal de cualquiera de ellos;
pero si se trata de cosas que dicen relación especial con uno de dichos
lugares exclusivamente, sólo ese lugar será para este caso el domicilio
del demandado.
Si los demandados fuesen dos o más por una misma obligación, para cuyo
cumplimiento no haya lugar expresa o implícitamente determinado, y cada
uno tuviera su domicilio en otro diferente, podrá el demandante entablar
su acción ante el tribunal de cualquier lugar donde esté domiciliado uno
de los demandados y, en tal caso, quedarán sujetos los demás a la
competencia del mismo tribunal.
Respecto de los demandados que no tuvieran domicilio fijo, se
entenderá por domicilio para los efectos de la competencia, el lugar donde
se encuentren o el de su última residencia.
Cuando el demandado fuese una persona jurídica se tendrá por
domicilio, para fijar la competencia del tribunal, el lugar donde tenga
asiento su administración, si en el estatuto o en la autorización que se
le dio no tuviere domicilio señalado.
Si la persona jurídica o la sociedad comercial o civil tuviere
establecimientos, agencias u oficinas en diversos lugares, podrá ser
demandada ante el tribunal del lugar donde exista el establecimiento,
agencia u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho
que da origen al juicio.
De los juicios en que se ejerciten acciones respecto a la gestión de
tutores, guardadores y administradores, conocerán los tribunales del lugar
en que se hubiese desempeñado la tutela, guarda o administración, a no ser
que el actor prefiera el fuero del domicilio del tutor, guardador o
administrador, atendida la importancia de los bienes.
Los que hubiesen sido citados en garantía de cualquier especie con
motivo de un litigio deberán comparecer ante el tribunal donde penda la
demanda principal.
Lo mismo sucederá si el vendedor citado de evicción saliese al pleito.
De las gestiones o reclamaciones por honorarios no concertados
conocerá el tribunal ante quien se hayan causado éstos, o ante quien
exista el expediente en el momento de la gestión.
En los casos de ausentes de que trata el Título IV, Libro 1 del Código
Civil, serán competentes para proveer sobre la administración de sus
bienes los tribunales del lugar en que éstos se hallen situados; pero para
obtener la declaración de ausencia, la posesión interina o definitiva y la
partición de bienes del ausente, deberá acudirse a los tribunales del
último domicilio del ausente en la República.
En los casos de concurso de acreedores, serán tribunales competentes
los del lugar en que el deudor tuviese su domicilio y según la cantidad;
salvo lo dispuesto en el Código de Comercio y leyes especiales.
Son competentes para conocer en los juicios a que dan lugar las
relaciones jurídicas internacionales, los jueces del Estado a cuya ley
corresponde el conocimiento de tales relaciones. Tratándose de acciones
personales patrimoniales, éstas también pueden ser ejercidas, a opción del
demandante, ante los jueces del país del domicilio del demandado.
Capítulo IV
Reglas para determinar la competencia según la importancia del asunto
La importancia o valor de la cosa disputada, para fijar la competencia
del tribunal, se determinará por las reglas establecidas en los artículos
siguientes.
Si el demandante acompañase documentos que sirvan de apoyo a su
acción, y en ellos apareciere determinado el valor de la cosa disputada,
se estará, para fijar la competencia, a lo que conste de dichos
documentos; salvo que se tratara de acciones reales sobre inmuebles; en
este último caso se estará al valor real fijado por la Dirección General
del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.
Si el demandante no acompañase documentos o si ellos no apareciere
determinado el valor de la cosa, y la acción entablada fuese personal, se
determinará la cuantía de la materia por la apreciación que el actor
hiciese en su demanda.
Si la acción entablada fuese real y el valor de la cosa no apareciere
determinado del modo que se indica en el artículo 36, se estará a la
apreciación que las partes hicieren de común acuerdo.
Esta apreciación si no es expresa, quedará hecha, de parte del
demandante, por la presentación de la demanda, y de parte del demandado,
cuando no ha opuesto la declinatoria dentro del plazo legal.
En caso de que no exista el acuerdo a que se refiere el artículo
anterior, el tribunal ante quien se hubiere deducido la acción real sobre
cosa mueble fijará inapelablemente el valor de ésta, para el efecto de la
competencia, oyendo el informe de un perito que nombrará de oficio.
En las controversias sobre usufructo, uso, habitación o nuda
propiedad, el valor de la cosa será la mitad del valor real de la
propiedad fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y
Administración de Inmuebles del Estado, salvo que se acompañasen
documentos en que apareciese determinado otro valor.
En los pleitos sobre servidumbres, siempre que no se acompañaren
documentos en que se determine su valor, éste será la mitad del valor real
del predio sirviente fijado por la Dirección General del Catastro Nacional
y Administración de Inmuebles del Estado.
En las cuestiones sobre límites de una propiedad, se atenderá al valor
real de la misma, establecido por la Dirección General del Catastro
Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.
Si en una misma demanda se entablasen a la vez varias acciones, en los
casos en que esto pueda hacerse conforme a lo previsto en el Código de
Procedimiento Civil, se determinará la cuantía del juicio por el monto a
que ascendieren todas las acciones entabladas.
Si el demandado, al contestar la demanda entabla reconvención, la
cuantía de la materia se determinará por el monto a que ascendieren la
acción principal y la reconvención reunidas.
Si se trata de derecho a pensiones futuras que no abarquen un tiempo
determinado, se fijará la cuantía de la materia por la suma a que
ascendieren dichas pensiones en diez años. Si tienen tiempo determinado,
se atenderá al monto de todas ellas.
Pero si se trata del cobro de una cantidad procedente de pensiones
periódicas ya devengadas, la determinación se hará por el monto a que
todas ellas ascendieren.
Si el valor de la cosa disputada aumentare o disminuyese durante el
juicio, no sufrirá alteración alguna la determinación que antes se hubiera
hecho con arreglo a la ley.
Tampoco será alterada la determinación en razón de lo que se deba por
intereses, frutos, costos, gastos judiciales, daños y perjuicios, causados
después de la interposición de la demanda.
Pero los intereses, frutos, daños y perjuicios causados antes de la
demanda, se tomarán en cuenta para determinar la cuantía de la materia.
Si fueren varios los demandados en un mismo juicio, el valor total de
la cosa o cantidad debida determinará la cuantía de la materia, aun cuando
por no ser solidaria la obligación, no pueda cada uno de los demandados
ser compelido al pago total de la cosa o cantidad, sino tan solo al de la
parte que le correspondiese.
Sin perjuicio de las asignaciones especiales de competencia que pueda
hacer la ley, para el efecto de determinarla se reputarán como de valor de
más de N$ 400.000 (nuevos pesos cuatrocientos mil) los asuntos que versen
sobre materias que no están sujetas a una determinada apreciación
pecuniaria, como por ejemplo, los relativos al estado civil de las
personas, a la crianza y cuidado de los hijos y la apertura y
protocolización de testamentos.
Todos los valores monetarios a que se hace referencia en la presente
ley, serán actualizados por la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la
variación operada en el Indice de Precios de Consumo hasta el mes de
octubre de cada año, redondeados al millar de nuevos pesos más próximo.
Dicha actualización entrará en vigencia a partir del 1º de enero del
año siguiente.
Capítulo V
De la organización y competencia de los tribunales según la materia,
cuantía y grado del asunto.
SECCION I
Reglas Generales
El ejercicio de la función jurisdiccional compete, en lo pertinente, a
los siguientes órganos:
- Suprema Corte de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, -
- Tribunales de Apelaciones en lo Civil, Penal y del Trabajo,
- Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, del Trabajo, de
Familia, de Menores, de Aduana, en lo Penal y de Primera Instancia de
lo Contencioso-Administrativo,
- Juzgados Letrados de Primera instancia del Interior,
- Juzgados de Paz Departamentales de la Capital.
- Juzgados de Paz Departamentales del Interior.
- Tribunal de Faltas.
- Juzgados de Paz.
En el Poder Judicial, la competencia por razón de la materia, la cuantía
y el grado se distribuirá entre los órganos que correspondan de los
mencionados en el artículo 51, de acuerdo con lo dispuesto en las
Secciones siguientes.
En cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional en lo Contencioso -
Administrativo, su organización, funcionamiento y competencia, se estará a
lo dispuesto por la Ley Orgánica respectiva.
SECCION II
De la Suprema Corte de Justicia
La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia se ejercerá por turno
anual rotativo entre sus miembros, según el orden de antigüedad en el
cargo.
El turno comenzará con la apertura de los tribunales.
En caso de vacancia, licencia, recusación o impedimento, la Presidencia
será desempeñada provisoriamente por el Ministro de mayor antigüedad en
el cargo.
A igual antigüedad entre dos o más Ministros, la Suprema Corte resolverá.
Los Ministros precederán entre sí, en el mismo orden.
La Suprema Corte de Justicia designará los Secretarios Letrados de entre
los Secretarios de los Tribunales de Apelaciones y los Jueces Letrados.
Asimismo, designará sus Escribanos de entre los Escribanos del grado
inmediato inferior.
En ambos casos, se requerirán cuatro votos conformes.
A la Suprema Corte de Justicia, además de las competencias que
originariamente se le atribuyen en la Sección XV de la Constitución,
corresponde:
1) Dirimir las contiendas de competencias entre los órganos del Poder
Judicial y los de lo Contencioso Administrativo.
2) Ejercer la consulta en las causas penales.
3) Dar posesión de sus cargos a los Jueces del Poder Judicial, previo
juramento habilitante. En el caso de los Jueces de Paz del Interior,
podrán delegar en Jueces Letrados el ejercicio de esta atribución.
4) Recibir el juramento habilitante para el ejercicio de las profesiones
de abogado, escribano y procurador.
5) Ejercer la policía de las profesiones referidas en el inciso anterior,
conforme a las leyes que reglamentan esa potestad.
6) Dictar las acordadas necesarias para el funcionamiento del Poder
Judicial y el cumplimiento efectivo de la función jurisdiccional.
La Suprema Corte de Justicia no podrá funcionar con menos de tres
miembros, pero deberán concurrir los cinco para dictar sentencia
definitiva que podrá pronunciarse por simple mayoría.
Para dictar sentencia interlocutoria bastará la presencia de tres
miembros con voto unánime, y de uno para los decretos de sustanciación.
En caso de resultar necesario la Suprema Corte de Justicia se
integrará de oficio y por sorteo entre los miembros de los Tribunales de
Apelaciones de la materia a la que pertenece el asunto que da mérito a la
integración.
Si ello no fuere posible por impedimento de todos los miembros de los
Tribunales de Apelaciones de esa materia, se seguirá el orden establecido
en el artículo 62.
En las causas civiles, si el impedimento fuere por causa de licencia por plazo superior a treinta días, la integración se efectuará a pedido de parte. En las penales y laborales, en todo caso de oficio. El nuevo miembro continuará conociendo del asunto hasta dictar la sentencia que motiva la integración.
El ejercicio de las funciones de la Suprema Corte de Justicia se
regulará por el reglamento interno que la misma dictará.
SECCION III
De los Tribunales de Apelaciones
La Presidencia de cada tribunal se ejercerá por turno anual rotativo
entre sus miembros, según el orden de antigüedad en el cargo.
El turno comenzará con la apertura de los tribunales.
En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 53, en cuanto
corresponda.
Es indispensable la presencia de todos los miembros del Tribunal y se
requieren tres votos conforme para dictar sentencias definitivas.
Para dictar sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, se
necesita también la presencia de todos los miembros, pero sólo dos votos
conformes.
Para dictar las demás sentencias interlocutorias, los miembros de cada
Tribunal establecerán entre ellos turnos semanales. El asunto será
estudiado por el miembro que estuviese de turno el día que se concedió el
recurso o se promovió la queja o el incidente, y por el que le haya
precedido. Si estuviesen discordes, pasarán los autos al tercer miembro
para que dirima la discordia, el que también subrogará a cualquiera de los
otros dos en caso de enfermedad u otro impedimento accidental.
Los decretos de sustanciación podrán ser dictados por uno de los
miembros del tribunal.
Cuando haya que integrar un Tribunal de Apelaciones en caso de
vacancia, por excusación o recusación de alguno de sus miembros o por
discordia, éstos serán reemplazados, de oficio y por sorteo, en la forma
siguiente:
1) El sorteo se efectuará, en primer término, entre los demás miembros
de los tribunales de la misma jurisdicción.
2) Luego, en el caso ocurrente: entre los Ministros de los Tribunales de
Apelaciones, del Trabajo, y en lo Penal, por su orden, para integrar
los Tribunales de Apelaciones en lo Civil; entre los Ministros de
los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, y en lo Penal, por su
orden, para integrar los Tribunales de Apelaciones del Trabajo y
entre los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil y
del Trabajo, por su orden, para los Tribunales de Apelaciones en lo
Penal.
La integración de oficio de los Tribunales se efectuará en las causas civiles, si el impedimento fuere por licencias superior a treinta días; y en las penales y laborales, en todo caso. El nuevo miembro continuará
conociendo del asunto hasta dictar la sentencia que motiva la integración.
Los Tribunales de Apelaciones en lo Civil conocerán, en segunda
instancia, de las apelaciones que se interpongan contra las sentencias
dictadas en toda materia no penal ni del trabajo, por todos los Juzgados
Letrados.
Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal y del Trabajo tendrán las
competencias que las leyes especiales les asignen.
SECCION IV
De los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal y del Trabajo;
de los Juzgados de Aduana y de Menores y del Tribunal de Faltas.
Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados
Letrados de Primera Instancia del Trabajo, los Juzgados Letrados de Aduana
y el Tribunal de Faltas tendrán las competencias que las leyes especiales
les asignen.
Los Juzgados Letrados de Menores entenderán en todos los procedimientos
preventivos, educativos y correctivos a que den lugar los hechos
antisociales cometidos por menores y de las situaciones de abandono.
SECCION V
1
De los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil
Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil entenderán:
1) En primera instancia de los asuntos de jurisdicción contenciosa,
civil, comercial y de hacienda, cuyo conocimiento no corresponda a
otros jueces.
2) En segunda y última instancia, de las apelaciones que se deduzcan
contra las sentencias de los Jueces de Paz Departamentales de la
Capital.
2
De los Juzgados Letrados de Familia
Los Juzgados Letrados de Familia entenderán, en primera instancia:
En las cuestiones atinentes al nombre, estado civil y capacidad de las
personas y a las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros
de la familia legítima y natural fundadas en su calidad de tales, como:
a) Las reclamaciones y contestaciones de filiación legítima y natural y
de posesión de estado civil.
b) Las acciones referentes al matrimonio y a la situación de los
cónyuges; separación de cuerpos, divorcio, nulidad del matrimonio.
c) Las pensiones alimenticias y régimen de visitas.
d) La guarda, tutela, administración de los peculios de los hijos,
suspensión, limitación, pérdida y restitución de la patria potestad.
e) Emancipación, habilitación de edad y venia de disposición de
bienes.
f) El irracional disenso de los padres para contraer matrimonio.
g) Adopción y legitimación adoptiva.
h) Declaración de incapacidad, curatela y ausencia.
i) Régimen matrimonial de bienes.
j) El procedimiento sucesorio.
El fuero de atracción del procedimiento sucesorio no comprenderá las
acciones de carácter patrimonial dirigidas por terceros contra la
herencia.
SECCION VI
De los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior.
Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior tendrán en
materia penal, de trabajo y de aduana, las competencias que les asignan
las leyes especiales respectivas; y en materia civil, comercial, de
hacienda, de familia y de menores, las que esta ley asigna a los
respectivos Juzgados de Montevideo.
También conocerán, en segunda y última instancia, de las apelaciones que
se deduzcan contra las sentencias dictadas por los Juzgados de Paz, de su
circunscripción territorial.
SECCION VII
De los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior.
Los juzgados de Paz Departamentales de la Capital entenderán en los
asuntos judiciales no contenciosos, que no correspondan a los Juzgados
Letrados de Familia, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite
contienda u oposición de interesados o del Ministerio Público o Fiscal, en
cuyo caso se remitirá el expediente al Juzgado en lo Civil que
corresponda, el que seguirá conociendo del asunto hasta su conclusión.
También tendrán competencia en los asuntos contenciosos, civiles,
comerciales y de hacienda cuya cuantía no exceda de N$ 32.000,00 (nuevos
pesos treinta y dos mil).
Conocerán, asimismo, en toda la materia de arrendamientos urbanos que
el decreto-ley 14.219, sus modificativos y concordantes, cometieron a los
Juzgados de Paz de Montevideo.
SECCION VIII
De los Juzgados de Paz Departamentales del Interior.
Los Juzgados de Paz Departamentales del Interior entenderán:
1) Dentro de idénticos límites territoriales del Juzgado Letrado de
Primera Instancia al que acceden:
a) En primera Instancia en los asuntos contenciosos, civiles,
comerciales y de hacienda cuya cuantía sea superior a N$ 23.000,00
(nuevos pesos veintitrés mil) y no exceda de N$ 32.000,00 (nuevos
pesos treinta y dos mil).
b) En Jurisdicción voluntaria, de los actos jurisdiccionales no
contenciosos, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite
contienda u oposición de interesados o del Ministerio Público o
Fiscal, en cuyo caso, se remitirán al Juzgado Letrado de Primera
Instancia que corresponda, el que seguirá conociendo del asunto
hasta su conclusión.
2) Dentro de los límites de la Sección Judicial correspondiente a su
sede:
a) En Primera Instancia, en los asuntos contenciosos, civiles,
comerciales y de hacienda que excedan de N$ 11.000,00 (nuevos pesos
once mil) y hasta N$ 23.000,00 (nuevos pesos veintitrés mil).
b) En única instancia en los asuntos contenciosos, civiles,
comerciales y de hacienda hasta N$ 11.000,00 (nuevos pesos once
mil).
c) Los que les asignan las normas especiales.
SECCION IX
De los Juzgados de Paz
Los Juzgados de Paz de las ciudades, villas, o pueblos del interior,
entenderán en única instancia, de los asuntos contenciosos, civiles,
comerciales y de hacienda, cuya cuantía no exceda de N$ 11.000.00 (nuevos
pesos once mil) y, en primera instancia, de los que excedieren de ese
valor y no pasaren de N$ 23.000.00 (nuevos pesos veintitrés mil).
En las circunscripciones territoriales que accedan a dichas ciudades,
villas o pueblos, estos juzgados entenderán asimismo, en primera
instancia, de las demandas civiles, comerciales y de hacienda que pasando
de N$ 7.000.00 (nuevos pesos siete mil), no excedieren los N$ 23.000.00
(nuevos pesos veintitrés mil). A esos efectos la Suprema Corte de Justicia
determinará las circunscripciones territoriales que deben acceder a esos
juzgados.
Los Juzgados de Paz rurales entenderán, en primera instancia de las
demandas civiles, comerciales y de hacienda que no excedieren de N$
7.000.00 (nuevos pesos siete mil).
SECCION X
De los Jueces Suplentes
Habrá Jueces Suplentes para los Juzgados Letrados, con categoría de Juez
Letrado de Primera Instancia de la Capital.
Dichos magistrados tendrán su despacho en la sede de la Suprema Corte de
Justicia.
Corresponde a esos magistrados subrogar a los Jueces Letrados de Primera
Instancia de la Capital y del Interior en los casos de vacancia temporal
por causa de licencia, enfermedad u otro motivo, cuando la Suprema Corte
de Justicia así lo disponga.
Tendrán, además, las facultades inspectivas y de instrucción sumarial
que la misma les cometa.
TITULO III
Estatuto de los Jueces
Capítulo I
Cualidades
Los Jueces no podrán ejercer el cargo hasta haber sido puestos en
posesión del mismo en acto público, en el que deberán jurar el fiel
cumplimiento de sus deberes.
El ingreso a la carrera judicial se hará por los cargos de menor
jerarquía, salvo en casos excepcionales, en que podrán acceder, en
cualquier grado de aquélla, ciudadanos destacados por su notoria versación
jurídica, pero siempre con arreglo a los artículos 235, 242 y 245 de la
Constitución.
Sin perjuicio de los requisitos especiales que se establecen respecto a
cada Tribunal, para ingresar a la Judicatura se requiere:
1) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.
2) Ser abogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 247 de la
Constitución.
3) No tener impedimento físico o moral.
En el impedimento físico entran las dolencias crónicas o permanentes que
turban la actividad completa de la personalidad física o mental.
Es impedimento moral el que resulta de la conducta socialmente
degradante o de las condenaciones de carácter penal.
Tampoco pueden ser nombrados jueces los que estén procesados
criminalmente por delito que dé lugar a acción pública.
4) Tener un nivel de escolaridad en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales adecuado a las exigencias del servicio a juicio de la Suprema
Corte de Justicia. En la solicitud de ingreso podrán señalarse otros
méritos.
La Suprema Corte de Justicia propiciará la realización de cursos de
post-grado especialmente dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso
en la Judicatura. En tal caso, el abogado que hubiere hecho y aprobado el
curso, tendrá prioridad en el ingreso.
Para ser Ministro del Tribunal de Apelaciones se requiere:
1) Treinta y cinco años cumplidos de edad.
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio.
3) Ser abogado con ocho años de antigüedad o haber ejercido con esa
calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio
de seis años.
Para ser Juez Letrado se requiere:
1) Veintiocho años cumplidos de edad.
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cuatro años de
ejercicio.
3) Ser abogado con cuatro años de antigüedad o haber pertenecido con esa
calidad por espacio de dos años al Ministerio Público y Fiscal o a la
Justicia de Paz.
Para ser Juez de Paz Departamental de la Capital se requiere:
1) Veinticinco años cumplidos de edad.
2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.
3) Ser abogado.
Para ser Juez de Paz Departamental del Interior y Juez de Paz de las
demás categorías, se requiere:
1) Los requisitos referidos en los literales 1º y 2º del artículo
anterior para todas las categorías.
2) Ser abogado o escribano público para ser Juez de Paz Departamental
del Interior y Juez de Paz de las ciudades del Interior o cualquier
otra población cuyo movimiento judicial así lo exija, a juicio de la
Suprema Corte de Justicia.
Capítulo II
Derechos, Deberes, Prohibiciones e Incompatilidades
SECCION I
Derechos
Los miembros de la Judicatura serán absolutamente independientes en el
ejercicio de la función jurisdiccional e inamovibles por todo el tiempo
que dure su buen comportamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 250 de la Constitución.
Los nombramientos de los Jueces Letrados tendrán carácter definitivo
desde el momento en que se produzcan, cuando recaigan sobre ciudadanos que
ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio
Público y Fiscal o la Justicia de Paz, en destinos que deban ser
desempeñados por abogados.
Si los mismos funcionarios tuviesen menor antigüedad en sus respectivos
cargos serán considerados con carácter de Jueces Letrados interinos, por
un período de dos años, a contar desde la fecha de nombramiento, y por el
mismo tiempo tendrán ese carácter los ciudadanos que recién ingresen a la
Magistratura.
Durante el período de interinato, la Suprema Corte de Justicia podrá
remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría
absoluta del total de sus miembros. Vencido el término del interinato el
nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho.
Los jueces de Paz durarán cuatro años en el cargo y podrán ser removidos
en cualquier tiempo si así conviene a los fines del mejor servicio.
La dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a la que
en cada caso se establezca para los Ministros Secretarios de Estado.
Las remuneraciones de los jueces de los demás grados tendrán como base
el cien por ciento de la dotación que perciban los miembros de la Suprema
Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
quedando fijadas de acuerdo a la siguiente escala:
Ministros de los Tribunales de Apelaciones 90%
Jueces Letrados con asiento en la capital y
Jueces Letrados Suplentes 80%
Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior 70%
Jueces de Paz Departamentales de la Capital 60%
Jueces de Paz Departamentales del Interior 55%
Jueces de Paz de Ciudad 50%
Jueces de Paz de Primera Categoría 40%
Jueces de Paz de Segunda Categoría 35%
Jueces de Paz Rurales 25%
Los Jueces tendrán derecho a licencia, que gozarán durante los dos
períodos de receso de los Tribunales, que serán dos: uno del primero al treinta y uno de enero, y el otro del primero al veinte de julio de cada año, sin perjuicio de las licencias especiales autorizadas por otras normas y las que la Suprema Corte de Justicia, a petición estimare oportuno concederles por motivos fundados, siempre que con ello no se afectare el funcionamiento del servicio.
La Suprema Corte de Justicia designará los Magistrados y funcionarios
que actuarán durante los períodos de receso.
Los Jueces actuarán en los días feriados previa habilitación en asunto
en que exista urgencia. Esa habilitación podrá hacerse antes del feriado o
dentro de él.
Sólo se estimarán urgentes para este efecto, las actuaciones cuya
dilación puede causar evidente perjuicio grave a los interesados o a la
buena Administración de Justicia.
SECCION II
Deberes, prohibiciones e incompatibilidades
Todos los jueces deberán domiciliarse en el lugar donde tenga asiento la
sede en que presten servicios.
La infracción a este precepto podrá ser causa bastante para la
destitución.
En los departamentos del interior de la República, el Estado proveerá lo
necesario para lograr la radicación de los Jueces en sus respectivas
sedes.
Los Jueces deberán asistir a sus despachos con la regularidad que
requiera el mejor desempeño del servicio.
Los Magistrados en actividad tendrán derecho a ocupar las viviendas que
provea el Estado con el fin de lograr su radicación en las sedes
respectivas, con sujeción a las siguientes condiciones:
1º) La ocupación de la vivienda no podrá comenzar antes que el Magistrado
tome posesión de su cargo; y finiquitará de pleno derecho, sin que al
respecto se requiera declaración alguna, si el Magistrado cesa en sus
funciones o es trasladado a otra sede.
2º) El derecho de ocupación del local destinado a la radicación de los
Magistrados no configura una retribución en especie integrante del
sueldo.
3º) Será de cargo del ocupante el pago de los consumos de luz, teléfono,
agua, gas y otros análogos, y de los denominados gastos comunes, en su
caso, así como los tributos que correspondan al ocupante. Facúltase a
la Suprema Corte de Justicia a retener de los haberes de los
Magistrados ocupantes importes necesarios para el pago regular de
dichos gastos y tributos.
4º) Cuando se produzca el cese o el traslado de un Magistrado, la
vivienda, en su carácter de bien estatal afectado a un servicio
público, deberá ser desocupada en el plazo perentorio que al respecto
señale la Suprema Corte de Justicia, a fin de dejarla nuevamente en
condiciones de servicio.
Vencido el plazo sin que el ocupante dé cumplimiento a su
obligación, la Suprema Corte de Justicia queda facultada para
disponer y ejecutar todas las medidas adecuadas para obtener la libre
disposición del local (Decreto-ley 15.410, de 3 de junio de 1983).
Los Jueces celarán en sus secretarios, actuarios y demás funcionarios de
su dependencia, la puntual observancia de sus obligaciones, debiendo
advertir y corregir cualquier defecto o falta que encuentren en los
expedientes de que conozcan, haciéndolos constar en la providencia
respectiva, sin perjuicio de la comunicación a la Suprema Corte de
Justicia, cuando corresponda.
A los Magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los
despachos y oficinas internas de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales
y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución,
dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales o intervenir, fuera de su
obligación funcional de cualquier modo en ellos, aunque sean de
jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en
cuanto se manifieste. Cesa la prohibición únicamente cuando se trate de
asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos o
ascendientes.
Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función
pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza
Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública
honoraria permanente, excepto aquéllas especialmente conexas con la
judicial.
Para desempeñar cualquiera de estas funciones se requerirá previamente
la autorización de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría
absoluta de votos del total de sus componentes.
No pueden ser simultáneamente jueces de un mismo Tribunal, ni aún para
el caso de integración, los cónyuges, los parientes consanguíneos o afines
en línea recta, y los colaterales hasta el cuarto grado inclusive de
consanguinidad o segundo de afinidad.
Los Jueces se abstendrán:
1º) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por
ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley
procesal lo admite.
2º) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras
personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en
forma distinta de la establecida en las leyes.
Capítulo III
Del ascenso de los Jueces
Los ascensos se efectuarán, en principio, al grado inmediato superior,
teniendo en cuenta los méritos, la capacitación y la antigüedad en la
categoría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99.
Los méritos serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia examinando
la actuación y el comportamiento del Juez en el desempeño de sus
funciones, teniendo en cuenta a esos efectos, especialmente, las
anotaciones favorables o desfavorables que surjan del respectivo legajo
personal.
La capacitación será apreciada mediante los criterios generales que
establecerá y reglamentará la Suprema Corte de Justicia.
La carrera judicial comprende los siguientes grados correspondientes a
cada una de las siguientes calidades:
1º) Juez de Paz.
2º) Miembro del Tribunal de Faltas.
3º) Juez de Paz Departamental del Interior.
4º) Juez de Paz Departamental de la Capital.
5º) Juez Letrado de Primera Instancia del Interior.
6º) Juez Letrado de la Capital, Juez Letrado de Primera Instancia de lo
Contencioso-Administrativo y Juez Letrado suplente.
7º) Ministro del Tribunal de Apelaciones.
Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones
todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el
artículo 250 de la Constitución. No obstante, por razones de buen
servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier
tiempo de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se
resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los
siguientes requisitos:
1) Al voto conforme de tres de los miembros de la Suprema Corte en favor
del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de
remuneración, con respecto al anterior.
2) Al voto conforme de cuatro de sus miembros en favor del traslado, si
el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, con
respecto al anterior.
En caso de traslado o ascenso el Estado sufragará los gastos que se
ocasionaren salvo que el traslado tuviere carácter sancionatorio.
Capítulo IV
De la suspensión y cesación del Juez en sus funciones
El Juez cesa en sus funciones:
1º) Por inhabilitarse física o moralmente.
2º) Por destitución dispuesta por la Suprema Corte de Justicia, dictada
en procedimiento disciplinario.
3º) Por haber sido condenado por delito que por su naturaleza sea
incompatible con la dignidad y decoro de su función, extremos que
serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia.
4º) Por entrar a ejercer un cargo declarado incompatible con el
ejercicio de la magistratura.
5º) Por jubilación aceptada.
6º) Por renuncia aceptada.
Las funciones de Juez se suspenden:
1º) Por hallarse procesado por delito.
2º) Por sentencia judicial que le imponga la pena de suspensión.
3º) Por resolución de la Suprema Corte de Justicia dictada como
medida preventiva o sancionatoria en un procedimiento disciplinario.
4º) Por licencia.
Capítulo V
De la subrogación de los Jueces
Si se trata de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia se procederá
de acuerdo al artículo 57, y si se trata de un Ministro de alguno de los
Tribunales de Apelaciones, de acuerdo con los artículos 62 y 63.
Si se trata de un Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital será
subrogado, en primer término, por el de idéntica categoría y de la misma
materia que le hubiere precedido en el turno, y si todos ellos se hallaren
impedidos, se procederá del siguiente modo:
1º) Si se trata de la materia civil, será subrogado por el Juez de la
materia de familia que se halle de turno cuando quede ejecutoriado
o consentido el auto que declara el impedimento.
2º) Si se trata de la materia de familia o de menores, será subrogado
por el Juez de la materia civil que se halle de turno cuando quede
ejecutoriado o con sentido el auto que declara el impedimento.
3º) Si se trata de la materia laboral o de aduana, será subrogado
por el Juez de la materia civil que se halle de turno cuando quede
ejecutoriado o consentido el auto que declara el impedimento.
4º) Los Jueces de la materia penal se subrogarán conforme a lo
dispuesto por el literal c) del artículo 66 del Código del Proceso
Penal.
Si el impedido fuese un Juez Letrado de Primera Instancia del Interior,
si hay más de uno, lo subrogará el que le preceda en el turno y si todos
estuviesen impedidos, por el Juez de Paz Departamental que accede al
impedido, si fuese abogado; si no lo fuese o en caso de impedimento de
este último, lo subrogará el Juez Letrado de Primera Instancia más
inmediato que estuviese de turno al quedar ejecutoriado o consentido el
auto que declara el impedimento.
Los demás Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, serán
subrogados en los mismos casos, por los Jueces de Paz Departamentales
respectivos, si fuesen abogados; si no lo fuesen o en caso de impedimento,
los subrogará el Juez Letrado de Primera Instancia más inmediato como se
indica en el inciso anterior.
Los Jueces de Paz Departamentales de la capital serán subrogados por el
que les preceda en el turno y así sucesivamente.
Los Jueces de Paz Departamentales del interior serán subrogados por el más inmediato de su categoría.
En los asuntos en que los Jueces entiendan por subrogación originada en
recusación, impedimento o excusación, intervendrá el actuario del Juzgado
subrogante y las causas se archivarán en el Juzgado de origen.
Capítulo VI
De la responsabilidad de los jueces
Los jueces son responsables ante la ley de toda agresión contra los
derechos de las personas así como por separarse del orden de proceder que
en ella se establezca.
Su responsabilidad en materia penal, civil y disciplinaria se regula
conforme a los artículos siguientes.
Tratándose de responsabilidad civil de los jueces por actos propios de su
función, se aplicará el régimen establecido por la Constitución de la
República.
Los jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los casos
siguientes:
1º) Por acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando
de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público o descrédito
para la Administración de justicia.
2º) Por ausencia injustificada, abandono de sus cargos o por retardo en
reasumir o reintegrarse a sus funciones.
3º) Cuando por la irregularidad de su conducta moral comprometieren el
decoro de su ministerio.
4º) Cuando contrajeren obligaciones pecuniarias con sus subalternos.
5º) Cuando incurrieren en abuso de autoridad en el ejercicio de sus
funciones, cualquiera sea el objeto con que lo hagan.
Ningún proceso disciplinario podrá ser incoado después de
transcurridos un año de haber ocurrido el hecho que lo motivare, excepto
cuando la sanción deba aplicarse como consecuencia de omisiones que se adviertan en la consulta de causas o estando ellas en casación.
La imposición de las correcciones disciplinarias será atribución de la
Suprema Corte de Justicia, que procederá de acuerdo al procedimiento que
reglamentará, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la
República.
Las sanciones consistirán en:
1º) Amonestación.
2º) Apercibimiento y censura en forma oral ante la Suprema Corte de
Justicia, labrándose acta de la respectiva diligencia.
3º) Suspensión en el ejercicio del cargo.
4º) Traslado a un cargo no conceptuado como de ascenso.
5º) Pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años.
6º) Descenso a la categoría inmediata inferior.
7º) Destitución en caso de ineptitud, omisión o delito.
Contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia en la vía
administrativa, sólo habrá lugar a recurso de revocación para ante la
misma, sin perjuicio de las acciones contencioso-administrativas
correspondientes.
Siempre que un juez o tribunal conociendo en un asunto, encontrare en
la actuación y procedimiento del inferior, mérito suficiente en su
concepto para la imposición de correcciones disciplinarias, deberá dar
cuenta a la Suprema Corte de Justicia elevando el expediente original o
remitiendo los testimonios que fueren necesarios, si lo primero infiere
perjuicio a las partes interesadas.
TITULO IV
De los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo, de los Tribunales de Apelaciones, de los
Actuarios de los Juzgados de todas las categorías, de los Secretarios de
los Jueces y de los Alguaciles
Capítulo I
De los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo, de los Tribunales de Apelaciones y de los
Actuarios de los Juzgados de todas las categorías.
Los secretarios y actuarios son funcionarios encargados del control,
autenticación, comunicación y conservación de los expedientes y documentos
existentes en el tribunal. Practicarán, además, las diligencias que se les
encomienden por la ley o por los jueces.
Para ser secretario de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de
lo Contencioso-Administrativo se requieren las calidades establecidas en
el artículo 81.
Los Secretarios Letrados de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal
de lo Contencioso-Administrativo, están equiparados, a todos los efectos
de la carrera judicial, como en su dotación, a los Jueces Letrados de la
Capital.
Para ser secretario de los Tribunales de Apelaciones se requiere tener
veinticinco años de edad y ser abogado o escribano.
Los mismos serán designados por la Suprema Corte de Justicia, en principio, de entre los actuarios de los Juzgados Letrados que tuvieren la calidad de abogados, y los secretarios de los jueces, siempre que unos y otros reúnan los requisitos habilitantes.
Para ser actuario o actuario adjunto se requiere ser abogado o
escribano, y tener veinticinco años de edad.
Serán designados por la Suprema Corte de Justicia en consideración al
mérito y la antigüedad.
Si estos nombramientos recayeren en profesionales que no desempeñaren
cargos técnicos en la Administración de Justicia, deberán rendir una
prueba de suficiencia que reglamentará la Suprema Corte de Justicia.
Habrá en cada actuaria el número de actuarios adjuntos que fije la ley
de presupuesto, los que serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia,
previa prueba de suficiencia.
Los actuarios tendrán la dirección administrativa de la oficina, bajo la
superintendencia del titular del Juzgado.
Los adjuntos desempeñarán las funciones que les asigne el actuario.
Los secretarios y actuarios deberán:
1º) Dar cuenta de las peticiones que presenten las partes y de los
oficios y demás despachos que se dirijan a los juzgados o tribunales
en que presten sus servicios.
2º) Hacer saber a los interesados las providencias o resoluciones que
se dictaren, efectuando las respectivas diligencias. La notificación
se hará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes.
3º) Dar conocimiento, a cualquier persona que lo solicitare, de los
expedientes en trámite o ya archivados en sus oficinas, salvo que
existieren pendientes de ejecución medidas de carácter reservado y
hasta tanto ellas se cumplan.
Si la solicitud fuera denegada, se podrá reclamar verbalmente al
tribunal.
4º) Residir en el lugar de sede del tribunal o juzgado, asistir
diariamente a su oficina y mantenerla abierta para el público
durante el horario establecido reglamentariamente.
5º) Guardar absoluta reserva sobre los actos que así lo requieran.
6º) Cumplir con los demás deberes que les impongan las leyes y
reglamentos.
Capítulo II
De los Secretarios de los Jueces
Los secretarios de los Jueces son los funcionarios técnicos designados
por la Suprema Corte de Justicia encargados de colaborar con el juez en el
desempeño de las atribuciones jurisdiccionales.
Para ser secretario se requiere ser abogado, poseer los requisitos
exigidos para ser funcionario público y haber rendido satisfactoriamente
una prueba de suficiencia que reglamentará la Suprema Corte de Justicia.
Capítulo III
Disposiciones comunes a los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia,
de los Tribunales de Apelaciones, de los Actuarios de los Juzgados de
todas las categorías y de los Secretarios de los jueces.
La remoción de los secretarios, actuarios y adjuntos se hará por la
Suprema Corte de Justicia y estarán sometidos al mismo régimen
disciplinario de los jueces.
Los secretarios, actuarios, adjuntos y demás funcionarios tendrán las
retribuciones que fije la ley presupuestal, y gozarán del derecho de
licencia que establecen las leyes y las normas reglamentarias dictadas por
la Suprema Corte de Justicia. La licencia anual será acordada
preferentemente en las ferias judiciales.
Además de las incompatibilidades a que se refiere el artículo 91,
también serán aplicables a los secretarios, actuarios y adjuntos, las
establecidas en el artículo 92, salvo el ejercicio efectivo de la
docencia.
Los secretarios, actuarios y adjuntos que fueren escribanos y no
hubieren optado por el régimen de dedicación total instituido por el
artículo 158 de la ley 12.803, de 30 de noviembre de 1960 y modificativas,
podrán ejercer la profesión de escribano.
Capítulo IV
De los Alguaciles
Para ser alguacil se requiere ser mayor de edad, haber acreditado
idoneidad suficiente mediante la aprobación de las pruebas y los cursos
organizados por la Suprema Corte de Justicia.
Los alguaciles deberán:
1º) Practicar todas las diligencias que los jueces les encomienden, en
especial aquéllas en que por su naturaleza pueda ser necesario el
empleo de la fuerza pública.
2º) Ejecutar a pedido de los interesados y sin necesidad de orden
judicial, las intimaciones de pago, protestas de daños y perjuicios o
los actos equivalentes para dejar constancia de la mora del deudor.
Las diligencias que les fueren ordenadas, deberán ser cumplidas bajo
la más severa responsabilidad disciplinaria y en riguroso orden
cronológico, del que sólo podrán apartarse mediante orden o
autorización expresa del juez, la que se extenderá en el libro
respectivo.
El alguacil encargado de practicar cualquier diligencia que se le
cometa deberá efectuarla no obstante cualesquiera alegaciones de las
partes, y si para ello fuese necesario el auxilio de la fuerza pública,
deberá solicitarlo inmediatamente de la autoridad policial, sin necesidad
de nuevo mandato del juez.
Los alguaciles llevarán un registro donde asentarán por orden de sus
fechas, todos los actos que practiquen, conforme a lo que disponga la
reglamentación respectiva.
Para ejercer la abogacía se requiere:
1º) Título habilitante expedido por la Universidad de la República.
2º) Veintiún años de edad.
3º) Estar inscripto en la matrícula y haber prestado juramento ante
la Suprema Corte de Justicia.
El abogado que pretenda la posesión de estrados y se encuentre procesado
con motivo de delito doloso o ultraintencional deberá comparecer
previamente ante la Suprema Corte de Justicia para que resuelva si su
procesamiento obsta al ejercicio de la profesión.
Decretado el procesamiento de un abogado por delito doloso o
ultraintencional, el juez de la causa dará sucinta cuenta de lo actuado a
la Suprema Corte de Justicia. Esta, previa audiencia del inculpado,
apreciará la incompatibilidad con el ejercicio de la profesión y podrá
decretar la suspensión del procesado en dicho ejercicio si el acto
ilícito, por su naturaleza, es incompatible con la dignidad y el decoro de
la misma. La Suprema Corte de Justicia podrá levantar la suspensión en
cualquier momento.
Los abogados quedarán suspendidos en el ejercicio de su profesión, desde
que, en razón de delitos cometidos en dicho ejercicio, hayan sido
condenados a pena de suspensión o de privación de libertad, mientras dure
una u otra.
Los jueces de lo penal, en los juicios a que se refieren los artículos
anteriores, comunicarán de inmediato a la Suprema Corte de Justicia las
decisiones ejecutoriadas que importan suspensión o levantamiento en el
ejercicio de la profesión.
La Suprema Corte de Justicia lo hará saber a todos los Tribunales de la
República, publicándose por una sola vez, en dos diarios, siendo uno de
ellos el "Diario Oficial".
Sin perjuicio del ejercicio de la representación con las facultades que
sus clientes les hayan conferido de acuerdo con el régimen legal
respectivo, los abogados cuyo patrocinio conste de manera fehaciente
podrán asistir a todas las diligencias de los asuntos que les hayan sido
confiados, aun cuando no se encuentren presentes sus patrocinados; en
tales casos, podrán formular las observaciones que consideren pertinentes,
ejercer la facultad de repreguntar y todas aquellas adecuadas para el
mejor desempeño del derecho de defensa.
Los abogados podrán concertar con la parte, los honorarios y la forma
de pagarlos. Dicho acuerdo deberá ser probado por escrito.
Los honorarios generados en actividad judicial que no hayan sido
concertados, serán regulados, a petición de cualquiera de los interesados
en su cobro o en su pago, por el juez de la causa (artículo 31) el que, a
tales efectos, tendrá en cuenta la importancia económica del asunto de
acuerdo a los valores de la fecha de la demanda de regulación, su
complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios
profesionales y, en cuanto corresponda, el arancel de la asociación
profesional vigente en el momento de presentarse la demanda de regulación.
Si la petición se formula por el abogado, se sustanciará con citación
del patrocinado y, también de la parte contraria si ésta hubiere sido
condenada en costos. El plazo de la citación será de diez días
particulares y perentorios.
La citación se hará en el domicilio real del citado, excepto tratándose
del condenado en costos, el que puede ser citado en el domicilio que
constituyere a los efectos del proceso en que se generaron los honorarios.
Si no se dedujere oposición, los autos se pondrán al despacho para
sentencia.
Si se dedujere, se dará traslado de la misma y se sustanciará en la
forma correspondiente a los incidentes.
Todos los plazos tendrán carácter perentorio.
Los honorarios debidos se reajustarán durante el lapso que corra entre
la presentación de la demanda de regulación y el momento del pago, y
devengarán el interés legal.
En todos los casos se descontarán, reajustadas desde el día de su pago,
las sumas entregadas a cuenta de los honorarios.
El procedimiento para los reajustes y cálculos de los intereses será el
establecido por el decreto-ley 14.500, de 8 de marzo de 1976.
Contra la sentencia de regulación de honorarios sólo cabrá el recurso
de apelación que deberá interponerse en el plazo de cinco días.
La sentencia que fije los honorarios constituirá título que apareja
ejecución, la que se seguirá por el trámite previsto para la ejecución de
las sentencias que condenan al pago de cantidad líquida; en caso de
ejecución no será necesaria la intimación prevista por el inciso final
del artículo 53 de la ley 13.355, de 17 de agosto de 1965.
Mediando condenación en costos, el abogado cuyo honorario no hubiere
sido satisfecho por su patrocinado tendrá derecho a reclamarlo de éste o
del condenado.
Los condenados en costos son solidariamente responsables de su pago.
Los abogados podrán exigir de sus clientes, antes de iniciar el proceso
una relación escrita del hecho, firmada por la parte, a ruego de ésta o
por su apoderado.
Los abogados nombrados defensores de pobres en las causas civiles y que
no desempeñaren este cargo oficialmente, podrán reclamar el pago de sus
honorarios, previa regulación, en caso de haber obtenido su defendido
resultado favorable en un pleito de contenido económico, o si hubiere
llegado a mejor fortuna.
Sin embargo, en el caso de que el declarado pobre saliera vencedor en el
pleito, no podrá el abogado cobrar por los honorarios una cantidad mayor
que la cuarta parte de lo que obtuviere su defendido.
Los abogados podrán ser corregidos disciplinariamente, en los siguientes
casos:
1º) Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren de palabra, por
escrito o de obra, el respeto debido a los magistrados.
2º) Cuando en la defensa de sus clientes se expresaren en términos
descompuestos u ofensivos contra sus colegas o contra los
litigantes contrarios.
3º) Cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedecieren
al magistrado.
4º) Cuando alegaren hechos cuya falsedad se hallase probada en los
autos o dedujeren recursos expresamente prohibidos por la ley.
Se pueden imponer las siguientes correcciones:
1º) Prevención.
2º) Apercibimiento.
3º) Multa que no excederá de N$ 30.000 (nuevos pesos treinta mil), y
para cuyo cobro se irá directamente a la vía de apremio, vertiéndose
la suma en Rentas Generales.
4º) Suspensión temporaria que no podrá exceder de un año en el
ejercicio de la profesión.
La corrección en los tres primeros casos del artículo anterior será
pronunciada de plano por el tribunal que esté entendiendo en la causa,
fuere o no aquel que conocía en el momento de cometerse la infracción.
La suspensión temporaria será impuesta por la Suprema Corte de Justicia
en virtud de denuncia del tribunal respectivo y previa audiencia del
inculpado.
En todos los casos, así como en el supuesto de suspensión de los
artículos 138 y 140, las decisiones de los tribunales serán pasibles de
los recursos administrativos previstos en los artículos 317, siguientes y
concordantes de la Constitución.
Capítulo II
De los Procuradores
Para ejercer la procuración se requiere:
1º) Título habilitante expedido por la Universidad de la República.
2º) Veintiún años de edad.
3º) Hallarse inscripto en la matrícula que al efecto se llevará en la
Suprema Corte de Justicia y prestar juramento ante ella.
4º) Acreditar honradez y costumbres morales en la misma forma que para
los aspirantes a escribanos establece la ley respectiva.
Los procuradores recibidos bajo el régimen anterior artículo 6º de la
ley 9.164, de 19 de diciembre de 1933 e inscriptos en la matrícula, podrán
continuar ejerciendo su profesión en las mismas condiciones que al
presente.
Los abogados y escribanos, por el mero hecho de serlo, están habilitados
para ejercer la procuración, bastando su solicitud de inscripción en la
matrícula.
Será obligación de los procuradores:
1º) Presentar oportunamente el poder que tengan para comparecer ante los
tribunales o proceder, si no lo aceptasen, en la forma dispuesta
por el artículo 2.059 del Código Civil.
2º) Seguir el juicio mientras no hayan cesado en su encargo por alguna
de las causas que se expresan en la ley.
3º) Asistir diariamente a las oficinas actuarias a instruir se de lo
que les concierne en el despacho de los negocios.
4º) Tomar copia de todas las providencias que se dictaren en los
asuntos que tuvieren a su cargo y comunicarlas inmediatamente al
respectivo abogado, al cual darán también los avisos convenientes
sobre el estado de los mismos asuntos.
5º) Recibir y firmar notificaciones de cualquier clase sin serles
permitido después de haber asumido personería pedir que ellas se
entiendan directamente con el mandante.
6º) Abonar como responsable solidario los gastos comunes y particulares
que causados durante su intervención sean de cargo del poderdante.
La condena a los gastos del proceso, se hará efectiva contra el
poderdante o representado, sin perjuicio de que la parte a quien
interese pueda reclamarlas del apoderado si éste hubiese tomado sobre
sí expresamente esa responsabilidad.
7º) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes y reglamentos
y especialmente las que para los mandatarios establece el Código
Civil en todo lo que no se oponga a lo preceptuado en esta ley y en
el Código de Procedimiento Civil.
Cesará el procurador en su representación:
1º) Por la revocación del poder tan luego como se apersone en autos la
parte misma o el nuevo procurador.
2º) Por la renuncia del procurador hecha ante el juez competente.
En este caso el juez dispondrá un emplazamiento por el término
legal para la comparecencia del poderdante, debiendo entretanto el
procurador continuar sus gestiones.
Si al vencimiento del término señalado no compareciere el
poderdante por sí o por medio de otro apoderado, el juicio continuará
en su rebeldía, salvo el caso de que el emplazamiento se haya hecho
por edictos, en el cual corresponderá el nombramiento de defensor de
oficio.
3º) Por la muerte o inhabilitación del procurador. Cuando esto sucediere,
el juicio quedará por el mismo hecho suspenso y se pondrá esta
circunstancia en conocimiento del poderdante por medio de un
emplazamiento librado en las mismas condiciones que expresa el inciso
anterior. No compareciendo el poderdante, se estará a lo dispuesto en
el inciso anterior.
Si después de presentada la demanda falleciere o se hiciere incapaz el
poderdante, el procurador continuará ejerciendo la personería, mientras
que el poder no sea revocado por la persona o personas que para ello
tengan derecho.
Igual cosa sucederá en el caso a que se refiere el artículo 2.086 del
Código Civil, siempre que, como en el anterior, hubiese sido presentada
la demanda.
Son aplicables a los procuradores y en lo pertinente a las partes cuando
litiguen por sí, las disposiciones contenidas en los artículos 148 y
siguientes.
TITULO VI
Disposiciones Especiales y Transitorias
Suprímese el denominado Consejo Superior de la Judicatura pasando sus
atribuciones a ser desempeñadas por la Suprema Corte de Justicia y el
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en su caso, de conformidad a lo
dispuesto en las Secciones XV y XVII de la Constitución de la República.
Las referencias a Juzgados Letrados en el decreto-ley 14.384, de 16 de
junio de 1975, deben entenderse hechas a los Juzgados Letrados de Primera
Instancia en lo Civil y de Primera Instancia del Interior.
Todas las informaciones que se tramitaban ante los anteriores Juzgados
de Paz de Montevideo, a los efectos de acreditar situaciones o requisitos
necesarios para el disfrute de beneficios sociales, se tramitarán ante los
organismos de Previsión Social respectivos.
Transfórmanse los actuales Juzgados Letrados Departamentales de
Montevideo y del Interior, en Juzgados de Paz Departamentales de
Montevideo y del Interior, respectivamente, sin que ello implique
modificación de la actual situación presupuestal de sus titulares.
Transfórmanse los Juzgados de Paz de las Secciones Judiciales 7a. de
Artigas, 4a. y 7a. de Canelones, 3a. y 6a. de Colonia, 4a. de Río Negro,
3a. de Soriano y 10a. de Tacuarembó, en Juzgados de Paz Departamentales
del Interior.
Los asuntos pendientes ante los Juzgados Letrados Departamentales del
Interior, que por la presente ley corresponderán a los Juzgados de Paz
Departamentales del Interior que se crean en las ciudades no capitales,
continuarán su trámite hasta su conclusión, ante los Juzgados donde se
están sustanciando.
Las acciones de carácter patrimonial pendientes ante los Juzgados
Letrados de Familia en razón de la aplicación del fuero de atracción que
establecía el artículo 70 del decreto ley 15.464, de 19 de setiembre de
1983, eliminado por la presente ley, continuarán tramitándose ante
dichos juzgados hasta su conclusión.
La conciliación prevista en el artículo 255 de la Constitución, se
regirá por el procedimiento que establecía el Capítulo II del Título IV
del Código de Procedimiento Civil.
Derógase el decreto-ley 15.464, de 19 de setiembre de 1983, así como
todas las disposiciones que, directa o indirectamente, se opongan a la
presente ley. El Poder Judicial se regulará por lo dispuesto en la Sección
XV de la Constitución de la República.
Los Juzgados Letrados de Primera Instancia de lo Contencioso
Administrativo integran el Poder Judicial y tienen la competencia que les
asigna el artículo 14 del decreto-ley 15.524, de 9 de enero de 1984, en
la redacción dada por el decreto-ley 15.532, de 29 de marzo de 1984.
Sus sentencias serán apelables para ante los Tribunales de Apelaciones
en lo Civil.
Los asuntos de competencia de dichos jueces que actualmente están
radicados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en apelación
continuarán en dicha sede hasta que se dicte sentencia de segunda
instancia.
Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18
de junio de 1985.- Antonio Marchesano, Presidente.- Héctor S. Clavijo,
Secretario.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Economía y Finanzas.
Ministerio de Defensa Nacional.
Ministerio de Educación y Cultura.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Ministerio de Industria y Energía.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Agricultura y Pesca.
Ministerio de Justicia.
Montevideo, 24 de junio de 1985.
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el
Registro Nacional de Leyes y Decretos.-
SANGUINETTI.- CARLOS MANINI RIOS.- ENRIQUE IGLESIAS.- LUIS MOSCA.- JOSE
MA. ROBAINA ANSO.- ADELA RETA.- JORGE SANGUINETTI.- CARLOS JOSE PIRAN.-
HUGO FERNANDEZ FAINGOLD.- RAUL UGARTE ARTOLA.- ROBERTO VAZQUEZ PLATERO.